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Damon Hininger, director general de CoreCivic, empresa operadora de prisiones privadas y centros de detención de inmigrantes, arrancó el mes pasado una reunión con inversionistas con una nota optimista.
“Llevo 32 años trabajando en CoreCivic y este es realmente uno de los periodos más emocionantes de mi carrera”, aseveró, y a continuación compartió que la empresa prevé en los próximos años “quizá el crecimiento más significativo en nuestra historia”.
CoreCivic, GEO Group y algunas empresas penitenciarias privadas más pequeñas se están convirtiendo en una pieza clave del plan del gobierno de Trump para detener y luego deportar a un gran número de inmigrantes que se encuentran en el país sin permiso legal. CoreCivic y GEO ya anunciaron nuevos contratos en la última semana, y los ejecutivos dicen que esperan más.
Hace tan solo cuatro años no parecían posibles predicciones de una trayectoria tan estratosférica en los ingresos de estas empresas.
La opinión pública se había vuelto contra su industria entre acusaciones de violaciones de seguridad y salud, además del estigma de que lucraban con el encarcelamiento de inmigrantes. Los grandes bancos, en respuesta a las campañas de presión de los activistas, anunciaron que ya no les concederían nuevos préstamos a las empresas. Joe Biden, el presidente recién electo en ese momento, había prometido en su campaña ponerles fin a los contratos con las empresas.
Pero, a fin de cuentas, el tiempo difícil para la industria fue efímero.
A pesar de las declaraciones de Biden, la mayoría de los contratos federales con empresas privadas de detención permanecieron intactos. En los últimos dos años, los gigantes bancarios Bank of America y Wells Fargo han moderado sus avisos de políticas y permiten de nuevo la financiación de empresas de detención en algunas circunstancias, después de que algunos estados dirigidos por republicanos aprobaron leyes destinadas a prohibir la inclusión de industrias específicas en la lista negra.
Y eso fue antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo. Durante su campaña, Trump prometió en repetidas ocasiones que libraría rápidamente a EE. UU. de millones de inmigrantes que se encuentran en al país sin permiso legal. El proceso hará necesario detener a los inmigrantes varias semanas, o incluso meses, mientras esperan la decisión de un juez de inmigración o su expulsión del país, situación por la que las empresas privadas saldrán ganando.
El miércoles, CoreCivic anunció la reapertura de un centro de detención familiar clausurado en Dilley, Texas, con capacidad para albergar hasta a 2400 niños y padres.
En las primeras semanas de la segunda presidencia de Trump, ya comenzaron a aumentar las detenciones de inmigrantes. El Congreso actualmente proporciona fondos para detener a diario, en promedio, a 41.500 personas que no tienen la ciudadanía. El 23 de febrero, la población de detenidos en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) rondaba los 43.800.
Se espera que esa cifra aumente.
George C. Zoley, presidente ejecutivo de GEO Group, señaló en una conferencia telefónica la semana pasada que el gobierno trabaja a una velocidad sin precedentes para conseguir nuevos contratos: “Nunca habíamos visto nada igual”.
Pero, ante la llegada de una avalancha de nuevos detenidos, los defensores de los inmigrantes temen que se deterioren aún más las medidas de supervisión y transparencia impuestas por el gobierno para esas instalaciones, ya de por sí un problema de larga data entre las organizaciones humanitarias además de la relación, a menudo amistosa, entre las empresas privadas y las oficinas gubernamentales.
Cultivar lazos
El primer centro de detención privado se inauguró en 1983, cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización (designación anterior del ICE) le pidió a CoreCivic que estableciera en menos de un mes un centro capaz de albergar a 86 inmigrantes en Texas.
T. Don Hutto, cofundador ya fallecido de CoreCivic, encontró un motel que la empresa podía alquilar por un plazo de 90 días, y compró artículos de aseo en Walmart con su propia tarjeta de crédito.
“Cumplimos el plazo, llegaron los detenidos y se forjó una nueva relación entre el gobierno y el sector privado”, declaró en ese entonces, según la empresa.
Una década más tarde, la ley federal que establece los procedimientos modernos de detención y deportación de inmigrantes codificó la práctica de optar prioritariamente por instalaciones privadas o del gobierno local en vez de construir nuevas instalaciones federales.
Para entonces, CoreCivic ya tenía competencia, GEO Group, que acabó superándola en los contratos federales.
Tanto CoreCivic como GEO Group cultivaron vínculos con el gobierno.
