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Luego de que el país conociera la directriz que exigía duplicar los resultados operacionales a los comandantes del Ejército, que reveló The New York Times, corrieron rumores sobre las presiones que empezaron a recibir los militares y su convocatoria para averiguar quiénes habían filtrado los documentos a la prensa. Un mes después, en su edición del 23 de junio, la revista Semana entregó detalles sobre la citación de 15 oficiales, de distintos lugares del país, en la sede de la Segunda División del Ejército en Bucaramanga. “Cuando llegamos nos dimos cuenta de que era para algo raro. Ahí fue que nos dijeron que nos iban a hacer unas entrevistas”, contó uno de los uniformados.
La cacería de los delatores fue evidente. El debate escaló hasta el Congreso de la República donde, justamente, se venía discutiendo el proyecto de ley anticorrupción que había radicado la Fiscalía, que, entre otras cosas, buscaba eliminar el beneficio de casa por cárcel a condenados por delitos en contra de la administración pública. La iniciativa llevaba consigo una “perla” que coincidió con la coyuntura: la modificación del artículo 418 del Código Penal, imponiendo pena de prisión de cuatro a ocho años, multa de 20 a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por diez años, para “el servidor público que indebidamente divulgue o entregue información o documentos que deba mantener en secreto o reserva”. El proyecto, en su integridad, se hundió, no sin prender las alarmas de los periodistas por los posibles obstáculos a la libertad de expresión e información que representaba.
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Pero hay cuchillos que tienen doble filo y esa delgada línea entre la denuncia y la delación pretende ser utilizada por el Gobierno Nacional a su favor. El pasado 20 de julio, el Ejecutivo radicó en el Capitolio un paquete de proyectos anticorrupción y una de las iniciativas en concreto, llamada “Ley Pedro Pascasio Martínez” —en honor al soldado de la campaña libertadora que entregó al comandante español José María Barreiro a Simón Bolívar, luego de la derrota en la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819—, busca conformar una especie de “ejército de delatores” a través de incentivos “para combatir y prevenir la corrupción”.
El articulado hace una suerte de reglamentación de quejas o denuncias y medidas de protección y beneficios para los ciudadanos, incluidos servidores públicos o funcionarios que laboran con contratos, que entreguen información certera sobre presuntos hechos de corrupción. En primer lugar, las denuncias deberán ser escritas, identificar e individualizar a quienes estén inmersos en la supuesta comisión de delitos, describir específicamente la acción que no haya sido objeto de “fallo o sentencia judicial debidamente ejecutoriada” y aportar elementos probatorios, lo que, eventualmente, implicaría la puesta en conocimiento de documentos. Por último, el denunciante deberá firmar un pacto de confidencialidad sobre “trámites, términos y pruebas que se deberán cumplir en aras de no afectar la investigación”, que desarrollarán entidades como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y cualquier entidad con funciones de vigilancia y control.
Todo eso a cambio de varias cosas. El Estado se compromete a reservar la identidad de los delatores, a quienes “se les asignará un código de identificación individual para proteger sus datos”. Además, señala que a los servidores públicos delatores de hechos de corrupción se les garantizará su estabilidad laboral y, en caso de ser necesario, serán reubicados en entidades similares, sin desmejorar sus condiciones, o se les promoverá a cargos “de mayor jerarquía y competencia”. También contiene que a los contratistas supernumerarios, practicantes o judicantes que cumplan con los requisitos de estas denuncias se les deberá garantizar su continuidad en las entidades. Incluso, si el delator participó de los hechos que denuncia, podrá obtener beneficios fiscales y disciplinarios.
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Pero no solo eso. La iniciativa legislativa determina que el Gobierno Nacional debe reglamentar “la forma, cuantía y reconocimiento” de una serie de recompensas de carácter laboral, de vivienda, de educación o en dinero, tanto en el país como en el extranjero, “para cada caso en particular, a los ciudadanos que cumplan integralmente lo previsto en la presente ley, cuando en virtud a su colaboración se prevenga y evite el saqueo de los recursos públicos”.
Por último, se propone la creación de un Registro de Beneficiarios Finales de las personas jurídicas domiciliadas en Colombia y de las sucursales de sociedades extranjeras; una figura que busca disminuir la “opacidad de la información de las personas naturales que finalmente se benefician de las diferentes relaciones jurídicas” y tener mayor control sobre quienes son “beneficiarios finales” de, por ejemplo, vehículos corporativos “evitando el uso indebido de las personas jurídicas, pues en algunos casos se ha identificado la utilización de esquemas societarios para lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, y evasión y/o elusión de impuestos, entre otros delitos”. Esta información, dice el articulado radicado, será consolidado y administrado por la Unidad de Análisis e Información Financiera (UIAF).
En ese sentido, las empresas tendrían que suministrar información de las personas naturales que la componen, como datos de identificación, país de residencia de quienes sean beneficiarios finales y el porcentaje de participación en la persona jurídica registrada. Además, dispone del levantamiento del velo corporativo “cuando se compruebe judicial o administrativamente la ocurrencia de actos de corrupción en el origen, celebración, ejecución o liquidación de los contratos estatales, que involucren a personas jurídicas”. En este nuevo impulso, el gobierno Duque intenta convertir a cualquier ciudadano en un colaborador para la investigación de hechos que atenten contra el patrimonio público a cambio de beneficios y confidencialidad y se asemeja mucho a la conocida red de cooperantes de la que el mandatario habló luego del atentado en contra de la Escuela de Cadetes General Santander, ocurrido en enero de este año, sobre la que Duque anunció una «profundización» del sistema de recompensas como estímulo para capturar a los responsables de la acción criminal.
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