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El presidente sirio Bashar al Asad anunció este martes la convocatoria de legislativas para el 7 de mayo, cuando el emisario internacional Kofi Annan seguía en espera de una respuesta a sus «propuestas concretas» para acabar con la violencia, que causó otros 34 muertos.
Al menos 34 personas murieron en todo el país, en su mayoría soldados y miembros de las fuerzas de seguridad víctimas de ataques rebeldes, según el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).
«El presidente Asad firmó un decreto que fija las elecciones de la Asamblea Popular (parlamento) para el 7 de mayo próximo«, indicó la agencia oficial SANA.
Las legislativas, que debían celebrarse en septiembre de 2011, se aplazaron debido al proceso de reformas anunciado por el presidente Asad en respuesta al inicio de la revuelta hace un año.
Entre estas reformas figuran una nueva ley de partidos y una nueva Constitución que pone fin a la primacía del partido Baas en el poder. La nueva ley fundamental fue plebiscitada el 27 de febrero en un referéndum calificado de «broma» por Washington.
Este anuncio tuvo lugar en momentos en que la comunidad internacional espera una respuesta del mandatario sirio a las «propuestas concretas» que le presentó Annan durante su misión en Damasco el fin de semana pasado.
El emisario de la ONU y de la Liga Árabe precisó que sus conversaciones se centraron en la necesidad de «interrumpir la violencia y los asesinatos, garantizar acceso a las organizaciones humanitarias, y el inicio de un diálogo».
En las últimas legislativas, en abril de 2007, una coalición de partidos dirigida por el partido Baas había ganado, sin sorpresas, la mayoría de los escaños.
Sobre el terreno, las tropas gubernamentales continúan librando una guerra sin tregua contra los insurgentes, con violentos combates en Idleb (noroeste), una provincia montañosa en la frontera con Turquía, con el objetivo de asfixiar a la rebelión.
En la provincia de Deraa (sur), cuna de la revuelta, 12 miembros de los servicios de seguridad murieron en una emboscada cerca de la ciudad de Dael, según el OSDH.
En la madrugada del martes, 10 soldados murieron en un ataque en las proximidades de la sede del partido Baas en la ciudad de Maaret al Nooman, en la provincia de Idleb, según la misma fuente.
La ciudad de Idleb continúa bajo asedio. El ejército regular controla apenas una parte de los barrios, y los militantes denuncian una situación humanitaria insostenible ante la falta total de agua y electricidad, y las comunicaciones cortadas.
El lunes la violencia dejó un saldo de una treitena de muertos, en una jornada marcada por el descubrimiento de unos 50 cuerpos de mujeres y niños carbonizados, degollados o apuñalados en la ciudad de Homs.
Los militantes denunciaron la masacre y la atribuyeron a las fuerzas gubernamentales, al tiempo que los medios de comunicación oficialistas responsabilizaron a «grupos terroristas».
Después de este macabro descubrimiento, los Comités Locales de Coordinación (LCC), que animan la movilización contra el régimen, han llamado a una jornada de duelo para este martes en todo el país, con cierre de los comercios, escuelas, universidades y carreteras.
En Ginebra, la Alta Comisionada adjunta de Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, anunció el envío de observadores de la ONU esta semana a los países vecinos para recabar información sobre «violaciones y atrocidades» cometidas en el país.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debate desde el lunes el segundo informe de la Comisión de Investigación Internacional sobre Siria, presidida por el brasileño Paulo Pinheiro, quien se declaró el lunes favorable al diálogo y contrario a una intervención militar.
Human Rights Watch acusó a Damasco de colocar minas antipersonales a lo largo de las fronteras con Líbano y con Turquía en las rutas tomadas por los refugiados que huyen del país.
En el ámbito diplomático, Rusia indicó que quiere convencer a Siria de que acepte observadores internacionales independientes que vigilen el cese «simultáneo» de la violencia por ambas partes.
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