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El ruido en torno a la posibilidad de que Colombia sea azotada por una crisis que afecte la expedición de pasaportes, por cuenta de la finalización del contrato que tiene Thomas Greg & Sons el próximo 2 de octubre, llevó a que el Gobierno desplegara un plan de choque en diversos frentes para atender la situación. Y uno de sus componentes se vio, precisamente, en la tarde de este jueves en Bogotá y lo ejecutó el propio canciller Luis Gilberto Murillo.
En efecto, el funcionario salió del Palacio de San Carlos hacia la oficina en la que se gestiona este documento en el centro de la capital, a 10 minutos caminando desde la sede de la Cancillería, para verificar cómo está operando el lugar y, de paso, dar un mensaje en torno a que la administración del presidente Gustavo Petro sí puede tomar ese control.
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El movimiento del funcionario, que tuvo esa carga de simbolismo que suelen caracterizar las acciones del Gobierno, tenía como fin decirle directamente a la ciudadanía que la intención de la Casa de Nariño es recuperar la información personal de ese tipo de tarjetas, que ahora mismo maneja un privado, y que el Estado sí tiene cómo darle buen uso. Eso, incluso, ha sido parte de los argumentos que desde hace un año viene esgrimiendo el presidente Petro en su cruzada por arrebatarle a Thomas este contrato y promover la intervención de lo público.
Y ahí entra otro punto del plan de choque. Horas antes de que Murillo hiciera el recorrido se habían impartido instrucciones en la Cancillería para acercarse a la firma que hace casi dos décadas elabora los pasaportes en el país, con el fin de explorar la posibilidad de que Thomas retire la demanda que interpuso contra Colombia –por $117.000 millones– luego de que se echara por el piso la licitación que ganó para continuar ese proceso y que Petro ordenó frenar argumentando que no se podía licitar con un solo oferente, pese a que la ley nacional sí lo permite.
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Eso tiene detrás la intención de analizar si dentro de 41 días –contados desde este jueves que se puso a andar el plan de choque– se podría intentar una nueva prórroga al contrato de Thomas, para que a partir del 3 de octubre siga con ese proceso mientras que el país termina de alistarse para asumir la elaboración de las tarjetas.
El Espectador estableció que ese paso está relacionado con la imposibilidad de que la Imprenta Nacional tome las riendas del proceso, pese a que desde hace al menos seis meses se venía trabajando para que ese paso se diera. Y aunque se habló que desde septiembre de 2025 sí podría tener toda la capacidad y equipos requeridos, el Gobierno ya admitió que tampoco será así.
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En las últimas 48 horas, según fuentes de la Casa de Nariño, el tema se analizó con pinzas, porque volver a buscar a Thomas es reconocer que el sector público aún no tiene la capacidad técnica y operativa para elaborar pasaportes con todos los requerimientos internacionales que se necesitan y por lo que hay 136 naciones que les permiten a los colombianos ingresar sin visa. El hito más reciente se generó cuando Reino Unido, un par de años después de la Unión Europea, levantó este requisito.
El temor que también formó parte de esas citas es que al hacer la transición entre el privado y el sector público en la elaboración de las libretas se pierda calidad y seguridad, lo que hace latente el riesgo de que se les impongan nuevamente visas a los colombianos. Incluso, extraoficialmente se habla de un mensaje que en ese sentido habría dejado el expresidente Juan Manuel Santos en una reciente reunión a la que asistió en el Palacio de San Carlos.
Además, si se mantiene la elaboración con Thomas se solventa –al menos temporalmente– la necesidad de tener una máquina que cumpla con los parámetros para la impresión de las tarjetas. Y aunque hay otro privado, Cadena, que también tiene una con similares condiciones, su ingreso en el negocio requeriría pasar por otra licitación que aún no está lista.
Todos estos escenarios, además, fueron parte de la citación que ordenó la Procuraduría de Margarita Cabello el pasado martes, cuando les preguntó a Murillo y al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, qué tan preparada está la administración Petro para asumir desde lo público la elaboración de estos documentos de identificación a nivel internacional.
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“No hay ninguna afectación a la expedición de estos pasaportes, ni lo habrá después del 3 de octubre. Precisamente, vamos a trabajar cada detalle para evitar cualquier imprevisión que pueda aparecer en el horizonte, y es en eso en lo que vamos a tener un acompañamiento de la Procuraduría y vamos a realizar unas mesas de trabajo”, aseguró Murillo tras ese encuentro.
Y justo aquí encaja el tercer movimiento de la nueva estrategia que se puso en marcha para evitar que un caos con un documento que, según la Cancillería, se imprime diariamente en un promedio de 10.000 diarias, esto en lo que va de 2024.
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Lo que se busca es que un gobierno extranjero, en alianza con un privado –si se requiere–, entre al negocio y apoye la transición hacia lo público en Colombia para elaborar pasaportes. Este diario confirmó que México, Brasil y Estados Unidos declinaron intentarlo, y que la firma mexicana Accesos Holográficos –cuestionada por los líos que ha tenido con la impresión de las cédulas de extranjería– también se mantendría al margen.
Pero países como Portugal –en alianza con Francia–, Alemania, Austria, Canadá y Países Bajos han expresado su interés. Las propuestas formales ya están en los despachos principales de los palacios de Nariño y de San Carlos para ser analizadas, y se supo que a más tardar la próxima semana se revelará al elegido.
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Mientras todo eso se surte, y como un cuarto punto de la nueva estrategia, este mismo jueves se confirmaron ajustes en el software con el que se administra el proceso de solicitudes de citas para pedir un pasaporte. Si bien esto se hace también para frenar las denuncias de posible corrupción –que ya están en poder de la Fiscalía y la Procuraduría– que se han hecho por presunta venta de cupos para esos agendamientos, de fondo está demostrar que el Gobierno sí puede dar puntadas para su objetivo de que todo se vuelva público.
En todo caso, mientras se dirimen estos escenarios y el país aguarda si habrá o no crisis con la expedición de pasaportes, Petro continúa analizando si mantiene la misma estrategia que desplegó desde su llegada a la Casa de Nariño para quitarle poder a Thomas Greg. La gran incógnita es si una pelea similar se verá en los procesos electorales de 2026, pues esa firma controla varios de los softwares que se usan en los comicios colombianos y por lo que el jefe de Estado ha hablado hasta de posibles robos de elecciones.
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