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El secuestro es un crimen terrible que, al haber sido cometido sistemáticamente por las guerrillas, llevó a nuestro conflicto armado a niveles extremos de crueldad. Un punto que nos une a casi todos los colombianos es entonces nuestra voluntad de poner fin al secuestro y que los casos ocurridos sean esclarecidos, las víctimas sean reconocidas y reparadas, y los responsables rindan cuentas ante la justicia.
Una de las columnas vertebrales del Acuerdo de Paz con las Farc fue avanzar en esa dirección. Hacia el futuro, el fin del conflicto armado evitaría nuevos secuestros por las guerrillas. Hacia el pasado, como el secuestro no fue amnistiado, el deber de los exguerrilleros de las Farc desmovilizados es decir la verdad plena sobre ese crimen como condición para acceder a la llamada sanción propia: restricción efectiva de libertades y derechos durante 5 a 8 años, en que deben cumplir además con labores restaurativas a favor de las víctimas y la paz. Si los exguerrilleros responsables de ese crimen o de otras atrocidades no cumplen con esas condicionalidades, entonces deberían ser condenados hasta 20 años de cárcel por la JEP.
Esto muestra que, contrariamente a los ataques en contra, la paz con las Farc no es una paz con impunidad, sino con justicia. Una justicia transicional, que es distinta a la ordinaria prevista por el sistema penal, pero que puede llegar a ser más significativa, pues debe permitir el esclarecimiento de muchos casos que hoy están en total impunidad en la justicia ordinaria. Además, esta justicia transicional reconoce a las víctimas y les da una voz privilegiada, mientras que obliga a los victimarios a que asuman sus responsabilidades.
Aunque no con la celeridad que muchos quisiéramos, dos hechos muy significativos esta semana muestran además que esta justicia transicional está empezando a dar resultados. Primero, los principales excomandantes de las extintas Farc reconocieron ante la JEP que los secuestros que cometieron eran una atrocidad inaceptable y, sin atenuantes, pidieron perdón a las víctimas y se comprometieron a esclarecer esos crímenes y a contribuir a encontrar los restos de quienes están desaparecidos. Segundo, Íngrid Betancourt entregó su testimonio ante la Comisión de la Verdad, de sus seis años de cautiverio, mostrando los impactos devastadores de este crimen, incluso después de la liberación. Dijo Íngrid que con el secuestro “entra uno en una especie de exilio, en una soledad donde uno no puede tocar fondo, y en esa soledad la persona se pierde, se olvida de quién es y de quién fue”.
Las víctimas de secuestro, dignificadas y con voz; los responsables de esta atrocidad, asumiendo sus responsabilidades ante la justicia. Esta paz con justicia, a pesar de sus imperfecciones y de la difícil situación que atraviesa, merece ser defendida. ¿O preferimos perpetuar la guerra y quedar atrapados en sus crueldades, como lo han hecho Márquez y Santrich? Ojalá el Eln oiga estos clamores por la paz y contra el secuestro, y abandone su tesis de que esa práctica atroz es compatible con el DIH, que es totalmente errada, como lo he mostrado en textos anteriores. Pero, sobre todo, que deje de secuestrar y libere a todos sus secuestrados como un gesto esencial para recuperar la posibilidad de negociaciones de paz con esa guerrilla.
En ese espíritu de defensa de esta paz imperfecta y en dificultades, pero que avanza y es necesaria y justa, me uno a la convocatoria del movimiento “Defendamos la Paz” para que nos encontremos el sábado 26 en la conferencia internacional “El mundo exige la paz” por Youtube, La Línea del Medio y Facebook Live. Con ustedes, por la paz seremos más.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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