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El próximo 14 de marzo se reactivarán las audiencias del proceso penal contra el Zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo. Además de tener cuentas pendientes con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y soborno, hoy está bajo la lupa por haber intentado, en 2022, financiar la campaña presidencial del Gustavo Petro. Desde 2019, cuando empezó a ser tocado por la justicia colombiana, el señalado capo criminal viene conformando un equipo de abogados que lo defienden en Colombia y Europa, pues está detenido en Portugal desde que fue capturado a comienzos de diciembre de 2024.
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A ese lado del mundo, Marín Buitrago es representado en España por Gonzalo Boyé, un abogado chileno que es acusado de lavarle dinero al capo narcotraficante, alias Sito Miñanco. Este diario también conoció que, en Colombia, Papá Pitufo contrató a reputados abogados que ocuparon altos cargos en la justicia y que, en las últimas semanas, presentaron solicitudes ante la Cancillería para conocer detalles sobre el proceso de extradición contra su cliente. Esas acciones judiciales son coordinadas por una abogada de la total confianza de Papá Pitufo que ocupó un alto cargo en la Fiscalía y que fue ternada por el entonces presidente Iván Duque para ser magistrada en una alta corte.
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Se trata de Gloria María Arias Arboleda, una vallecaucana que inició su carrera en los años 90 en la seccional de la Fiscalía en Cali, cuando la ciudad era azotada por los narcotraficantes Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Su carrera en el ente investigador llegó a la cúspide en 2012, cuando ocupó la Dirección contra el Lavado de Activos, la cual investiga, por ejemplo, el uso del dinero que proviene del narcotráfico y el contrabando. Luego, en 2020, Arias Arboleda intentó darle otro salto a su carrera cuando fue ternada por el entonces presidente Iván Duque para ser magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero no consiguió los votos necesarios en el Congreso.
Papá Pitufo y Arias Arboleda, juntos en una notaría
La relación contractual entre Papá Pitufo y Arias Arboleda quedó recientemente plasmada en un documento de enero de 2025, en el que ella, como abogada de Marín Buitrago, confiere un poder especial a dos prestigiosos abogados para que presenten acciones judiciales contra la Cancillería de Colombia. Según la defensa de Papá Pitufo, el Gobierno no les ha entregado información sobre el proceso de extradición contra su cliente. Los dos reconocidos penalistas en cuestión son Camilo Rojas Castro, exviceministro de Justicia del gobierno de Iván Duque, y Mario Iguarán, exfiscal general y también viceministro de esa cartera durante el primer gobierno Uribe.
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En esos documentos judiciales conocidos por El Espectador también figura que Arias Arboleda representa a todo nivel a Papá Pitufo desde el 14 de febrero de 2018, cuando le confirió ante la notaría 69 de Bogotá un “poder general, amplio y suficiente” en todos sus asuntos comerciales y judiciales ante el Estado colombiano. La abogada Arias fue autorizada por el propio Papá Pitufo para hacer a su nombre transacciones bancarias, compraventa de bienes, administración de inmuebles, pago de impuestos, creación de empresas, representación en asambleas de sociedades comerciales y hasta autorizar eventuales donaciones de órganos o una práctica de eutanasia.
Es decir, Arias Arboleda es la mano derecha en todos los asuntos del hoy señalado como el mayor contrabandista de Colombia en las últimas tres décadas. Otro dato que aparece en ese documento es que Papá Pitufo y Arias Arboleda reportaron ante la notaría la misma dirección de domicilio: una casa de un condominio en el norte de Bogotá que está justo al lado del Club de la Policía, en donde funciona la Dirección de Inteligencia de la Policía y otras dependencias claves de esa institución.
La carrera de Arias Arboleda en la Fiscalía
Antes dedicarse a la representación judicial, Arias Arboleda alternó su vida profesional con la función pública. Según la Fiscalía, la abogada entró a esta entidad en 1994 y salió temporalmente en el 2000. Once años después, se reintegró a la institución como fiscal delegada ante los juzgados especializados y, un año más tarde, en abril de 2012, Arias Arboleda fue designada por el vicefiscal Jorge Perdomo como jefe de la Unidad contra el Lavado de Activos, donde solo estuvo hasta diciembre de ese año. Este diario le preguntó a la Fiscalía si Arias Arboleda, mientras fue funcionaria judicial, tuvo acceso a expedientes relacionados con Papá Pitufo, sin embargo, la entidad aseguró que no contaba con esa información.
La Fiscalía le indicó a este diario que solo fue hasta 2017 que llegó una denuncia contra Papá Pitufo y que antes no se tienen registros judiciales en su contra. Además del proceso que se adelanta por los delitos de concierto para delinquir y soborno, “en 2024, por asignación especial, se investigan tres casos en los que se menciona el nombre de Marín Buitrago y otras personas, por hechos denunciados en 2017. Además, se adelanta una indagación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Por su parte, la Dirección de Extinción de Dominio, desde 2024 tiene dos radicados en su contra que se encuentran en etapa inicial”, señaló la Fiscalía.
Sin embargo, el pasado 2 de marzo, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol mostró documentos de la misma Fiscalía que apuntan a que Papá Pitufo entró en el radar de esa entidad muchos años antes de lo que le dijo a este diario. “Desde 2011, incluso antes, ya se venía denunciando la organización liderada por Diego Marín Buitrago”, dice el expediente citado por el medio televisivo. Una estructura criminal que, según ese documento del ente investigador, tenía fichas en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Buenaventura, Cali e Ipiales, “apoyadas desde el nivel central (Bogotá) por oficiales activos y retirados, políticos (Congreso y Presidencia)”.
