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Reconocer la protesta social en Colombia para el presidente Gustavo Petro y su Gobierno es símbolo de paz y reconciliación entre quienes manifiestan y quienes no están de acuerdo con ello. De ahí que durante el fin de semana pasado el jefe de Estado haya anunciado que habrá boleta de libertad para los que fueron detenidos en medio de las manifestaciones que se presentaron durante el Gobierno de Iván Duque.
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La lluvia de críticas llegó para el mandatario puesto que algunos consideraron que con esa decisión estaba desconociendo el poder de la justicia, otros más celebraron la iniciativa. En la mañana de este lunes, el ministro de justicia, Néstor Osuna explicó que la intención del Gobierno es hacer resoluciones que permitan la libertad de algunos que fueron procesados en medio de las protestas, para convertirse en gestores de paz.
Esa facultad, a juicio del jefe de la cartera, se concretará durante esta semana una vez quede en firme la Ley 418 de 2022 que da lineamientos para establecer y dejar claro cómo se moverá el Gobierno para conseguir la denominada “paz total” que concretará con algunos grupos armados ilegales. Osuna, explicó que las resoluciones administrativas que les darán la libertad a algunos jóvenes manifestantes tendrán un control judicial.
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“Las resoluciones que imparta el Gobierno se remitirán al poder judicial y será este quien ordene la excarcelación y las directrices a seguir sobre los procesos judiciales en contra de estas personas”, afirmó el ministro. Añadió que quienes gocen de ese beneficio tendrán a su cargo una serie de compromisos que deben cumplir. Aunque, el presidente Petro fue amplio haciendo el anuncio sobre las excarcelaciones, el ministro aclaró que analizarán los casos de cada uno de los detenidos para definir quién recobrará su libertad.
Las personas que sean designadas por el Gobierno como gestores de paz seguirán con sus procesos judiciales vigentes en las etapas en las que se encuentran. “Esta medida tiene como consecuencia que si estas personas están privadas de la libertad saldrán de la cárcel, pero continuarán vinculadas a los procesos penales a los que se les está investigando. No es un indulto ni una amnistía, seguirán respondiendo penalmente, pero atenderán esos procesos en libertad”, explicó el ministro y añadió que estudiarán los casos en los que ya hay una condena de por medio.
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Aunque la iniciativa del Gobierno Petro ha generado una serie de expectativa alrededor del tema, la tarea que tiene es grande puesto que, según el congresista Alirio Uribe, alrededor de 200 jóvenes fueron judicializados durante el Gobierno Duque en medio de las movilizaciones. El político, quien en su momento defendió a varios de estos jóvenes dijo que, al menos 130 están bajo medida de aseguramiento en una cárcel, y los 70 restantes están en detención domiciliaria.
El compromiso del presidente Gustavo Petro es enorme para con todos los que están detenidos, más aún cuando señaló que estarían de vuelta en sus casas para celebrar navidad con sus familias. La tarea maratónica la tienen los jueces quienes deberán decidir si le da rienda suelta a las resoluciones que emita el Gobierno que terminarán en un caso similar al de Violeta Arango Ramírez, alias “Violeta”, señalada de ser una de las presuntas responsables del ataque terrorista al Centro Comercial Andino, ocurrido en 2017 y que dejó más de cinco personas muertas y 10 más heridas.
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La mujer hoy es declarada por el Gobierno como una gestora de paz. Para el exfiscal Camilo Burbano esa figura aún no tiene una situación regulada en el país. “Tiene muchas zonas grises”, explicó. El abogado dijo que los gestores de paz han sido personas que han estado vinculados con el conflicto armado, y que el Gobierno con la Ley 418, pretende poner en el mismo escenario a personas y situaciones que nada tiene que ver con el conflicto.
“Lo más seguro es que el Gobierno quiera regularlo a través del decreto de la Ley que prorrogó la norma de orden público”, solo bajo esa premisa, según el abogado, el Gobierno podría darle rienda suelta a esa figura en el país ya que está claro que actualmente solo existe para quienes hacen parte de un grupo que está alzado en armas, tienen un líder visible y control sobre un territorio. Para el abogado, Francisco Bernate “la primera línea” no tiene esa calidad.
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“En este caso, la primera línea no cumple con las características de ser un grupo armado delincuencial. Esta nueva situación le da ese estatus”, afirmó Bernate. El penalista reprochó que casos como el de alias “Violeta” se hubiese registrado ya que “jurídicamente esa situación no es posible” porque es una “afrenta y burla a la justicia”. Contrario a lo que dice el abogado, el congresista Uribe, quien defendió la inocencia de varios de los detenidos, consideró que “los jóvenes sí deben ser considerados presos de conciencia o presos políticos porque son jóvenes que por estar en desacuerdo con una política pública salieron a las calles y hoy se encuentra procesados”.
Para el político, quien es parte de la bancada del Gobierno Petro, la iniciativa es una clara muestra de reconciliación. “Nosotros saludamos y vemos con buenos ojos que el presidente haya anunciado la posibilidad de nombrarlos gestores de paz para facilitar la convivencia. Debo reseñar que en la Ley de Paz Total se estableció que se admitirá como voceros a quienes actúan como organizaciones defensoras de derechos y que puedan aportar a los acuerdos de paz. Con el marco legal y marco constitucional se podría hacer”.
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Para Jonathan Cortés y Karo Andrade, quienes fueron judicializados en medio de las protestas sociales que se registraron en el Gobierno Duque, la decisión del presidente Petro “es una sorpresa” ya que no esperaban que lo hiciera en esta fecha. “Es increíble el peso, la esperanza y el impacto que puede llegar a tener unas cuentas palabras sobre toda Colombia, especialmente, para los detenidos y sus familiares pues llena de esperanza y felicidad a la gran mayoría de personas que creen que la protesta social es legítima, un derecho y es de valientes”.
En diálogo con este diario, la pareja de periodistas comunitarios de Z11Suba, ubicado en el norte de Bogotá, consideran que fueron víctimas de un “falso positivo judicial” motivo por el cual se encuentran exiliados junto con su hija de seis años. Su proceso judicial está en etapa de acusación y tienen la esperanza de que con el anuncio de Petro su situación penal se aclare, pues aunque ven como afortunada la iniciativa, no dejan de percibir que “es un discurso populista y no dejará de serlo hasta que se cumpla lo prometido”.
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La pareja quien se considera víctima del Estado, en especial por parte de la Policía, la Fiscalía y la Rama Judicial, consideran que exigirán al Gobierno que acepte que se “cometió un crimen de Estado. Exigiremos la no repetición y reparación a la víctimas del terrorismo de Estado. Vamos a demandar porque no solo nos han quitado la libertad nos arrebataron la vida completa, sin bastarles eso nos arrebataron la vida de nuestra hija y nuestras familias. ¿Quien nos va a devolver el tiempo perdido?”, dijeron.
Aunque las opiniones están divididas, de momento, el panorama aún es incierto hasta que el Gobierno no reglamente y deje en firme la norma que le abrirá la puerta a que Colombia tenga por gestores de paz a varias personas que fueron judicializados en el marco de las protestas que se adelantaron durante los últimos años. El balón está ahora en la cancha del Gobierno, pero una vez empiecen a emitir las resoluciones, los jueces serán los que tengan la última palabra.
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