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Los comienzos de año suelen tener un cierto aire a “El día de la marmota”, una película de 1993 en la que Bill Murray vive el mismo día una y otra vez.
En cada principio de año solemos concentrarnos en proyectar qué pasará en este nuevo calendario. Y para el caso de tecnología en general, y de política digital en particular, esto significa hablar un poco de lo mismo del año pasado.
Los retos globales y locales siguen siendo, en su esencia, muy similares a los de 2021: cómo redefinimos la relación que tenemos con la tecnología en aspectos que van desde la privacidad hasta la regulación antimonopolio.
La diferencia es que este año las discusiones vienen cargadas de datos y nuevas revelaciones sobre lo que algunas de las grandes compañías han estado haciendo (mal) en términos de alimentar discursos de odio, amplificar la desinformación o perseguir sus objetivos financieros por encima del bienestar general de muchas sociedades (especialmente si estas no hablan inglés).
Ahora, para ser una discusión que comienza a parecer cíclica, la política digital a escala global tiene un nuevo elemento de discusión: el metaverso y quién/es y cómo se construirán los marcos regulatorios alrededor de una idea que bien puede ser una moda o un producto de nicho, o la próxima evolución de internet.
Aquí hacemos un barrido general de lo que nos depara el año legal y regulatorio alrededor de la tecnología.
Los monopolios
Los monopolios
Después de las revelaciones de Frances Haugen, quien filtró miles de documentos de Meta (conocida como Facebook hasta octubre de 2021) que muestran el rol de la compañía en fenómenos como la desinformación o los discursos de odio, el agua parece haberse rebosado para muchos legisladores en EE. UU., principal mercado de Meta.
La regulación de los vastos poderes de mercado que tienen compañías como Meta y Google sigue siendo un asunto espinoso de tratar políticamente, pero al menos hasta ahora hay un cierto consenso legislativo de que algo tiene que ceder: un paquete de tres iniciativas legislativas ya salió del subcomité judicial de la Cámara de Representantes, lo que despeja el camino para que estas propuestas sean discutidas más ampliamente por este cuerpo legislativo.
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Por ejemplo, una de estas iniciativas le prohíbe a las grandes compañías tomar acciones de mercado discriminatorias contra otras compañías que dependen de sus servicios, incluso cuando son un competidor.
Esta pieza de legislación va muy en línea con hallazgos de reguladores europeos que han advertido cómo Google ha privilegiado en sus resultados de búsqueda productos propios por encima de los de otras compañías.
El representante demócrata David Cicilline, quien encabeza el subcomité, le dijo a CNBC que tiene “confianza en que las tres iniciativas serán aprobadas”.
Claro, esto es al menos hasta antes de las elecciones legislativas de este año en las que se juegan todos los asientos de la Cámara de Representantes y 34 del Senado. Este pulso no solo determinará la gobernabilidad del presidente Joe Biden en general, sino también marcará un momento crucial para legislar alrededor de las llamadas Big Tech (compañías como Meta, Google, Apple, Amazon y Microsoft).
También hay que recordar que al menos dos agencias regulatorias de EE. UU. tienen investigaciones antimonopolio abiertas contra Facebook (Meta) y Google.
La moderación del contenido
Al igual que las investigaciones antimonopolio, la moderación de contenido es otro de los pulsos de gran calado alrededor de las Big Tech. Pero un factor que las diferencia es que, a pesar de tener apoyo legislativo, el camino regulatorio en este aspecto es mucho más complejo y bastante menos claro.
Parece haber cierto consenso en que las plataformas, en general, deberían hacer más para resguardar a sus usuarios y audiencias. Las revelaciones de Haugen alrededor de Facebook dejaron claro que, aunque hay acciones que han ayudado, aún hay muchísimo por hacer, especialmente en los mercados no angloparlantes de Meta (Facebook).
