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Héctor Alfonso Cabrera hizo todo mal. Confió en un argentino que no sabía cómo estirar la cocaína, en otro que le debía US$420.000 y en alguien más que lo delataría. Y, por si algo faltaba, la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos se enteró de que pretendía contrabandear cientos de kilos entre Bolivia, Argentina y Europa. Y la DEA se lo hizo saber a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Por eso, cuando aterrizó en Buenos Aires, los detectives de ese país del fin del mundo ya sabían casi todo sobre el operativo del Narcogolf.
La investigación en la Argentina comenzó el 28 de agosto de 2017, cuando la DEA le informó a la AFI los planes de Cabrera y su químico, el también colombiano Luis Alberto Quintero, con tres locales, que serían sus nexos para recibir, transportar y procesar la parte del cargamento que quedaría para el mercado interno y la otra parte para enviar al Viejo Continente. Los investigadores intervinieron los teléfonos de los tres argentinos: Sebastián Fargeta, Elías Exeni y Pablo Portas Dalmau. Así se enteraron de los detalles de su ruta de la cocaína y los problemas que tuvieron en Buenos Aires mientras esperaban la llegada del “mandamás”, según los documentos conocidos por El Espectador.
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El 19 de noviembre de 2017, por caso, Fargeta llamó para saber cómo marchaban las cosas, pero Exeni, adolorido por un accidente de tránsito que acababa de tener y nervioso por la presencia de los policías, lo interrumpió: “La señora, a la velocidad que venía, me sacudió la puerta. Me hizo dar vueltas”. Su interlocutor no tardó en comprender el peligro inminente: “No te pueden llevar el auto: si ellos hacen un peritaje, van a encontrar eso. Tenés que evitar que te remolquen el vehículo o tirar eso a la mierda”.
Esa vez Exeni tuvo suerte: evitó que los uniformados descubrieran los “ladrillos”, pero no siempre fue así. Turco, como le decían en Salta, provincia que limita con Bolivia, donde empieza una de las rutas de la cocaína que de diversas maneras llega a Buenos Aires, ya tenía un prontuario. Exeni fue condenado en Chile por lavado de activos provenientes del narcotráfico, le mataron a su mamá en lo que los investigadores consideraron un ajuste de cuentas y fue investigado por la apropiación de 152 kilos de marihuana en un camión en Salta, según pudo reconstruir El Espectador con dos fuentes judiciales de la Argentina y una fuente documental de Chile.
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Para poner orden, Cabrera arribó el 12 de enero de 2018 al aeropuerto internacional de Ezeiza. Lo hizo con su novia boliviana, Vera Lucía Márquez Santa Rosa, y el “químico” Quintero. Los argentinos les consiguieron un departamento para dormir y una casa para estirar la cocaína. El “mandamás” quería acelerar el negocio y necesitaba recuperar la deuda y evitar más problemas. La cocaína, como confesaría luego uno de los involucrados, ya había “llovido”: 428 kilos para comerciar en Buenos Aires y 300 kilos para mandar vía marítima hacia el Viejo Continente.
Fargeta llevó a Quintero a una casa de la calle Emilio Castro 4833, en el barrio de Villa Luro, de la capital de la Argentina. El “químico” la convirtió en un verdadero “laboratorio”. Tal fue así que Fargeta luego le contó todo por teléfono a Portas Dalmau: “El tipo está contento porque hay un plan, pero quiere recuperar la plata que perdió. El otro que trajo está haciendo experimentos. Tiene un método para que las cosas no larguen olor. Es una prolijidad. Parecía un laboratorio. Impresionante. Y limpió todo cuando terminó. Sabés cómo estoy tomando nota de todo”.