La denuncia contra la abogada de Papá Pitufo
De la investigación que ha hecho la Fiscalía en los últimos meses contra alias Papá Pitufo, por ahora, la abogada Gloria María Arias Arboleda no ha sido mencionada, quien además tampoco tiene cuentas pendientes con las autoridades colombianas. Donde sí aparece mencionada la abogada de Papá Pitufo es en un enredado expediente judicial en el que pasó de ser denunciante a denunciada. Además, allí aparecen mencionado un popular abogado y un investigado empresario que es concuñado del presidente Gustavo Petro y socio de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro.
En diciembre de 2017, Gloria María Arias Arboleda denunció ante la Fiscalía al empresario Alejandro Velezmoro Hurtado por una supuesta estafa en un negocio de exportación de medio centenar de ganado vacuno japonés. En ese negocio también participó el esposo de la abogada de Papá Pitufo, el coronel retirado de la Policía, Juan María Rueda Sánchez, condecorado por su destacado servicio en los esquemas de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. El alto oficial (r) también hizo parte del Gaula de la Policía, un grupo especializado en la investigación y lucha contra la extorsión y el secuestro, entre otros delitos.
De acuerdo con la denuncia, Arias Arboleda conoció a Velezmoro el 26 de marzo de 2016 en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en Bogotá, el cual colinda con la casa reportada por Papá Pitufo ante la notaría. La abogada y el empresario Velezmoro fueron presentados por la entonces detenida Piedad Zuccardi, exsenadora del Partido de la U, que fue ficha clave en la Costa Caribe para la reelección de Álvaro Uribe en 2006 y quien hoy es procesada por su presunto vínculo con paramilitares. Arias Arboleda —acompañada de su esposo— fue a visitarla como abogada de la política, mientras que Velezmoro, como esposo de la prima de Zuccardi.
Allí inició un millonario negocio que un año y medio después terminó en los estrados judiciales. El 15 de diciembre de 2017, dos semanas después de ser denunciado por Arias Arboleda, Velezmoro fue capturado por la Fiscalía y le fue imputado el delito de estafa. Sin embargo, siete años después el proceso contra Velezmoro fue archivado y la fiscal que llevó el caso es procesada desde 2023 por las supuestas irregularidades que habría cometido en esa investigación. La fiscal en cuestión es Sandra Milena Vargas Manrique, quien fue la fiscal encargada de investigar la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave del caso Odebrecht.
Aunque en agosto de 2024 la Fiscalía General presentó una solicitud de preclusión del expediente contra la fiscal Vargas Manrique, el 13 de febrero de 2025, Velezmoro y su abogado le pidieron a través de una carta a la Fiscalía que la llame a juicio penal lo más pronto posible. No obstante, hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado sus argumentos ante un juez para solicitar el cierre del caso. Velezmoro, quien también tiene denunciada a la abogada de Papá Pitufo por tráfico de influencias, sostuvo ante la Fiscalía que las amistades de Arias Arboleda en el búnker fueron las que construyeron el “ilegal” expediente en su contra y exige que sea procesada penalmente.
¿Qué viene para Papá Pitufo?
En las solicitudes presentadas por los abogados de Papá Pitufo a la Cancillería —que fueron mencionadas al inicio de este reportaje— señalan que su cliente presentó una solicitud de asilo el 30 de octubre de 2024 en Portugal. Esa petición, según el Ministerio de Justicia, se resolverá entre abril y la primera semana de mayo de 2025. Así las cosas, la eventual extradición de Papá Pitufo es incierta. Incluso, el pasado 13 de febrero, el exfiscal general Mario Iguarán señaló en la sección “Soy la voz” de Caracol Radio que la vida de Papá Pitufo “estaría en riesgo” si retorna a Colombia. Una declaración de un minuto y 24 segundos en la que nunca mencionó que era parte de la defensa de Papá Pitufo.
Sobre este punto, Iguarán mencionó que el tiempo en radio es muy “escaso” y que a su parecer en ese momento (13 de febrero de 2025) ya era de público conocimiento su relación contractual con Papá Pitufo. “Yo partía de la base de que esto era conocido por la opinión pública. La revista Cambio publicó una nota en enero de 2025 con esa información”, afirmó Iguarán. A ese llamado de Iguarán se sumó el abogado de La Espriella el pasado 18 de febrero en una entrevista con la revista Semana: “Si fuera el abogado de Papá Pitufo revisaría la posibilidad de enviarlo a Estados Unidos (…) Si él viene a Colombia, lo van a matar por toda la información que tiene”, aseguró el penalista y viejo amigo de la abogada Arias Arboleda.
Este diario se intentó contactar con Arias Arboleda desde hace tres semanas para conocer su versión. Aunque leyó los mensajes enviado a su WhatsApp, nunca contestó. El Espectador también le escribió a su correo electrónico, pero tampoco obtuvo respuesta. Quien sí contestó fue su esposo, el coronel (r) Rueda Sánchez, quien señaló: “Esperemos que le conteste, si ella lo considera”. Así las cosas, el próximo 14 de marzo se retomarán las audiencias contra el presunto capo contrabandista, quien es señalado de liderar una red de corrupción desde los años 90 con la ayuda de altos oficiales de la Policía y funcionarios de la DIAN.
Su abogado en el caso penal, Jhon Villamil (también designado para tal función por Gloria María Arias Arboleda) insistirá ese día que la Fiscalía General cometió irregularidades en el caso y que su cliente no piensa en negociar con la Justicia en dado que Papá Pitufo sea extraditado desde Portugal a Colombia.
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Por David Escobar Moreno
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