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En 2017, la Corte Constitucional fue muy clara: el Congreso de la República tenía hasta el 19 de junio de 2019 para expedir una ley estatutaria que regulara todo el derecho de reunión, que incluye la protesta y la movilización social, con aspectos fundamentales como las autorizaciones para poder hacer manifestaciones o cuándo la Fuerza Pública puede intervenir en ellas. Así lo dejó en claro el alto tribunal al decidir que todo el apartado del Código de Policía sobre el derecho de reunión era contrario a la Constitución. No obstante, el Congreso no hizo la tarea a tiempo y ahora no es claro qué va a pasar.
Esta historia remite a dos años atrás, cuando el alto tribunal estudió una demanda que presentó Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, contra el Código de Policía, que es la Ley 1801 de 2016. Analizó varios artículos del Código que definían qué es una aglomeración de público compleja (como un evento o un partido de fútbol), quién debía prestar seguridad para este tipo de reuniones o qué comportamientos podrían acarrear una multa. O bien, los artículos que establecían que para poder marchar en la calle se tenía que pedir permiso 48 horas antes. En total, 29 artículos.
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En la Sentencia C-223 de 2017 la Corte los tumbó todos por considerar que debieron ser tramitados por una ley estatutaria, pues lo que estaba en juego era un derecho fundamental. Se trataba de la democracia en la calle, de establecer las restricciones, los límites y las prohibiciones del derecho a reunirse y manifestarse en el espacio público. Por eso, aunque declaró contrarios a la Constitución esos 29 artículos, dijo que su decisión empezaba a regir desde el 20 de junio de 2019, dándole un plazo de dos años al Congreso para crear una nueva legislación.
El Espectador constató que, en las dos legislaturas que pasaron, en el Congreso no hubo iniciativa al respecto que prosperara. “En términos políticos y jurídicos, el Congreso no le cumplió a la ciudadanía en un asunto de tanta importancia como lo es ese cimiento de la democracia de la reunión, manifestación y protesta, que son derechos fundamentales, contribuyendo así a la inseguridad jurídica del país”, señaló a este diario el demandante del Código, el abogado Burbano Villamarín. La deuda del Congreso entonces tiene varias implicaciones. Por un lado es claro que no se podrán seguir usando esos apartados del Código de Policía.
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Lo que no quedó claro, sin embargo, es qué normativa queda vigente, es decir, qué normas deberán usar los alcaldes o la Policía de cara a las movilizaciones. Burbano considera que el Código de Policía anterior, el Decreto 1355 de 1970, no se puede usar porque quedó derogado con el nuevo que entró en vigencia en 2016. El investigador de Dejusticia Santiago Virgüez, por su parte, estima que sí se revive el Código anterior, pero que esas disposiciones, a su juicio, son contrarias a la Constitución. “Tenemos legislación contradictoria”, aseguró.
Para Virgüez, lo que va a pasar ahora es que los alcaldes y la Policía tendrán que aplicar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es decir, lo que ha dicho sobre el derecho de reunión en diversos pronunciamientos. No obstante, en su criterio, es más que necesaria la ley estatutaria al respecto, para que no haya dudas, malas interpretaciones o vacíos, en especial para la Policía, la entidad que ejerce control sobre la protesta en la práctica.
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Así las cosas, el derecho a la protesta social se podrá seguir ejerciendo común y corriente, pero para las autoridades no habrá una ley en donde quede especificado qué puede hacer y qué no. Esa ley, además, tendría que tener en cuenta otros pronunciamientos que la Corte Constitucional ha hecho en relación con los artículos que se cayeron ante la negativa del Congreso a tramitar una ley estatutaria sobre este tema.
Por ejemplo, al estudiar una demanda que presentó Dejusticia, la Corte dijo en 2018 que toda persona se puede manifestar en sitio público sobre cualquier cosa, menos para hacer propaganda de guerra, apología al odio o la pornografía infantil. La sentencia que tumbó la regulación del derecho a la protesta en 2017 tiene todo un apartado que, en principio, tendría que ser tenido en cuenta por el Congreso cuando decida legislar al respecto.
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Con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, el alto tribunal dijo que el hecho de tener que avisar a las autoridades que se va a hacer una marcha no puede dar pie a desautorizarla, porque sería un límite injustificado al derecho de reunión o incluso censura. Y, además, iría en contra de las manifestaciones espontáneas. “Por tanto, el legislador puede consagrar una regla de aviso previo, pero sin que ella implique una obligación para el ejercicio del derecho a la reunión, manifestación y protesta, ni una obligación de autorización previa implícita”, señaló en esa oportunidad la Corte.
Estos elementos son cruciales porque, además, el Gobierno Nacional expidió un protocolo de protesta con diversas organizaciones sociales en virtud del punto de participación política que contempla el Acuerdo de Paz. Según la Resolución 1190 del 3 de agosto de 2018 del Ministerio del Interior, la guía metodológica que surgió de este proceso, aunque no es una regulación, sí son una serie de lineamientos para garantizar la protesta pacífica “como un ejercicio legítimo”.
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Para Virgüez, de no tener rápido una ley que especifique sin lugar a dudas qué se puede hacer y qué no, es problemático porque al antiguo Código de Policía sería contrario a este protocolo y a la Constitución. Las cartas entonces están en la mesa del Congreso. El senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, quien fue el ponente del Código de Policía, reveló a este diario que el Gobierno ya tiene listo un proyecto de ley al respecto y que le pidieron ser ponente de nuevo: “Manifesté que lo hacía, siempre y cuando alguien del Gobierno lo presentara conmigo, y estamos esperando esa definición”, dijo.
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