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El pasado miércoles ocurrieron hechos lamentables en Bogotá: un individuo fue brutalmente asesinado por dos policías, lo cual desató la ira ciudadana y un desorden monumental, con un saldo de 14 muertos, decenas de buses quemados y la tercera parte de los CAI destruidos.
Lo primero que debo decir es que la indignación ciudadana está plenamente justificada, más aún cuando todo indica que este no es un hecho aislado (un par de manzanas podridas), sino el producto de una cultura de abuso enquistada en la institución policial desde hace muchos años. Por eso la alcaldesa Claudia López tiene toda la razón cuando dice, en su comunicado del jueves por la mañana, que el problema de fondo no se resuelve mientras no se haga una reforma estructural de la policía, lo cual implica cambios constitucionales y un gran empeño nacional, encabezado por el Gobierno central.
Dicho esto, también hay que hablar de otra cultura, esta vez ciudadana y particularmente acentuada en Bogotá, que consiste en transformar una indignación justa en actos de destrucción masiva de bienes públicos. En esto hay una irracionalidad que obra en contra de los mismos intereses de quienes protestan. Lo que es una reivindicación legítima, que merece ser enfrentada con soluciones de fondo y mucho empeño social, se transforma, con el disturbio violento, en un problema de orden público que desencadena una dosis adicional de control policial. La primera declaración del ministro de Defensa, el jueves por la mañana, fue: enviaremos más policías a Bogotá. No quiero decir con esto que la indignación de la gente no se deba manifestar en la calle; claro que sí y de manera masiva. Lo que digo es que hay formas de protestar que son políticamente contraproducentes. Una cosa es tener una indignación justa y otra, reaccionar de manera justificada. No basta con lo primero: una reacción indebida puede ser la peor manera de defender una indignación bien fundada.
Deberíamos estar de acuerdo en lo básico: ninguna ciudad puede funcionar sin policía, como no puede funcionar sin transporte o agua potable (en el año 2000 en Montreal, Canadá, hubo una huelga de la policía que dio lugar a lo que se conoce como “la noche del terror”, con decenas de bancos robados, restaurantes y comercios asaltados, y algunos muertos). Los abusos de la policía son inaceptables y causan mucho dolor y muchas víctimas, pero no podemos equivocarnos: mucho peor que ese escenario es acabar con la policía. Las víctimas y, en general, los pesares de la anarquía son más insoportables que las víctimas y los pesares del despotismo, por muy dolorosos que sean estos últimos. La solución a la mala policía no es la no policía, sino la buena policía y para eso se necesitan reformas que promuevan la cultura de los derechos y el carácter civil de esta institución.
De otra parte, como lo dice Claudia López, la destrucción de la ciudad no va a solucionar el abuso policial; solo le agrega el problema de la infraestructura urbana destruida. Más aún, ese problema adicional, que es de orden público, puede ser aprovechado por un gobierno como el que tenemos para justificar la mano dura y aplazar la reforma que se necesita.
Se requiere pues de una reforma legal, con los incentivos y los castigos necesarios que acaben con los abusos. Pero eso no es suficiente. También se necesita de una campaña nacional para restaurar la confianza perdida entre ciudadanos y policías. Como lo he dicho muchas veces aquí, la desconfianza entre gobernantes y gobernados desencadena un círculo vicioso que nos pone a todos de perdedores. Es el momento de pensar con cabeza fría y de encontrar las soluciones de fondo que se requieren.
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