La reconciliación de las maras

Los aires de paz llegan, sorpresivamente, un mes después de que el gobierno del presidente Mauricio Funes anunciara duras represiones contra las pandillas, también llamadas maras. Pero ha sido por la vía del diálogo, y no de las armas, que en el país que registraba desde hace más de una década entre 12 y 14 homicidios diarios, desde el 9 de febrero apenas se cuentan 6 ó 5. El pasado fin de semana se registraron 11, cuando lo usual era entre 30 y 40.

El personaje detrás de la negociación es el obispo Fabio Colindres, capellán del Ejército encargado de mediar entre los líderes pandilleros, cuyas organizaciones se han disputado por más de tres décadas el control de territorios y mercados de drogas. Según el Ministerio de Seguridad y Justicia, el 90% de la tasa de homicidios del país se debe a los enfrentamientos entre las maras, que pueden reunir hasta 64 mil miembros. “Se ha emprendido un camino histórico que no puede dar pasos hacia atrás”, manifestó el capellán en una de las recientes misas, a las que también asistieron el máximo líder de la MS 13, Dionisio Umanzor (alias El Sirra), y el de la M 18, Carlos Mujica (alias El Viejo Lin). Ambos pidieron perdón por el daño ocasionado al país, en un acto que generó sorpresa, esperanza, pero sobre todo incertidumbre.

El columnista y politólogo salvadoreño Gabriel Gutiérrez, en conversación con El Espectador, dice que “es difícil creer en una conversión y entonación del mea culpa del día a la mañana de dos de los grupos más violentos de Latinoamérica. Hasta no saber el fondo del acuerdo y las intenciones detrás de él, es difícil predecir el futuro. Si el acuerdo es verdadero, bien intencionado y bien aprovechado por el Gobierno, estamos ante una oportunidad histórica jamás vista en el país”.

Funes ha reiterado que se opone a negociar directamente con las pandillas y mantendrá la lucha armada contra las mismas, a pesar de la tregua. Aclaró que su gestión ha sido simplemente facilitar la mediación de la Iglesia católica y convocó a distintos sectores a buscar un acuerdo nacional para la erradicación progresiva de la violencia, “que en los últimos cinco años ha costado la vida a aproximadamente 4.000 personas al año”. La iniciativa llama a atender “la exclusión social y la falta de oportunidades de empleo, educación, salud y recreación para la juventud”, que originó en los años 80 y 90 el desarrollo de las pandillas.

Los jefes de las maras rivales, recluidos en Ciudad Barrios y Conjutepeque, a donde fueron recientemente trasladados, confirmaron que se pactó un cese de hostilidades entre ambos bandos y que nunca se negoció con el Gobierno. A cambio de la tregua los pandilleros piden un trato más humano en las cárceles y programas de reinserción a la sociedad.

Uno de los apartados del comunicado oficial de los jefes de las maras asegura: “olemos excremento las 24 horas del día, dormimos apiñados, somos sujetos de ultrajes, se nos da trato de animales y no se respetan nuestros elementales derechos, sucumbimos sin adecuada atención médica a las enfermedades y nuestras familias que nos visitan son víctimas de ultrajes y humillaciones y nuestros miembros en la calle son sujetos de persecución, acoso, discriminación, represión, torturas y asesinatos por el simple hecho de estar tatuados con los símbolos que nos dan identidad”.

El Viejo Lin agregó que, además de exigir un trato más digno, “para que podamos desmontar la violencia del todo, pedimos que a nuestra gente en la calle y en los barrios le den oportunidades, educación, salud, trabajo. Si la sociedad no es capaz de cumplir con este deber, ni nosotros seremos capaces de desmontar la violencia y la delincuencia”.

El final de las acciones delictivas de las maras aún se ve lejano. Los voceros de las pandillas anunciaron que el cese de los homicidios no implica el final de las extorsiones y otras formas de delincuencia, pero que se trata de un primer paso en un proceso que puede conducir hacia “una reconciliación total entre hermanos salvadoreños”.

Narcos en la policía mexicana

El responsable antidrogas del Departamento de Estado, William Brownfield, aseguró que la infiltración del crimen organizado sigue siendo un problema en la policía de México. «A nivel estatal y local vemos mucho del viejo patrón» de que «la policía es parte del problema y no parte de la solución», indicó Brownfield a congresistas que se mostraron pesimistas con el nivel de violencia en México, donde se han registrado en los últimos cinco años más de 50.000 asesinatos ligados al crimen organizado y al narcotráfico. Brownfield también destacó que a través de la Iniciativa Mérida de lucha contra los carteles de la droga, Estados Unidos ha entrenado a unos 52.000 policías y funcionarios judiciales federales mexicanos.