El malestar social en China

China se convirtió en la segunda economía mundial en las últimas tres décadas. Sin embargo, Wen dio a entender que la estabilidad del país pende de un hilo. Son tiempos de revoluciones en el mundo y el Partido Comunista Chino (PCC), con 62 años en el poder, busca evitar un levantamiento en su contra. Censura a la libertad de expresión, detención arbitraria y tortura, son algunas violaciones a los derechos humanos en las que, según organizaciones contactadas por El Espectador, incurre el Gobierno para mantener la “estabilidad social”. Pero lo que logran estas “injusticias sociales y legales” —palabras de Wen— es acrecentar el descontento de los chinos. Estimaciones académicas y oficiales indican que diariamente ocurren entre 250 y 500 protestas en el país.

Desde febrero de 2011 el régimen del presidente Hu Jintao lanzó la mayor ofensiva contra sus disidentes en la última década. El informe mundial de Human Rights Watch (HRW) indica que las autoridades desaparecieron durante semanas a más de 30 críticos de la sociedad. Entre ellos estaban Ai Weiwei, el artista contemporáneo capturado en un lugar no revelado por las autoridades; Li Tie, escritor defensor de los derechos humanos condenado a diez años de cárcel, y Zhu Yufu, acusado de subversión por escribir el poema Es el momento, en el que insta a la gente a defender su libertad.

La mayoría de detenidos han sido acusados de “subvertir el poder del Estado” o de “incitar la subversión al poder del Estado”. El primer delito está especificado así en el código criminal chino: “quienes organizan, planean o llevan a cabo actos para subvertir el poder estatal deben ser sentenciados a cadena perpetua o a una condena no menor a 10 años de prisión”. La incitación a la subversión se define así: “cualquiera que incite a otros a esparcir rumores o calumnias o cualquier otra vía de subvertir el poder estatal o derrocar el sistema socialista debe ser sentenciado a una condena no menor a cinco años de prisión, detención criminal, vigilancia pública o privación de sus derechos políticos”.

Renee Xia, directora internacional del Chinese Human Rights Defenders, dice, en conversación con El Espectador, que tal definición de los delitos es “muy vaga y sujeta a muchas interpretaciones. Por eso las autoridades pueden usarla en la manera que quieran para oprimir la libertad de expresión”. Phelim Kine, investigadora para Asia de Human Rights Watch, también en contacto con este diario, añade que “la persecución y condena de escritores muestra cómo el Gobierno usa la ley para victimizar a cualquier posible disidente del partido único”.

Xia añade que el gobierno chino está “actuando en contra de su propia Constitución (donde se garantiza la libertad de expresión) al encerrar a quienes critican sus políticas”. Kine dice que, además, el régimen actúa por encima de la Convención Internacional para los Derechos Políticos y Civiles, que firmó pero no ha ratificado.

Otro factor del descontento social radica en la censura impuesta a los medios de comunicación. Así lo asegura un representante de la Laogai Research Foundation que prefiere no revelar su identidad: el régimen mantiene un “estrecho control en sus periódicos, radio y canales de televisión. Bloquea la mayoría de noticias del extranjero, blogs y redes sociales. Cuando alguien sube un comentario en contra del PCC, su mensaje es eliminado casi inmediatamente, por un computador o por uno de los miles de empleados del Partido que monitorean el contenido de internet”.

No sólo los críticos, artistas, blogueros, tuiteros… se han visto afectados por la censura. El Gobierno también mantiene políticas represivas contra minorías étnicas en áreas como el Tíbet y Xinjiang, donde en nombre de la “estabilidad social” aprueba abusos del poder y rechaza la veeduría local e internacional, señalándola como un intento de desestabilizar e imponer valores occidentales en el país. Así explica a El Espectador Harriet Beaumont, asistente ejecutiva de la organización Free Tibet. Ya son más de 30 tibetanos los que, clamando por la libertad de su pueblo y protestando contra las represiones del Ejército Rojo, se han inmolado en el último año.

El gobierno chino niega la presión sobre activistas y minorías. Liu Weimin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha dicho que “China otorga gran importancia a la protección de los derechos e intereses fundamentales de todos los grupos étnicos, incluida la libertad de expresión y religión”. Respecto a las personas que han tenido problemas con la ley, sostuvo que “no se enfrentan a la opresión de la libertad de expresión o religión, sino que estamos frente a una violación de las leyes y reglamentos de China y no tiene nada que ver con el discurso de los derechos humanos”.

El llamado de Wen anima a los chinos que exigen cambios y no están satisfechos con las reformas hechas esta semana al código de procedimiento penal. El profesor Jerome A. Cohen, del US-Asia Law Institute, en un artículo publicado en el Asia Wall Street Journal y en el China Times, dice que las reformas protegen de las prácticas arbitrarias del Estado contra ciudadanos no políticos. Los sospechosos de crímenes ordinarios podrán, entre otras cosas, tener un pronto acceso a un abogado, y las confesiones obtenidas mediante torturas serán excluidas. Pero la reforma “autorizará la práctica de desapariciones forzadas de agresores políticos. Aunque está práctica ha sido utilizada durante años, siempre fue técnicamente ilegal, hasta ahora”. Hasta durante seis meses podrán ser detenidos los sospechosos de “amenazar la seguridad nacional” o de “terrorismo”, “cargos notoriamente dudosos que durante mucho tiempo han sido manipulados por la policía, los abogados y las cortes”.

Kine afirma que el objetivo del régimen con su reciente avalancha de represión y censura es “asegurar que la transición de 12 meses del partido único proceda este año sin desafíos para su monopolio en el poder”. Pero de no hacerse las reformas que piden Wen y miles de chinos, los expertos coinciden en que el gigante asiático estallará en una protesta social de grandes magnitudes.

El representante de la Loagai Foundation dice que “el Partido Comunista cree que silenciando a los disidentes mantendrá la estabilidad necesaria para perpetuarse indefinidamente. Pero llegará un punto cuando todas las frustraciones acumuladas, las ideas reprimidas y las opiniones ya no puedan ser retenidas por el Gobierno. El resultado será una sangrienta batalla, como la de la Plaza de Tianamen en 1989”, o, como dice Wen, una Revolución Cultural como la que estalló en 1966 y afectó al país durante una década.