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El debate de la política global de drogas es el tema central de esta semana en Viena, Austria. Entre el lunes 10 y viernes 14 de marzo, Colombia, junto con otros 52 países, se encuentran reunidos en la edición número 68 de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND, por sus siglas en inglés), un evento clave donde se definirá el rumbo de esta política.
La discusión gira en torno a dos modelos: avanzar hacia un enfoque basado en derechos humanos y salud pública o mantener el esquema prohibicionista. En este escenario, el país busca reafirmar su liderazgo y seguir impulsando una reforma del sistema con solicitudes como la revisión crítica de la hoja de coca, incluida en la lista de drogas más peligrosas de la ONU.
Sin embargo, los objetivos de Colombia parecen luchar en contra corriente frente a la posición de la mayoría de países. De acuerdo con la politóloga Isabel Pereira, de la organización Dejusticia, el año pasado la posición de Estados Unidos frente al tema de política de drogas se había flexibilizado ligeramente “por la crisis de muertes por sobredosis, causadas principalmente por productos derivados del opio como el fentanilo y de sintéticos”.
La situación llevó a que el país norteamericano apoyara medidas de salud pública como la “reducción de daños”. En 2024, en la edición 67 de la CND, Colombia logró que este estrategia para minimizar los riesgos del consumo fuera incluido por primera vez en una resolución de la ONU sobre drogas. Un hito en la historia de este organismo, y un avance en la política global.
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Pero el escenario en 2025 es más incierto que en años anteriores. Por ejemplo, en Estados Unidos el “panorama ha cambiado totalmente este año y, bajo el nuevo gobierno de Trump, ya no es un país que apoya estas medidas”, declaró la politóloga, quien hace parte de la organización jurídica que acompaña la delegación de Colombia en la CND.
Pereira también señaló como una preocupación la reducción del bloque de países que el año pasado apoyaban una reforma del sistema de control de drogas, lo que representa un desafío para las naciones que buscan un enfoque más humanitario. La politóloga relaciona este cambio con el ascenso de la derecha en algunos países europeos.
“Históricamente, algunos de los países que han apoyado las medidas de reducción de daños de derechos humanos en estos espacios de Viena han sido países como Alemania, Países Bajos, algunos nórdicos. Pero con el giro a la derecha en Europa, hay muchos países que ya no están apoyando este tipo de medidas. Bajo ese panorama de derechización de muchos países, se está dando este retroceso” explicó Isabel Pereira.
Ante esta coyuntura, las decisiones tomadas en la CND 68 tienen un impacto directo en la seguridad, la salud y los derechos de millones de personas en todo el mundo. Desde el acceso a medicamentos esenciales hasta el papel de la regulación para afectar economías ilícitas como el narcotráfico. Problemática que conoce a fondo nuestro país.
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De acuerdo con Isabel Pereira, Colombia, como principal productor de cocaína en el mundo, ha intentado en múltiples ocasiones reducir la oferta de drogas sin éxito. En lugar de disminuir, la producción ha aumentado, lo que ha fortalecido a grupos armados que afectan la seguridad, y alimentan la corrupción.
“Desde una perspectiva crítica, la base del sistema prohibicionista resulta inalcanzable. La humanidad ha mantenido una relación con sustancias psicoactivas desde tiempos inmemoriales, usándolas para alterar la conciencia. La distinción artificial entre drogas legales e ilegales no tiene fundamento, especialmente cuando algunas sustancias permitidas, como el alcohol y el tabaco, pueden ser más peligrosas que las que están prohibidas”, argumentó la politóloga.
En este escenario, Colombia tiene un papel clave para cuestionar estas inconsistencias. Es el país que ha seguido con mayor rigor las reglas del sistema prohibicionista, aplicando estrategias como la incautación, la erradicación con glifosato, la criminalización y el encarcelamiento. Sin embargo, la lucha contra las drogas sigue generando mercados cada vez más diversos, potentes y peligrosos.
Colombia identificó cuatro temas clave en esta edición de la CND. En primer lugar, propone revisar el sistema internacional de control de drogas, vigente desde hace más de 60 años y considerado un fracaso costoso e ineficaz. Para ello, ha solicitado la conformación de un panel de expertos independientes que evalúe posibles cambios estructurales.
Otro punto central es la prohibición del uso de glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos, debido a sus efectos negativos en la salud y el medio ambiente. El Estado insiste en que la lucha contra el narcotráfico debe realizarse con estrategias más sostenibles y respetuosas con las comunidades rurales.
En tercer lugar, Colombia y Bolivia han solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la revisión crítica de la clasificación de la hoja de coca en el sistema de prohibición internacional. Esta medida busca reconocer sus usos tradicionales, los derechos de los pueblos indígenas corrigiendo lo que consideran un error histórico basado en prejuicios raciales. Y por último, se insiste en seguir reforzando el enfoque de reducción de daños como eje central de la política global de droga.
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La politóloga recalcó que el sistema de prohibición de drogas presenta tres fallas principales: se basa en una premisa inalcanzable, desperdicia recursos en una lucha sin resultados y genera un alto costo en términos de derechos humanos.
“El papel de Colombia en la CND es dar esa discusión incómoda en el ámbito global, cuestionarnos este sistema que hace tanto daño, e invitar a imaginar a otros mundos posibles de cómo podemos regular las drogas. Claro, con reglas estrictas, y limitando el uso para que sea más seguro. Pero no es a través de la prohibición que vamos a lograr mejores resultados, ni en salud pública, ni en derechos humanos”, concluyó Laura Pereira.
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