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El futuro sobre el desarrollo o la protección de la sabana de Bogotá se definirá en los próximos 45 días. Tras el choque entre el Distrito y el Gobierno Nacional, por el proyecto de resolución que busca detener la desmedida expansión urbana en ese territorio, el Ministerio de Ambiente abrió una jornada de socialización, para aclarar las dudas frente al futuro acto administrativo.
Si bien, la cartera ha sido enfática en que sí socializó el proyecto en 30 espacios de diálogo, previos a la apertura de la etapa de comentarios (en la que está actualmente), los alcaldes de la región dicen lo contrario. Ante esta situación, el Ministerio accedió a la petición de la Gobernación de Cundinamarca de extender 45 días el plazo para comentarios, para zanjar las inquietudes y los supuestos vacíos de concertación.
Eso sí, la entidad aclaró que la extensión no constituye una tentativa de cancelación de la resolución. Por consiguiente, en los siguientes 45 días se buscarán espacio para adelantar diálogos integrales con los gobiernos de los municipios de la sabana, la Gobernación y, en lo posible, con el Distrito, para ajustar las ambigüedades, resolver las lagunas interpretativas y, finalmente, tener una resolución completa y socializada.
El Espectador moderó este martes uno de estos primeros espacios públicos tras la ampliación de plazo, en los que el equipo del Minambiente y otros expertos, como el exministro Manuel Rodríguez y el presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá (SMOB), Carlos Roberto Pombo, aterrizaron y respondieron a múltiples dudas de los mandatarios locales sobre el impacto de la resolución en algunos proyectos.
En el espacio, los expertos no solo se refirieron, por ejemplo, a las zonas delimitadas en la resolución como Humedales en Transformación o el impacto de las determinantes ambientales en proyectos como la PTAR Canoas, los Regiotram y la ampliación de corredores como la Autopista Norte. También, pusieron sobre la mesa los lineamientos técnicos detrás de la resolución, así como la necesidad mejorar las directrices sobre los cuales se han organizado los ecosistemas de la sabana.
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La sabana pide ayuda
En primer lugar, Gustavo Adolfo Carrión Barrero, director de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental (SINA), se refirió a las leyes en las que se amparó el Ministerio para la resolución. Resaltó la Ley 99 de 1993, que declaró a la sabana como ecosistema de interés nacional, y la ley 2294 de 2023, que le otorga la facultad para definir determinantes, a partir de una norma de superior jerarquía. Bajo esta línea, recalcó que el fin de la resolución no es otro que el de recomponer el rumbo ecológico de la sabana.
De ese objetivo habló Andrés Ramírez, coordinador del Equipo Sabana de Bogotá del Minambiente, quien se refirió a la erosión ecosistémica de la región, por fallas de la planeación territorial. “Se ha perdido 75 % de integridad ecológica. Los ecosistemas han perdido su calidad original y los indicadores de salud están modificados”, explicó. La primera consecuencia: la sabana aglutina territorios vulnerables al cambio climático.
Hoy 2.200 Ha de humedales estan superpuestas en zonas compatibles con minería y 7.714 Ha de bosques andinos no cuentan con las medidas de protección necesarias para su preservación. Además, hay 21.570 Ha localizadas en áreas de amenazas naturales (inundaciones, sequías, tormentas torrenciales). De ahí que, para intentar corregir el rumbo, la resolución busca proteger 580.000 hectáreas (ha), ubicadas en Bogotá y los 40 municipios que la rodean, donde actualmente habitan 10,4 millones de personas.
Lo que busca la resolución
Tras detallar la situación, Ramírez explicó cómo la resolución atacaría las causas de la erosión ecosistémica. De manera prioritaria, fijaría lineamientos estrictos, que instaría a sectores productivos y a las alcaldías incluir restricciones en su actividad sobre el suelo, para no comprometer la vocación de filtración y capacidad acuíferas. Estos deberían quedar en los instrumentos de planeación locales como los POMCA y los planes de ordenamiento territorial, priorizando la conservación, recuperación y restauración de las hectáreas en riesgo.
Aclaraciones
En medio del mar de dudas, sobre los efectos de la norma en los proyectos en curso, el Ministerio ha señalado que los efectos de la resolución no serían retroactivos. Es decir, aplicaría para proyectos futuros (una vez expedida la norma) y no afectaría lo que está actualmente en el ordenamiento territorial. No obstante, este argumento ha sido cuestionado, en especial, por la cartografía que usó la cartera para delimitar las zonas en las que aplicaría las nuevas determinantes.
