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El próximo martes 18 de marzo, el presidente Gustavo Petro volverá a medir su capacidad de convocatoria y fuerza política con una nueva jornada de movilizaciones en defensa de sus proyectos del “cambio”. Sin embargo, este nuevo llamado a las calles tiene un ingrediente adicional, pues el mandatario quiere que dichas manifestaciones abonen el terreno de una consulta popular, la fórmula que ideó junto a su gabinete en vista de que el Congreso, puntualmente la Comisión Séptima del Senado, puede tumbar en cuestión de días sus reformas a la salud y laboral.
Las marchas del 18 ya habían sido anunciadas por las centrales obreras, pero tomaron fuerza luego de que el jefe de Estado le notificó al país que las urnas y las propias movilizaciones serán las cartas que se jugará ante el Legislativo y su negativa a tramitar las iniciativas. Según explicó, esa es la única manera de “romper el bloqueo en el que tienen sumido al gobierno con una tenaza, esperando a dar el golpe de Estado definitivo”.
El presidente ya envió un primer mensaje al país y a los demás poderes sobre lo que vendrá en los próximos meses, los mismos que definirán el rumbo de las elecciones presidenciales y legislativas. En la noche del martes, citó en la Casa de Nariño a sus ministros, a buena parte de la bancada del Pacto Histórico y a las organizaciones sociales que lo han acompañado desde el 2022 para confirmar que lo respaldan en su nueva apuesta. Rodeado por todos ellos, hizo una nueva alocución y pidió “no dar marcha atrás”.
Petro reforzó representación de sus bases
Varias de las figuras que lo acompañaron en su intervención serán las protagonistas de las movilizaciones que muy seguramente coparán la agenda política durante todo el 2025. En este punto toma relevancia el remezón ministerial que viene dándose desde hace más de un mes y que, además de responder a la necesidad de mostrar gestión, está relacionado con las lógicas electorales; es decir, con las aspiraciones al Congreso y la Presidencia y la necesidad de conformar el llamado “frente amplio”.
Con los cambios, si bien Petro ratificó las cuotas de bancadas como La U, la Alianza Verde, una parte del Partido Conservador y probablemente los liberales, lo cierto es que los mismos sirvieron para fortalecer la representación de las bases de la izquierda. La jugada tomará forma a partir de esta semana, pues serán varios de esos nuevos ministros los encargados de cumplir la tarea de llevar a los partidarios del petrismo a las calles.
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Cabe anotar que al Ministerio de Minas y Energía llegó Edwin Palma, reconocido por su trayectoria sindical y quien junto al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, goza de buena aceptación entre las centrales obreras. Ambos funcionarios serán los encargados de activar y coordinar la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Unión Sindical Obrera (USO), entre otros. Esa última organización es, precisamente, la que el ministro Palma presidió por varios años.
El Gobierno también espera contar con el respaldo de los maestros de Fecode; sin embargo, vale recordar que con ellos tiene varios asuntos por resolver, especialmente los relacionados con los constantes fallos en el nuevo modelo de salud para el magisterio. Para atajar cualquier división, Petro envió este mismo martes a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, a conversar con el comité ejecutivo de Fecode y limar asperezas.
Por otra parte, las organizaciones indígenas serán cruciales a la hora de demostrar fuerza no solo en Bogotá, sino también en el sur y occidente del país. El Ejecutivo cuenta con el respaldo de una organización que ya ha demostrado su músculo en las movilizaciones, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que se puso a disposición de las manifestaciones pocas horas después de la noticia del archivo virtual de la reforma laboral.
“Rechazamos rotundamente el saboteo de la oposición en el Congreso (…) estamos atentos a cada una de las orientaciones que salgan en adelante para movilizarnos en pro y en defensa de las reformas que implican el desarrollo social para este país”, señalaron los voceros del consejo.
Este y otros sectores del movimiento indígena colombiano han recibido varios guiños del gobierno en las últimas semanas. En primer lugar está el nombramiento de Lena Estrada como ministra de Ambiente, quien es la primera indígena en dirigir una cartera del Ejecutivo. “Vamos por las calles”, dijo Estrada en un mensaje que le envió a seis organizaciones indígenas. A todo se suma que el presidente Petro mantiene una cuantiosa y constante contratación con estos grupos y que este martes, en otro acto inédito, los puso en primera plana nacional al iniciar la alocución con el himno de la Guardia Indígena.
