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En un fallo trascendental, la Sala Civil de la Corte Suprema puso los puntos sobre las íes. No al vandalismo, pero tampoco al abuso policial. Ordenó garantizar el derecho a la protesta, suspendió las escopetas calibre 12 que ocasionaron la muerte de un manifestante, exigió al ministro de Defensa pedir perdón, señaló que el Esmad acude de manera desproporcionada a la fuerza y, en fin, ordenó al Gobierno actuar sin sesgos descalificadores de las movilizaciones.
Un hecho llamativo: esta decisión de tutela la pronunció la Sala Civil. Esto deja por fuera las altisonantes manifestaciones en contra de la Constitucional, a la que acusan de mamerta, y de la Penal, objeto de ataques inauditos. Se trata de juristas ajenos a las peleas actuales.
La Sala hace un recuento de una cadena de violaciones que muestran un carácter sistemático. Es una providencia seria que debería servir de guía para restablecer la confianza en la Policía.
Todo esto lo digo no desde el desafecto. Por el contrario, me mueve el deseo de proteger a la Policía del desgaste que viene sufriendo. De niño, un policía pasó largas temporadas protegiéndonos en el barrio Campohermoso. Era un amigo. En la universidad aprendí que la Policía es el primer eslabón del Estado de derecho. Casi desde esa misma juventud, cuando como directivo de la universidad acompañé medidas para restaurar el orden, y con posterioridad en otras responsabilidades, he venido siendo acompañado por policías que han estado listos a jugarse la vida en mi protección y la de mi familia. Hablo desde la simpatía y el agradecimiento. Me duelen las agresiones a los agentes. El 21N presencié una arremetida contra un policía sin justificación alguna. Por eso creo que la Sala Civil fue sabia al definir límites y que su sentencia debería ser aprovechada para superar estas dificultades.
El Gobierno decidió impugnar la sentencia. Tiene derecho, claro está. Pero pienso que ha desperdiciado una enorme oportunidad. Las declaraciones renuentes con aire de desacato del señor ministro de Defensa no son propiamente una apología del Estado de derecho. Vino luego un extraño pedido de perdón que se parece a un pagaré en blanco de esos que uno firma para garantizar quebrantos futuros. Es un cumplimiento artificial y hasta mañoso. Como el del marido infiel que pide perdón de una vez por los adulterios venideros.
Desde hace años, una selecta comisión propuso una reforma. Estaba compuesta por dos exministros de Defensa, Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, y por un experto, el doctor Jorge Hernán Cárdenas. Imposible descalificarla alegando sesgo izquierdista.
Ya en esa época, propusieron desvincularla del Ministerio de Defensa y crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana que recuperara el lineamiento civil. Hace poco sugerí que una cosa eran los cuerpos de policía en la jungla cuya “militarización” era inevitable. Y otra, la Policía como instrumento de garantía ciudadana. Gobierno: es el momento de “reinventar” una Policía que sea adalid de los derechos y no fuente de temor.
Coda. ¿Será que por exceso de uso se desgastan las palabras? Ahora la palabra masacre es un cascarón vacío. En medio de esta orgía de sangre, es como si cada nueva matanza fuera parte del paisaje en medio de una sociedad indiferente.
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