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El Gobierno de Venezuela y la oposición representada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) firmaron el martes en Barbados un acuerdo parcial sobre derechos políticos y garantías electorales, con las próximas elecciones presidenciales en el radar.
El documento contempla derechos como la libertad de los actores políticos para seleccionar a su candidato para los comicios, la fecha en que estos se llevarán a cabo, la actualización del registro electoral que se hará en el camino y, entre otros, el compromiso de reconocer los resultados finales.
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El acuerdo se firmó en presencia del ministro de Exteriores de Barbados, Jerome Walcott, y de representantes de Noruega, el país facilitador, y de otros acompañantes como Países Bajos, Rusia, México, Brasil y Colombia, en cuya representación fue el canciller Álvaro Leyva.
Como explica Txomin Las Heras Leizaola, investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de Diálogo Ciudadano, los acuerdos del martes son una especie de continuación de lo alcanzado en la mesa que se había instalado en México, pero que se congeló hace cerca de un año, sin que lo pactado entonces haya podido materializarse hasta ahora.
De entrada, el experto le da la bienvenida al acuerdo, como cree que debe hacerse con todos los esfuerzos encaminados a “rebajar la tensión de manera pacífica”.
Para Eglée González Lobato, analista política y electoral venezolana, una de los principales puntos para destacar es el acuerdo sobre la observación electoral por parte de la Unión Europea (entre otros organismos), la misma que desplegó una misión en las elecciones locales de 2021, en las que, por ejemplo, de forma histórica, el oficialismo salió derrotado en el estado de Barinas (cuna de Hugo Chávez).
Pero ¿qué puede ser diferente esta vez?
Con varios intentos de negociación fallidos, esa es quizá la primera pregunta que puede surgir.
Para González Lobato, es destacable que esta vez, a diferencia de lo ocurrido en 2018, la fecha para las elecciones haya sido fijada en el acuerdo: tendrá que ser en el segundo semestre de 2024. El proceso, añade la experta, prácticamente se inicia con las elecciones primarias de la oposición que se llevarán a cabo el próximo fin de semana.
Txomin Las Heras, por su parte, reconoce que no hay garantías de que este proceso no vaya a frustrarse como los anteriores. Sin embargo, también ve factores distintos en esta ocasión. Por ejemplo, el de los incentivos para el régimen venezolano: el experto señala la necesidad que tiene Nicolás Maduro de “mejorar el país” de cara a las elecciones, precisamente, para mejorar sus índices de popularidad.
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Pero, para eso, necesita recursos como los que no se han podido liberar desde el acuerdo alcanzado en México el año pasado, que contemplaba unos US$3.000 millones administrados por Naciones Unidas para atender la crisis humanitaria en Venezuela.
La liberación de esos fondos, sin embargo, no se ha llevado a cabo en medio del temor de que los acreedores de Venezuela aparezcan para cobrar las deudas. Sin embargo, en mayo pasado, Estados Unidos dijo que ese dinero estaría protegido.
Washington, además, ha condicionado la suavización de sanciones a las muestras de restauración democrática que dé el régimen venezolano.
“Con la firma de estos acuerdos, estamos dando el primer paso para el levantamiento pleno de todas las sanciones, la recuperación progresiva del bienestar social, el crecimiento económico, la consolidación de la paz y la democracia, en el marco de la soberanía plena y la independencia nacional”, expresó Nicolás Maduro en X (antes Twitter).
Esta vez también sería diferente por el nivel de participación que ha tenido Estados Unidos, que, según Las Heras Leizaola, tiene un interés particular derivado de la guerra en Ucrania y ahora en Medio Oriente: el mercado petrolero.
Aunque la industria venezolana está prácticamente marchita, Las Heras señala que el país con las mayores reservas de crudo sigue teniendo un potencial llamativo en medio de los aprietos que ha supuesto el aislamiento internacional del gigante petrolero que es Rusia (a raíz de su invasión a Ucrania), y ahora la inestabilidad en la otra gran región petrolera: Medio Oriente.
El otro asunto clave sería el de la migración, mientras las detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza en el límite con México, en el sur de Estados Unidos, vuelven a repuntar, y al tiempo que los cruces por el Tapón del Darién, de personas buscando seguir la ruta hasta Norteamérica, rompen todos los récords, con la población venezolana como el grupo más numeroso que atraviesa esa selva.
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Las dudas
La gran duda que queda tras los acuerdos es el asunto de las inhabilidades políticas que pesan sobre los candidatos. Aunque no se habla explícitamente de esto, el primer punto, por ejemplo, reconoce el derecho que tienen los actores políticos de elegir a su candidato por la forma que consideren.
Luego, el punto 11 establece que “se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial…”.
Ante las dudas, no obstante, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del Gobierno en la mesa, Jorge Rodríguez, expresó: “Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde (…) pues tampoco puede ser candidato”.
La figura inhabilitada más prominente es la de María Corina Machado, luego de que otros dos candidatos inhabilitados, Henrique Capriles y Freddy Superlano, renunciaran en los últimos días, antes de las primarias.
Según Las Heras, la plataforma de María Corina Machado no ha querido discutir cual sería el plan b en caso de que definitivamente no pueda participar. González, por su parte, señala que la candidata puede tener su confianza puesta en que la fuerza que tiene en el electorado (que está por probarse en las urnas) sea suficiente para lograr que sea habilitada.
Y, de otro lado, está un factor clave: la habilitación de los votantes en el exterior. Con unos siete millones de venezolanos que conforman la diáspora, su participación electoral no es asunto menor. Sin embargo, el acuerdo apenas se restringe al decir que se actualizará el registro electoral en el extranjero, “sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley”.
Esto, para González, impone barreras sobre las cuales no hay una exhortación o un llamado a un acuerdo más amplio o un ajustes legislativo para garantizar la participación de la ciudadanía migrante y refugiada.
Como señaló Camilo Gómez en un artículo de este diario, en Colombia, por ejemplo, “el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes (ETPV) que impulsó el país no es reconocido como el esquema tradicional para dar un estatus regular a los extranjeros. Eso solo lo dan las visas, y el ETPV es apenas el mecanismo que ofrece la posibilidad de aplicar a una visa”.
Así, “hay cientos de miles de personas de Venezuela en Colombia que no pueden votar. Y esta situación, en un contexto de una de las migraciones más importantes del mundo, podría cambiar los resultados”.
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