Los movimientos afros también están entre los que podrían impulsar las movilizaciones, pues, justamente en relación con los cambios en el gabinete, recibieron con agrado el nombramiento de Carlos Rosero, histórico líder del Proceso de Comunidades Negras (PCN), como nuevo ministro de la Igualdad. Y finalmente, al grupo se suman los jóvenes, a quienes Petro les hizo el llamado directamente, al recordarles que fueron ellos la pieza clave del “estallido social” que le ayudó a ganar la Presidencia en 2022.
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¿Qué opciones tiene la consulta popular propuesta por el presidente?
La capitalización en las urnas de ese posible nuevo estallido en las calles es el siguiente paso en la estrategia desplegada por el jefe de Estado. Aquí la movida gira nuevamente hacia el Congreso y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien, a pesar de llevar a cabo reuniones con los partidos durante casi un mes, está ad portas de una derrota mayúscula en el Legislativo.
Según confirmó el propio Benedetti este martes, por ahora mantendrán sus apuestas por las reformas y no las retirarán a la espera de que, si es el caso, sean los ocho senadores de la Comisión Séptima los que les den la estocada final. Simultáneamente, el jefe de la cartera política deberá demostrarle al presidente que la idea de una consulta popular sí tendría cabida en el Senado, pues la ley establece que el mecanismo requiere el visto bueno de esa corporación.
Así las cosas, Benedetti pasará de hacer cuentas con los 14 votos de la Comisión Séptima a medir los apoyos entre los 105 integrantes de la plenaria. Aunque esas cuentas aún son prematuras, el ministro ya envió una llamativa advertencia: “Yo quisiera ver quién en el Senado se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley”.
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Al margen de la puja por los votos, la propuesta del mandatario ya ha encontrado otras trabas. Por un lado, opositores y algunos analistas aseguran que no se puede someter a consulta popular un proyecto con articulado técnico, ya que sería imposible condensar en una sola pregunta el contenido. Así mismo, algunas voces advierten que solo el Congreso puede crear leyes.
Sin embargo, lo que buscaría el Gobierno es pedir respaldo en las urnas a unos mandatos que, de ser aprobados por los colombianos, deben implementarse por ley, decreto o política pública. Aún así, los interrogantes corren por cuenta de los tiempos, los recursos y la participación que necesita el Ejecutivo para lograr la meta.
Por un lado, debe remitir al Senado, con firmas de todos sus ministros, la pregunta de la consulta y su justificación; desde ese momento la corporación tiene un mes para pronunciarse. Si se aprueba en esa instancia, el llamado a las urnas debe hacerse dentro de los tres meses siguientes y convocar al menos a la tercera parte del censo electoral, un poco más de 13 millones de ciudadanos.
Además de que se trata de un número que incluso supera los 11,2 millones de votos que logró Petro en la segunda vuelta del 2022, muchos ya se preguntan cuánto costaría un proceso de tal envergadura y también si se genera una competencia desigual de cara al 2026, pues el oficialismo terminaría haciendo una campaña con recursos públicos.
Las reformas y la opción de decretar los cambios
Hay una tercera ruta que hasta el momento ha sido poco explorada, pero sobre la que el presidente y algunos ministros han dado algunas pinceladas en las últimas horas: la puesta en marcha de las reformas a través de actos administrativos. “Lo que es posible decretar se decretará en los próximos días. El poder del pueblo es el poder de movilizarse, pero sobre todo es el poder de decidir”, dijo Petro en uno de sus trinos en X.
De acuerdo con algunos integrantes del gabinete, este proceso se podría iniciar incluso con la reforma laboral, ya que en cuestión de días podría emitir decretos sobre tercerización laboral y derechos colectivos, dos de los puntos más cuestionados por los gremios económicos. En cualquier caso, actos administrativos como estos estarían sujetos al control de la jurisdicción contenciosa administrativa.
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Ministros como Edwin Palma le han sugerido al presidente insistir en la reglamentación de temas como el fortalecimiento de los mecanismos preventivos sobre acoso y violencia, esto dándole más capacidades a los comités de convivencia laboral. Así mismo, ha hablado de regular los límites de la tercerización laboral y ajustarla, vía decretos, a las recomendaciones de la OIT y la jurisprudencia más reciente de las altas cortes.
Así las cosas, el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene abiertos tres caminos para presionar por sus reformas: las calles, las urnas y los decretos; los cuales, sin embargo, van a generar más tensión en la fracturada relación con el Congreso, pero a la vez le dan al petrismo tres vías potenciales para impulsar su idea de darle otros cuatro años de poder al progresismo.
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Por David Efrén Ortega
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