En particular, expertos y funcionarios del Distrito mostraron preocupación por el tratamiento de humedal a zonas que están construidas y consolidadas. Aunque la resolución denomina estas zonas como “humedales temporales transformados”, no había claridad sobre cómo las acciones de preservación y recuperación impactarían estas porciones de territorio. En este sentido, Ramírez dijo que las convenciones estaban “siendo malinterpretadas”, pero lo reconoció como una oportunidad “para mejorar la claridad de la reglamentación”.
¿Por qué quedó sobrepuesta esta cartografía? Ramírez aclaró que hacerlo permite apreciar “la existencia de una geoforma susceptible a la inundación”. Es decir, al ser zonas residenciales asentadas sobre antiguos humedales, corren el riesgo de inundarse en cualquier momento. Por consiguiente, las acciones provenientes de la resolución, respecto a estos suelos, irían encaminadas a la mitigación del riesgo; la protección de los cauces de los humedales, más no a la reconstrucción de las ciudades y municipios.
Aunado a lo anterior, y no menos importante, es el impacto de las nuevas determinantes en los planes parciales de desarrollo, también conocidos como suelo de expansión. Las hectáreas que ya están apartadas para este tratamiento, explica el funcionario, no serán devueltas a suelo de tratamiento ambiental ni serán reclasificadas.
No obstante, para las hectáreas ya denominadas como rurales, con vocación agrícola, habrá un coto para posibles avanzadas urbanísticas, lo cual fomentará, por ejemplo, la densificación de Bogotá y los 40 municipios de la sabana. Desde otro punto de vista, al menos entre líneas, se interpreta que allende las áreas de expansión ya aprobadas, resultará complicado que nuevas hectáreas de suelo puedan ser incluidas para este tratamiento.
Sin riesgo para los proyectos
Proyectos como los Regiotram (los cuales están exentos de licencia ambiental) y la PTAR Salitre tampoco se verán afectados por la resolución, por cuanto, valga la redundancia, pertenecen a un marco jurídico y territorial previamente adoptado a la resolución. Sin embargo, para proyectos que aún están en veremos, como la ampliación de la Autopista Norte o las líneas de transmisión energética Chivor y Sogamoso, no está tan claro el futuro.
¿La razón? Los desarrolladores deberán replantear los trazados, a los que se les archivó las licencias, por parte de la ANLA, y elaborar unos más amigables con el medio ambiente. Para el caso de la Autonorte, por ejemplo, tendrían que elevar los tramos de la extensión que toquen zonas de humedal y para los proyectos energéticos, la reconfiguración de una nueva línea de transmisión, que no pase por los bosques de niebla y otros ecosistemas de interés en la sabana.
Corregir los errores
Aunque los Planes de Ordenamiento Territorial y los POMCA ya disponían de reglamentación para la preservación ecosistémica, la sabana de Bogotá ha sucumbido a los vicios de la expansión urbana desmedida. La exministra de ambiente, Susana Muhamad, trajo a colación el escándalo de volteo de tierras, mediante el cual cientos de hectáreas de interés ecológico pasaron, de la noche a la mañana, a ser suelos actos para la construcción de vivienda.
Cerca de una treintena de alcaldes, exfuncionarios de la CAR y exconcejales municipales fueron blanco de sanciones y procesos judiciales que, aún hoy, continúan en curso. De ahí, que la necesidad de una orden de jerarquía superior, que ponga freno a los envites de corrupción local, sea uno de los pilares de la iniciativa. “30 años después, el Ministerio dejará de ser espectador del deterioro de la sabana. Aunque ya pasamos los límites ecológicos, los lineamientos son apenas un primer paso para repensar y conservar lo mínimo”.
Las cartas están sobre la mesa. Las rencillas políticas sobre lo que ya no fue pierden todo el sentido y las toldas vuelven a reacomodarse. Los próximos 45 días deberán aprovecharse para avanzar y corregir, lejos de cualquier amague de confrontación política. Hay un tesoro de humedales, ríos, montañas y paisajes sabaneros en riesgo. Salvarlos es la prioridad, pero el método, en cualquier caso, debe ir acompañada de la necesaria concertación y del trabajo en equipo. Ese es, sin duda, el principal obstáculo a vencer.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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