Pero a pesar de esta suerte de acuerdo latente, las posibilidades de legislar y regular en términos de desinformación y discurso de odio no son tan claras para todo el espectro de Big Tech. ¿Por qué? Porque cada plataforma y sus posibilidades produce efectos y características diferentes en cada mercado que opera, lo que dificulta que una talla de regulación le quede bien a todos, por decirlo de cierta forma.
Investigadores y académicos también han comenzado a encontrar terreno común al exigir más transparencia en la forma como se diseñan e implementan los algoritmos que regulan la exposición del contenido, primero. Segundo, hay un consenso en que los esfuerzos humanos detrás de la moderación del contenido deben crecer pronto y en escala, en especial en países en los que no se habla inglés. Por último, otro de los puntos claves es permitir el acceso de investigadores y académicos al vasto universo de datos que orbitan alrededor de Facebook, porque esto permite entender, desde múltiples aristas, el rol y los puntos de fricción de la tecnología con la sociedad, por ponerlo en una forma general.
El metaverso
La próxima evolución de internet, como lo dice Meta (Facebook) o una moda de nicho, el metaverso representa un nuevo espacio de interacción digital con el potencial de alterar y crear nuevos mercados, así como redefinir la forma en la que nos relacionamos con y a través de la tecnología.
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Todo bien (más o menos) hasta ahí. Pero una de las preocupaciones es quién construirá el marco regulatorio de este espacio.
La construcción de un metaverso, como lo dijo Mark Zuckerberg en octubre durante la presentación de la nueva estrategia de la compañía (que se centrará en el metaverso y por eso el cambio de nombre a Meta), requerirá el esfuerzo colaborativo entre compañías para lograr la interoperabilidad de las plataformas, pero también porque es necesario pensar en nuevas estructuras de control y gobernanza.
Y estas dos últimas palabras podrían no rimar mucho con la marca Facebook (o Meta). Como lo dijo un usuario en Twitter en su momento: “Bueno, un monopolio va a poner las reglas de la próxima internet. Apague y vámonos”.
Sin perjuicio de cómo Facebook/Meta piensa el futuro de la tecnología, lo cierto es que buena parte de lo que suceda con la red dependerá no solo de los avances técnicos alrededor de internet o las realidades virtuales y aumentadas, sino también sobre cómo se evitará repetir los abismos actuales: un puñado de compañías que controlan la economía digital después de haber moldeado el mundo a su imagen y semejanza.
Y este año podría ser clave en comenzar a avanzar en esta ruta, poniendo las primeras piezas que soportarán el metaverso, desde la regulación y la gobernanza.
Derecho a reparar
Desde 2021, el movimiento por el derecho a reparar ha ido ganando tracción en EE. UU. y Europa, que son dos de los focos legislativos y regulatorios a los que otros países como Colombia suelen mirar en estos temas.
El derecho a reparar aboga por mayor información y transparencia de parte de los fabricantes de dispositivos, como Apple, para permitirles a los consumidores reparar independientemente sus aparatos en vez de botarlos y comprar uno nuevo o llevarlos al servicio de mantenimiento y reparación de la marca. En otras palabras, le permite al usuario decidir y obrar con libertad sobre algo que es de su propiedad.
En junio del año pasado fue introducida una ley en la Cámara de Representantes de EE. UU. que va en línea con este movimiento. Y tanto Apple como Microsoft han anunciado iniciativas para extender el nivel de control y manipulación que los usuarios tienen sobre sus propios dispositivos.
Movilidad digital en Colombia
Aunque en un año electoral pocas cosas suceden más allá de la resolución de los pulsos electorales, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo bien podría ser el momento para tomarse en serio la regulación de las plataformas de movilidad en Colombia.
Resulta de no creer que en la segunda década del siglo XXI no hayamos podido llegar a consensos ni soluciones alrededor de un factor fundamental, como lo es el papel de la tecnología en la movilidad urbana.
Claro, esta urgencia normativa entrará a competir con las prioridades del próximo gobierno, que orbitarán necesariamente alrededor de temas de gran calado, como reformas tributaria, laboral y pensional, por solo mencionar tres asuntos en el espectro económico.
