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En mala hora el gobierno nacional, a través del ministerio de las TIC, presentó un proyecto de ley la semana pasada para regular los contenidos que difunden los servicios de televisión, de radiodifusión sonora y los proveedores de servicios de internet.
Con la disculpa de proteger a los menores de edad, el proyecto le da a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, al ICBF y al ministerio de las TIC, la potestad de crear códigos de “buenas prácticas” e imponer sanciones bajo criterios caprichosos y subjetivos.
Como tantos otros proyectos anodinos y arbitrarios, en este se prevén dos mecanismos para aliviar la conciencia y disculpar la falta de creatividad y profundidad: una comisión de “expertos” y multas exorbitantes. ¿De verás creen que así se enfrenta la compleja problemática de los menores expuestos de manera indiscriminada a los contenidos digitales?
El artículo 20 del proyecto faculta a las autoridades para prohibir de manera cautelar e inmediata la prohibición de un determinado contenido que “potencialmente” pueda poner en riesgo los derechos de los menores. Esta previsión va en contra de una decisión de Corte Constitucional -sentencia T-505 de 2000- que declaró que ninguna autoridad administrativa puede decidir de manera previa si un determinado contenido puede o no difundirse.
El Congreso de la República debería archivar por inconstitucional e inconveniente este proyecto de ley. Se necesita tiempo, reflexión y sabiduría para acertar en cómo enfrentar la triste realidad de que nuestros niños y jóvenes están fatalmente atrapados en las redes. No es la difusión masiva de contenidos sino la interacción personal y soterrada de los menores de edad a través de sus teléfonos celulares lo que los expone a los peores riesgos. Es una verdadera tragedia y el proyecto no es la manera de resolverlo.
La esperanza de que las regulaciones arbitrarias que expidan las autoridades desaparezcan del ordenamiento jurídico -o al menos de que sean suspendidas provisionalmente– se estrella con la realidad de que el Consejo de Estado está colapsado y sus decisiones se tardan varios años en ser expedidas. Las autoridades lo saben y se aprovechan de esa circunstancia para atropellar en muchos casos los derechos constitucionales.
@jcgomez_j
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