Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Esta semana, si nada extraordinario ocurre, se instalará la mesa de trabajo que ordenó la Corte Constitucional para ajustar la UPC de 2024 y debatir la metodología que se ha usado para definir la cifra. Según conoció este periódico, los actores de la salud tenían hasta este martes para postular a las personas que los representarían en la discusión, y con esa información, el Minsalud podría instalar formalmente la mesa el próximo jueves. Allí se abordará una de las discusiones que más debate han generado en el mundo de la salud.
Durante los últimos años, la suficiencia o insuficiencia de los recursos en el sistema de salud ha enfrentado al Gobierno con actores como las EPS y algunos sectores de la academia, que defienden que la plata no está alcanzando. Este será un nuevo intento por acercar posiciones, ahora bajo el paraguas de una orden de la Corte Constitucional.
Hay que recordar, brevemente, el origen y propósito de este espacio. Todo nace del Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional. En esa sentencia, que algunos en el sector salud consideran histórica, el alto tribunal declaró la insuficiencia del componente de la UPC (la plata con la que se garantiza el acceso de los colombianos al Plan de Beneficios en Salud). La Corte ordenó, en el artículo tercero, la creación de una mesa de trabajo cuyo objetivo principal (aunque no el único) es revisar la UPC del 2024 y lograr su ajuste y suficiencia.
En dicha mesa, decía la Corte, tendrían que tener espacio instituciones del Estado como el Ministerio de Hacienda, la Adres, la Procuraduría, la Fiscalía, la Supersalud e incluso la Contraloría. Y, por supuesto, actores del sistema de salud como las EPS, IPS y agremiaciones de pacientes y sector académico. A pesar de que ajustar la UPC de 2024 es el primer objetivo directo de este espacio, la Corte amplió mucho más esos propósitos cuando define los aspectos “mínimos” que se deberán abordar. Entre ellos, por ejemplo, destaca revisar el “rezago existente en el valor de la UPC a partir del 2021 para efectuar el reajuste de la prima por cada vigencia desde ese periodo, a saber, 2021, 2022 y 2023”.
En otras palabras, el alto tribunal no solo abre la puerta a evaluar si la UPC de los últimos tres años requiere ajustes, sino que reconoce explícitamente un rezago en su valor. La mesa tendrá la tarea de debatir un reajuste en la metodología de cálculo de la UPC y diseñar un mecanismo de ajuste ex post que permita corregirla anualmente si los estudios técnicos demuestran que resulta insuficiente. Este mecanismo deberá comenzar a aplicarse con la UPC de 2025, que fue del 5,36% y que muchos en el sector consideran insuficiente.
Todo esto convierte a esta mesa de trabajo en un escenario clave para definir el futuro del sistema de salud, un hecho que el sector ya tiene claro y para el cual se está preparando.
Todo por hacer
Aunque el Ministerio de Salud mantiene una disputa legal con la Corte —pues recusó al magistrado ponente del auto, José Fernando Reyes Cuartas, y solicitó en otra acción la nulidad total de la decisión—, también se comprometió a acatar lo ordenado. En respuesta, expidió la resolución 370 de 2025, con la que formalizó la creación de la mesa de trabajo. Sin embargo, algunos detalles de esa primera medida no dejaron satisfechos a todos.
Entre los participantes, por ejemplo, no se incluyó al talento humano en salud. “Nos extrañó que las organizaciones médicas no están en la resolución. Solo hay un punto que dice Academia, pero luego, en el contenido, hace claridad a que se refiere a universidades. Nosotros quedamos excluidos de la mesa”, dice Clemencia Mayorga, vocera de Acuerdos Fundamentales, que reúne a 23 asociaciones médicas. “Radicamos la solicitud formal, apenas se supo la orden de la Corte, en la que pedíamos participar. Los médicos conocemos los perfiles epidemiológicos, la incidencia y la prevalencia de cada patología, nosotros ordenamos el gasto, recetando medicamentos y tratamientos. Dar esta discusión sin tener en cuenta las opiniones de los médicos es completamente absurdo”, critica.
Otros, como Denis Silva, representante de Pacientes Colombia, un movimiento social que agrupa alrededor de 199 organizaciones de pacientes a nivel nacional, se muestran algo escépticos sobre la posibilidad de que su participación sea aceptada. “Esperamos que se garantice la participación de quienes pensamos distinto. Cumplimos con los requisitos de presentar postulación, y a la fecha no nos han dicho nada. Nuestra primera expectativa es que podamos participar”, dice Silva. Ya durante las sesiones de trabajo, “esperamos que se pueda revisar la UPC desde 2021. Y si hay suficiente información, que se ajuste y se pague con retroactividad. Que el Gobierno Nacional sea respetuoso de las órdenes de la Corte”.