Aunque los ejecutivos de las empresas y sus comités de acción política en el pasado han hecho donaciones de campaña bipartidistas a representantes del Congreso, en el último ciclo electoral casi todas las donaciones fueron para los republicanos.
Una subsidiaria de GEO Group les donó más de 2 millones de dólares a los PAC republicanos que aceptan donaciones ilimitadas, y la mayor parte fue a parar a grupos que apoyaban a los republicanos de la Cámara de Representantes y a Trump.
Añadir camas
Las empresas privadas gestoras de gran parte del sistema de detención que ahora supervisa el ICE ya están recibiendo una gran rebanada de un pastel más grande.
Para cumplir los planes de Trump, su zar fronterizo, Tom Homan, declaró que necesitará al menos 100.000 camas de detención, más del doble de la capacidad actual.
Dejó claro que el número de inmigrantes que la administración puede deportar depende casi por completo del número de camas que el gobierno ponga a su disposición. Los legisladores se afanan por conseguir fondos considerables para retener a los detenidos adultos a un costo de unos 165 dólares diarios por cama.
En meses recientes, las empresas penitenciarias que poseen o explotan este tipo de instalaciones han alojado una media diaria de unos 36.000 detenidos, casi el 90 por ciento de las camas de detención del país. GEO Group, el mayor operador, afirma que puede elevar a más del doble su número de camas con solo aumentar la capacidad de sus instalaciones existentes y reabrir las que están en desuso este año.
CoreCivic, el segundo mayor operador, afirma que está en constante comunicación con funcionarios del gobierno de Trump y que ya presentó un plan para poner a su disposición casi el triple de camas dentro de unos meses. Eso representaría ingresos adicionales de 1500 millones de dólares para la empresa, el 75 por ciento del total de sus ingresos en 2024.
Cuando en una llamada reciente varios analistas de Wall Street les preguntaron a los ejecutivos cómo podrían ofrecer ahora tantas plazas más, estos explicaron que parte del plan es colocar a más personas en las instalaciones, por encima de su capacidad declarada.
Según dijeron, pueden hacerlo sin empeorar las condiciones.
Durante años, las inspecciones gubernamentales han identificado pruebas de negligencia en los centros de detención privados, desde falta de acceso a atención médica hasta condiciones insalubres, incluidos problemas que quizá provocaron la muerte de detenidos. Varias demandas interpuestas contra las empresas sostienen que los programas que les pagan a los detenidos tan solo 1 dólar al día por su trabajo más bien constituyen un esquema ilícito de trabajo forzado.
Homan comentó hace poco en una conferencia para alguaciles que está haciendo todo lo posible para reducir el número de inspecciones y agencias que vigilan esas instalaciones.
También argumentó que las condiciones que son aceptables en las prisiones y cárceles locales para los ciudadanos de EE.UU. deberían ser suficientes para los inmigrantes detenidos. El problema es que esos centros penitenciarios suelen tener normas menos estrictas que los centros de detención federales. Muchos inmigrantes alojados en ellos no están acusados ni condenados por delitos, sino que se les acusa de infracciones civiles relacionadas con su entrada en el país.
“Va a existir aún menos rendición de cuentas, habrá muchos más abusos y casi con toda seguridad más muertes”, opinó Heidi Altman, vicepresidenta de política del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
En un comunicado, un portavoz del ICE puntualizó que la agencia tiene “un programa firme y de varios niveles de supervisión y cumplimiento” para proteger la salud y la seguridad de quienes están en su custodia. La agencia “sigue manteniendo todas las políticas y normas de detención del ICE, sin cambios en nuestros procedimientos de supervisión”, aseveró el portavoz.
CoreCivic insiste en que su programa de trabajo es voluntario y los detenidos tienen acceso adecuado a atención médica.
En un comunicado, un portavoz de CoreCivic señaló que, aunque acepte más detenidos en las instalaciones existentes, la empresa “nunca haría nada que afecte nuestra prioridad de operar instalaciones seguras y protegidas o prestar servicios de alta calidad a quienes se ha encomendado a nuestro cuidado”.
Un portavoz del Grupo GEO indicó en un comunicado que las “instalaciones y servicios de la empresa están bajo supervisión estrecha de conformidad con las estrictas normas contractuales del gobierno”. La empresa aclaró que trabaja con todos los niveles de gobierno para garantizar que todas las personas confiadas a su cuidado reciban un trato seguro y humano.
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