Magistrada Cristina Lombana dejará el Ejército y se quedará en la Corte Suprema de Justicia

La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana, quien a su vez es mayor del Ejército, pidió a la institución castrenese ponerle fin a su carrera militar. Lombana, quien llegó al alto tribunal el año pasado, en su momento pidió permiso al Ejército para poder hacer parte en esta sala de la corporación. Aunque en un inicio los magistrados de la Corte no vieron inconvenientes en que Lombana tuviese una doble condición, es decir, magistrada y oficial del Ejército, ya posesionada en su cargo esta situación la puso en aprietos. Por ejemplo, hace poco tuvo que apartarse de las investigaciones que cursan en el alto tribunal en contra del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, ya que en su momento, Uribe, como presidente y máximo líder de la Fuerza Pública, tenía como subordinada a Lombana. El origen de este asunto, sucedió hace algunas semanas cuando el senador Iván Cepeda (en calidad de víctima en el proceso en que se investiga al senador Uribe) recusó a la magistrada, teniendo en cuenta este argumento.

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En la respuesta a ese recurso, sus compañeros de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema la apartaron de dos procesos que adelantaba contra Uribe Velez por supuestos falsos testigos. «Unánimemente la Sala Especial concluyó que su condición simultánea de miembro activo de la Fuerza Pública y funcionaria judicial, riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución Política», expresó el presidente de esta instancia, magistrado Héctor Alarcón.

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En reacción a esto, la magistrada puso una tutela ante el Consejo de Estado contra sus compañeros de Sala, pues consideró que sus compañeros se habían extralimitado en sus funciones. «Sin mediar ningún interés particular en los procesos, procedí a instaurar la mencionada acción al no estar de acuerdo con el contenido de la providencia (…) Con su decisión, la Sala pone en entredicho mi imparcialidad, independencia, buen juicio, compromiso con la justicia y honestidad”, señaló en el recurso, en el que pidió que no fuera apartada, como medida provisional y mientras se resuelve el caso de fondo.

La decisión de la Sala de Instrucción, además, hacía un fuerte reparo a la magistrada por mantener el régimen de carrera de los oficiales de la Justicia Penal Militar, así como su rango militar y la vinculación a las fuerzas armadas. Y afirmaba que la justicia no solo debe ser imparcial, sino que debe “parecerlo”. “Dos calidades deben tener los jueces: estar libres de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y con las partes del proceso; y ostentar la apariencia de ser libres e independientes frente a ellos”, dice el documento en el que se consigna la decisión.

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El pronunciamiento de la Sala de Instrucción, que se remite al caso concreto de los procesos de manipulación de testigos, generó cuestionamientos sobre si, en consecuencia, Lombana tendría que ser apartada de todos los casos que están en la Sala de Instrucción en contra de Álvaro Uribe como, por ejemplo, la investigación por su presunta relación en el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998; la masacre de la Granja y de San Roque, perpetradas en 1996, y la masacre del Aro, ocurrida en 1997.

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Este diario consultó al círculo cercano de la magistrada cuando se conoció que sus compañeros la habían apartado de los casos. Las fuentes advirtieron en ese momento que Lombana no tenía pensado retirarse del Ejército ni de la Corte Suprema, entre otros, porque cuando Sala Plena de ese alto tribunal la eligió no le exigió renunciar al Ejército ni consideró como un impedimento su vinculación a las Fuerzas Armadas, por lo cual sorprende la decisión.