Hasta este martes, Acemi, el gremio que representa a las EPS del régimen contributivo, no había sido informado sobre la instalación de las mesas. Sin embargo, su directora, Ana María Vesga, enfatiza que este espacio no debe limitarse al diálogo, sino que debe servir para tomar decisiones concretas. De hecho, la primera responsabilidad del Ministerio de Salud en este escenario, según lo ordenado por la Corte Constitucional en su decisión, es presentar un cronograma de trabajo que permita acordar el reajuste de la UPC de 2024 en un plazo máximo de dos meses. Dicho cronograma, dispone el alto tribunal, deberá ser concertado con todos los participantes en la mesa de trabajo. Le preguntamos a Minsalud cómo avanza en esa metodología, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Quienes sí tienen muy claro sus posiciones alrededor de este debate y de su participación en la mesa son los hospitales y clínicas. “La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) va a participar. Ya se ha tomado la decisión de seleccionar a unas instituciones en nombre de las regiones, y el gremio lo hará a nivel central. Allí aportaremos la información de la cual disponemos y que en otras sesiones y audiencias de la Corte se ha presentado. Miraremos cuáles son las reglas de juego y exigencia de nueva información o estudios, para aportar según el conocimiento y cifras disponibles desde el gremio de la prestación de los servicios”, dice Juan Carlos Girando, presidente de la ACHC.
Giraldo señala un aspecto clave de la mesa de trabajo. El artículo 2 de la resolución del Ministerio de Salud que crea este espacio establece que uno de sus propósitos es analizar “la información reportada en la debida oportunidad por parte de las Entidades Promotoras de Salud para el cálculo de la UPC en las respectivas vigencias, el procesamiento de dicha información mediante las mallas de validación y su contraste con otras fuentes determinadas por el Ministerio de Salud y Protección Social”. Este punto responde a una crítica recurrente del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: que las EPS no presentaron de manera adecuada la información necesaria para ajustar la UPC, lo que llevó al Gobierno a basar el incremento para 2025 en únicamente el dato de la inflación (5%).
Según Minsalud, para el 2024 solo cuatro EPS (Salud Total, Sura, SOS y Nueva EPS) suministraron información de calidad. Ha sido el propio presidente Gustavo Petro el que ha dado a entender que este punto de la información va a ser clave para el Gobierno en las mesas de trabajo. “La orden que hemos recibido es iniciar una mesa para concertar el valor de la UPC, para lo cual todas las EPS de Colombia deben aportar los datos ciertos de sus gastos realizados con el dinero público, transferido desde el año 2021 de manera veraz y pronta. Estoy a la espera de la información”, publicó en X el 25 de febrero. Hay que recordar que la Corte le ordena a Minsalud desarrollar una herramienta que permita contrastar la información de las EPS con otra fuente, sobre lo cual deberá informar al tribunal.
En el auto 007, el tribunal reconoce los problemas frente a la calidad de la información con la que se ajusta la UPC, pero cuestiona que esta falencia haya sido advertida desde 2011 “y, aun así, no se hayan desplegado acciones al respecto, pues como se mencionó, ninguna alusión concreta ha hecho el Ministerio y tampoco se han evidenciado medidas al respecto”.
“Nosotros también queremos participar de las mesas de trabajo”, señala a su turno Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI). “Más que hablar de insuficiencia o suficiencia de la UPC, vamos a presentar en la mesa lo que actualmente están contratando con nosotros y compararlo con los costos reales de operación de las instituciones. La contratación que realizan las EPS con la mayoría de prestadores es insuficiente, y eso es lo que vamos a evidenciar. Será tarea de la mesa analizar por qué ocurre: si se debe a ineficiencias, desviación de recursos o si estos están quedando en las IPS de integración vertical”.
Todos ellos concuerdan en que esta puede ser una nueva oportunidad para avanzar en encontrar soluciones al estado actual del sistema de salud. Eso lo resume bien Jorge Alberto Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS (UNIPS), gremio que reúne a unas 200 IPS de todo el país. “No desaprovechamos la oportunidad de trabajar en conjunto. Pero con voluntad. El Gobierno también tiene que ceder. Estamos muy polarizados. El mecanismo es sentarnos y construir una hoja de ruta que nos permita salir de esta situación”.
👩⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺
Conoce más