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El intento de obtener el permiso de vender las acciones de EPM en Tigo-Une era una carta desgastada. La idea de que son más las pérdidas frente a las ganancias que se generan no había terminado de convencer al Concejo de Medellín, corporación que en reiteradas ocasiones rechazó esa iniciativa.
Sin embargo, la jugada finalmente dio fruto, pues recientemente se le dio el visto bueno al Proyecto de Acuerdo que presentó el alcalde Federico Gutiérrez. La diferencia con los anteriores intentos es que esta vez se fijó el destino de esos eventuales recursos (espantando así al fantasma de que esa plata se la pueden terminar “mecatiando en cositas”); además de que hay un claro interesado en comprar esas acciones, Millicom (actual socio de EPM que quiere quedarse con el 100 % de Tigo).
El problema, con base en lo que se debatió en el consejo, pareciera no tener una respuesta más clara: si la empresa está y seguirá representando pérdidas para EPM (y por ende para las arcas de Medellín), la salida es vender.
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En entrevista con El Espectador, el gerente de EPM, Jhon Alberto Maya Salazar, explicó que desde el año 2021 a 2023, las pérdidas asociadas a Tigo acumularon $2,3 billones, lo que llegó a significar una reducción de $500.000 millones en las transferencias que recibe Medellín. A esto se suma que (para evitar la quiebra), en 2023 Tigo demandó una capitalización de $600.000 millones, de los cuales $300.000 millones fueron aportados por la empresa de los paisas.
Si también se tiene en cuenta que en el mediano plazo Tigo demandaría una nueva capitalización (por como está la industria de las telecomunicaciones en este momento), para la actual gerencia simplemente no es negocio mantener un activo que se ha convertido más en un pasivo.
No obstante, no se niega que Tigo pueda superar su racha de pérdidas y empiece a generar utilidades (cosa probable en un periodo largoplacista), pues como todo negocio de telecomunicaciones tiene sus temporadas. Pero, según lo detallado por Maya, EPM no tiene el suficiente músculo para sostener durante tanto tiempo esa dinámica en la operación, cosa que sí podría permitirse una empresa de más calibre como Millicom o Claro.
Esto es una realidad. En varias ocasiones Claro (quien hoy ostenta el liderazgo de este negocio en el mercado colombiano) le ha compartido a El Espectador que también está pasando por tiempos desafiantes, principalmente por la reducción que se ha venido consolidando en el Arpu (indicador que mide el ingreso promedio por usuario), además de las demandantes inversiones en el sector (principalmente en infraestructura y más recientemente en el alquiler del espectro para la señal del 5G). De hecho, hay que tener en cuenta la situación por la que pasa WOM, compañía que ocupa la cuarta posición en número de usuarios en el país y que hoy también depende de una capitalización para no caer en la quiebra.
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Más allá de esto, también son válidos los argumentos de quienes se han opuesto a la enajenación. El principal se centra en que EPM dejaría de recibir una fuente de ingresos de forma periódica (cuando Tigo vuelva a darlos), pues las inversiones que se plantean con los recursos que se recauden no parecieran, de momento, igualar rentas de ese nivel.
El concejal Alexis Brisvani, por ejemplo, señaló la importancia de no abandonar el negocio de las telecomunicaciones, especialmente en una ciudad como Medellín (que se ha trazado la misionalidad de ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación). El cabildante también resaltó que las inversiones que se planean hacer no necesariamente están enfocadas en fortalecer el patrimonio de EPM (pues parte se irá en financiar programas de educación, emprendimiento y salud).
Finalmente se refirió a la presunta inconveniencia de que se hubiera aprobado este permiso de enajenación sin que se conociera el valor real de las acciones, o que se intenten vender en un escenario donde las mismas se encuentran devaluadas, perdiendo así la oportunidad EPM de obtener mayores ingresos por este concepto.
Sobre esto último el gerente de EPM explicó que el estudio del valor de las acciones se hace después del permiso de enajenación y no antes, pues es una inversión demandante y no tendría sentido de que se pague por esos servicios corriendo el riesgo de que el cabildo vote de forma negativa.
Lo que se viene con la enajenación
Tras la aprobación, el representante del distrito reiteró que EPM seguirá siendo 100 % pública.
Lo que sigue, añade, es un proceso de evaluación en donde una firma experta determinará el rango de valor que puedan tener estas acciones. De momento, según la información consignada en los libros de la empresa, la valoración de Tigo está en $1,6 billones, pero el mencionado estudio podría arrojar resultados que superen los $2 billones.
Según lo detallado por Maya, la ley 226 de 1995, establece que en un primer momento las acciones se tienen que ofrecer al sector solidario y a los sindicatos. Si no se venden por esta vía, se tienen que ofrecer al público y, si de nuevo no se consigue una enajenación, es cuando se pueden extender al socio que tiene preferencia, es decir, Millicom.
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Este proceso podría demorar de un año a un año y medio, pudiéndose acelerar el proceso si se consigue una negociación con Millicom en donde se elimine el último de estos tres pasos; pero aún así, seguiría siendo obligatorio que primero se extienda la oferta a los otros sectores mencionados.
Sobre el destino de los recursos, se sabe que los mismos contarán con veedurías de diferentes sectores. Una de estas será provista por el Concejo de Medellín, y las otras pueden llegar de la academia y comunidades ciudadanas.
Se destaca de la entrevista con Maya una inversión en particular que se quiere hacer con estos recursos, y es la del negocio de reconversión de residuos sólidos.
Este plan es ambicioso, pues lo que se plantea es convertir esa “basura” en gas metano (aportando así a la transición energética del país), y más adelante en la producción de hidrógeno verde. Si se lograra exportar el 0,7 % de la demanda mundial de este último para el año 2030, EPM podría llegar a duplicar o triplicar sus ingresos.
Lo que ha prometido la alcaldía de Federico Gutiérrez es que estos recursos no se destinarán a la financiación de su plan de gobierno (este ya tiene sus propios dineros), ni se convertirán en “plata de bolsillo”. “Nadie tendrá que cuestionar a dónde se irán los recursos. Nunca nadie se volverá a robar a Medellín”, concluyó el distrito.
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