El que no fue prolijo fue el propio Fargeta. Una de las veces que estuvo en la casa cometió el último de los errores: tiró dos bolsas negras en un tacho de basura de la calle y se fue. Los detectives, que lo habían vigilado a pocos metros, las incautaron para peritarlas. Una tenía doce guantes de látex, trece bolsitas de nylon, dos trozos de papel y un envoltorio de goma. Todo tenía restos de cocaína. Eso fue la noche del 24 de enero del año pasado. Fue lo último que necesitó el juez Federico Villena para ordenar las detenciones.
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Ahora, casi dos años después del comienzo de la operación Narcogolf, el juez Villena la dio por concluida, según la resolución. Para el funcionario judicial, Cabrera no fue uno más: nacido en 1964 en Florencia (Caquetá), era el organizador del negocio o, como lo llamaban los argentinos, el “mandamás”. Quintero, clase 1974, de Cumaribo (Vichada), también fue clave: sabía cómo combinar la cocaína con los precursores químicos para que rindiera más.
A la espera de que un tribunal inicie el juicio, en el que podrían ser condenados a varios años de cárcel, alguien por fin abrió la boca, pidió convertirse en “testigo de identidad reservada” y, como pudo saber El Espectador, le echó la culpa de todo a Cabrera: “Esos 728 kilos fueron bombardeados a través de dos avionetas gemelas. Cabrera es el dueño de todo: de las naves, la droga y el dinero. Pagaba US$70.000 a cada uno por el trabajo”. Esto, a su vez, provocó una nueva investigación.
La presencia de narcos colombianos en la Argentina no es novedosa. De hecho, en 2008 comenzaron los ajustes de cuentas entre carteles colombianos en el Gran Buenos Aires. La noche del 24 de julio dos sicarios argentinos mataron por encargo a Jorge Alexánder Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias Monoteto, en el estacionamiento de un centro comercial. Aunque los investigadores nunca lo pudieron demostrar, siempre sospecharon que ese doble crimen lo ordenó Daniel Barrera Barrera, alias el Loco Barrera, un gran narcotraficante que se escondió hasta 2012 en Venezuela.
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Esa saga seguiría el 23 de febrero de 2009, con el asesinato de Juan Sebastián Galvis Ramírez; el 17 de abril de 2012, con la ejecución de Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo, alias Mojarro; el 3 de abril de 2014, con el acribillamiento de Carlos Alberto Gutiérrez Camacho, y el 2 de abril de 2016, cuando Kevin Germán Rodríguez Díaz cayó muerto de un tiro en la cabeza frente al Congreso y esa misma noche, pero a diez cuadras de ahí, le llegó la hora a Víctor Manuel Vargas Espinosa.
Pero la Argentina, además de ser tierra fértil para los sicarios, también lo ha sido para los herederos de los narcos que quisieron tener una vida más tranquila. Los primeros en llegar, aunque con identidades cambiadas, fueron los familiares del capo de capos, Pablo Escobar Gaviria: su viuda, María Victoria Henao Vallejo, pasó a llamarse María Isabel Santos Caballero, y sus hijos, Juan Pablo Escobar y Manuela Escobar, como Juan Sebastián Marroquín y Juana Manuela Marroquín.
Los herederos del “Patrón del Mal”, sin embargo, no la han tenido fácil en este país: Santos y Marroquín estuvieron presos en los años noventa mientras la justicia investigaba el origen de sus bienes. Luego de varias idas y vueltas, el tribunal canceló el juicio al entender que el juez de instrucción presionó a los fiscales para sostener la acusación. Ahora, sin embargo, están nuevamente en la mira de otro proceso judicial por sus negocios con José Bayron Piedrahíta Ceballos, detenido en Colombia en 2017 pedido en extradición por Estados Unidos.
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Por el Gran Buenos Aires, especialmente por sus barrios cerrados, que ofrecen seguridad las 24 horas, también pasaron las familias de Ignacio Álvarez Meyendorff, Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, y los hermanos Triana Peña. Cabrera, el “mandamás”, también alquiló una propiedad en uno de esos countries, Olivos Country Golf Club, pero por menos tiempo: estuvo solo 15 días antes de caer preso.
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