Siria es una cárcel

Las legislativas, que debían celebrarse en septiembre de 2011, fueron aplazadas debido al proceso de reformas anunciado por Al Asad en respuesta al estallido de la revuelta hace un año. Entre estas reformas figuran una nueva ley de partidos y una nueva Constitución que pone fin a la primacía del partido Baas —el del presidente— en el poder. La nueva Constitución fue aprobada el 27 de febrero, en un referéndum que tanto Washington como la oposición calificaron de “broma”.

Asimismo, al gobierno estadounidense le pareció “ridículo” hacer las legislativas en medio de la violencia que vive el país y exigió a Damasco abrirse a un diálogo político y detener los enfrentamientos. Ayer murieron al menos 34 personas, en su mayoría soldados y miembros de las fuerzas de seguridad víctimas de ataques rebeldes, según el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) denunció que el régimen sirio instaló minas en las fronteras con Líbano y Turquía. Nadim Hury, vicedirector de Oriente Medio de HRW, dijo que “la decisión será mortífera, porque esas rutas son utilizadas por quienes tratan de huir del país y también para evacuar heridos”. Observadores de la ONU llegarán esta semana a los países vecinos para recoger información sobre “violaciones y atrocidades” cometidas en Siria.

Mientras tanto, la comunidad internacional seguía esperando una respuesta de Al Asad a las “propuestas concretas” que le planteó el pasado fin de semana Annan, quien ayer abandonó Turquía con el apoyo tanto del gobierno turco como de la oposición siria en el exilio a su iniciativa de frenar la violencia. Valerie Amos, subsecretaria general de la ONU para Asuntos Humanitarios, en una reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU urgió a este organismo a actuar rápidamente para detener una situación “altamente trágica” y que empeora cada día.