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De acuerdo con las autoridades indígenas del pueblo kankuamo, los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de diciembre. “Advertimos que estamos ante el tercer ataque violento que se realiza en contra de este espacio sagrado (…) De igual manera, este atentado causó afectaciones colaterales a la residencia del gobernador y su familia, los cuales viven a 20 metros del lugar”, señaló el cabildo en un comunicado.
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Las comunidades aseguran que debido a las circunstancias que rodean a la quema de las kankurwas, no tienen dudas de que se trató de un atentado causado de forma premeditada. Esto, teniendo en cuenta que también se habían incinerado los centros ceremoniales de Guatapurí, Atánquez, Chemesquemena, Los Laureles, Pontón y otras kankurwas de La Mina. “Estos ataques hacen parte de una práctica sistemática y recurrente de violencia cultural en contra de nuestro pueblo”, agregó el cabildo.
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La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) repudió los hechos a través de su cuenta de Twitter: “Denunciamos y rechazamos la quema de las kankurwas (casas sagradas) del pueblo kankuamo, este hecho ocurrió esta madrugada en la comunidad Minakalwa, Territorio kankuamo, Valledupar, Cesar”.
Adicional a ello, los kankuamos denunciaron que son constante blanco de amenazas, desapariciones, señalamientos y estigmatización. Todos estos hechos hicieron parte de la evidencia con la que la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 026/21. El informe refleja que las reiteradas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario del pueblo kankuamo han llevado a que se les considere en riesgo de exterminio físico y cultural.
“Llama la atención que estos hechos se ejecuten coincidencialmente solo a un par de días después de lanzar nuestra campaña de rechazo a la implementación de algunos megaproyectos en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta como la represa de Los Besotes” consignó la organización indígena. También aseguró que en los próximos días se reuniría con la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
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Finalmente, las autoridades exigieron que se adelanten investigaciones serias y eficaces para judicializar a los responsables de estos hechos, que vulneran el patrimonio cultural de los kankuamos. “Reiteramos nuestra firme convicción de seguir cumpliendo nuestra misión para proteger la vida y defender el territorio (…) Rechazamos absolutamente cualquier manifestación de violencia en contra de nuestro pueblo y nuestro territorio”, concluyó el comunicado.