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La Procuraduría General de la Nación sancionó al ex rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, con suspensión de tres meses por incumplimiento de una decisión judicial que ordenaba reintegrar a una docente a la institución. Sin embargo, Castillo sostiene que la desvinculación de la docente fue previa a su posicionamiento como rector y que, si aceptaba reintegrarla, incumplía con la Ley 30.
El actual profesor, quien fue rector del año 2014 al 2015, afirma que los asesores de la universidad le recomendaron que no procediera con el reintegro ya que esta Ley dice que para ser nombrado profesor de universidad estatal u oficial la incorporación se efectuará previo concurso público de méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo Superior Universitario.
«Los antecedentes datan en una reestructuración “maldita” que se hizo en el año 2007, siendo rectora Ana Sofía Mesa, que desapareció el Instituto Pestalozzi, y que terminó con el despido de sus profesores. La afectada demandó y su fallo fue 3 meses antes de mi llegada», dijo Rafael Castillo. Agregó que el fallo es del 24 de junio del 2014 y que él asumió el puesto en la universidad el 16 de septiembre.
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“La Procuraduría Regional del Atlántico determinó que el disciplinado desobedeció el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Barranquilla, que ordenó el reintegro de una docente en categoría primera especial, y el pago de sus salarios, prestaciones y demás emolumentos que dejó de percibir desde su desvinculación de la institución educativa”, informó la entidad.
De acuerdo con el reporte de la PGN, también omitió tramitar las peticiones presentadas por el apoderado de la docente, en las que se exigía el cumplimiento de la sentencia.
El órgano de control calificó la falta como grave, cometida a título de culpa grave. Señalando que se incumplió la Ley 1755 de 2015 que “establece los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, el procedimiento cuando no es posible solucionarlas en los plazos señalados y quiénes son los funcionarios que tiene o no competencia”.
El 2018 la UA enfatizó en la resolución 002052 que “no se procederá a impartir la orden del reintegro por la imposibilidad que existe para llevar a cabo esta parte del mandato judicial, razón por la cual se ordenará el reconocimiento y pago de la indemnización a la que tiene derecho”. El pago que se estableció fue de $582.402.937.
Castillo afirma que va a presentar la apelación y sostiene que tiene la argumentación necesaria para modificar ese fallo.
Por otra parte, el 4 de noviembre la PGN formuló pliego de cargos a Castillo por presunta omisión de deberes. La entidad busca esclarecer si el investigado vinculó a una persona a la institución educativa en un cargo inexistente a través de la Resolución 002615 de 2015. Esta supuesta falta fue calificada por la entidad de manera provisional como grave cometida a título de culpa gravísima.
Frente a esta situación, el ex rector señala que “uno no puede nombrar a alguien que ya está nombrado”. Asegura que es una falsedad que la persona se vinculara en un cargo que no existía, ya que el señor trabajaba en la universidad desde el año 1999. “Lo que yo hice fue reconocerle la condición del acuerdo con la contención colectiva y la Ley 190 del 2002, a la que tenía derecho por ser padre cabeza de familia”.
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