Afgana que pagó prisión con su hijo teme ser asesinada

Los ojos de Sakina son pozos oscuros de desesperación que se iluminan tan sólo brevemente cuando la joven madre de 20 años mira a Mirwais, su hijo de nueve meses. Madre e hijo habitan en la cárcel de mujeres Badam Bagh, en la capital de Afganistán, Kabul. Aquí los hijos de las reclusas cumplen la misma sentencia que sus madres. Pero no es la vida detrás de las rejas de una cárcel lo que más preocupa a Sakina, sino la posibilidad de que pronto quizás pueda recuperar la libertad. “Me mandarán a casa de mi padre”, dice.

Su voz es apenas un suspiro cuando habla con el periodista, en una de las raras ocasiones en las que se permite ver el funcionamiento del sistema judicial afgano respecto a las mujeres. “Me matará, seguro. Después matará o venderá a mi bebé”, dice Sakina. “Los tribunales nunca dejan que se haga justicia con una víctima femenina”, Latifa Sultani, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.

La historia de Sakina deja ver la realidad de una sociedad afgana que ha demostrado ser particularmente resistente a los cambios a lo largo de su tortuosa historia. El encarcelamiento de Sakina se debe a sus intentos para evitar una singular forma medieval de restitución practicada por las cortes tribales conocida como “ba’ad”. Es la versión afgana de la Justicia reparadora, en la que mujeres e hijas son canjeadas entre las familias como manera de resolver una disputa. En Afganistán hay en realidad dos sistemas legales que funcionan de manera paralela.

Uno es el sistema judicial del gobierno central en Kabul, que pese a años de financiación por parte de EE.UU. y de la coalición internacional está plagado de corrupción, goza de amplio desprestigio y la población en general lo ignora. El otro circuito está construido alrededor de prácticas legales tradicionales, incluido el “ba’ad”, y los casos los ven cortes tribales locales.

La estructura de estos tribunales está tan absolutamente dominada por los hombres que la única manera de que una mujer pueda acceder a ellos es a través de un familiar varón, que en muchos casos es el propio torturador sobre el que ella se quiere quejar. Ese fue el caso de Sakina.

Pero estos tribunales son, de momento, el principal objeto de los esfuerzos de EE.UU. para mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos afganos. Enfrentada a la corrupción desbocada y al lento ritmo de las reformas en los tribunales estatales, la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) ha dirigido su atención a estas estructuras locales.

Según Roshan Sirran, jefa de Training Human Rights Association for Afghan Women (THRA), esto no es una buena noticia para las asediadas mujeres afganas. “En las cortes tribales lo primero que se sacrifican son las mujeres”, afirma. “Siempre. Si hay una disputa por tierras, por agua, si hay violencia… se puede entregar a una niña en ba’ad para resolver estos asuntos”.

Pese a una década de trabajo duro y significativas inversiones por parte de la comunidad internacional para mejorar las vidas de las mujeres después de la caída del Gobierno del Talibán, el problema de la violencia contra ellas continúa creciendo.

En los primeros seis meses del año afgano de 1390 (abril-septiembre de 2011) se presentaron 2.433 casos de violencia contra las mujeres ante la Comisión Afgana Independiente de los Derechos Humanos (AIHRC por sus siglas en inglés). Son más del doble que en el mismo periodo del año anterior. La vida de Sakina se encuentra en medio de este fallido sistema judicial y la verdadera amenaza de violencia.

Su odisea comenzó bajo el Gobierno talibán, pero la historia de su detención y condena es de una época mucho más reciente, cuando la presencia de tropas extranjeras y cooperantes se supone que serviría para aliviar la situación de las mujeres encarceladas bajo el brutal régimen fundamentalista.

Su historia demuestra que la vida llena de miseria de las mujeres afganas sigue sin cambiar en muchos aspectos importantes, y que las injusticias contra ellas persisten. Sakina está en la cárcel por secuestro. Lo que hace que su caso sea un tanto inusual es que la víctima del secuestro es la propia Sakina.

El problema comenzó cuando sólo era una chiquilla que vivía en la provincia de Nooristan, con su padre, su madrastra y dos hermanos casi adultos. Su madre había muerto y su padre se había casado con otra mujer. Nooristan, una provincia montañosa y llena de árboles, está en el norte del país. Su población es de las etnias minoritaria pastún y tayika. Sakina es pastún. Cuando Sakina tenía cinco años uno de sus hermanos se fugó con la mujer de su primo.

El adulterio en Afganistán se castiga con la muerte por lapidación. La pareja fue localizada y devuelta a la comunidad, en donde un consejo de ancianos, la jirga, decidió dejar libres a los amantes. Les permitirían casarse, pero el precio que tenían que pagar era cuantioso: Sakina tendría que comprometerse en matrimonio con su tío, el padre del marido humillado.

Para mitigar la afrenta al honor familiar, para compensar pérdidas financieras, o incluso para reconciliar a las familias de asesinos con las de sus victimas, las jirgas a menudo entregan a una niña a la parte ofendida. Es lo que se llama el “ba’ad”.

La lógica del mecanismo es aparentemente sencilla: unir a dos familias por sangre se supone que alivia la enemistad, impide que se arrastren enfrentamientos durante años, e incluso a las siguientes generaciones. Pero la realidad es bastante diferente. Una joven que se entrega en “ba’ad” suele convertirse demasiado a menudo en el chivo expiatorio del dolor y el odio de su nueva familia. Hacen pagar a la niña indefensa su rabia, y a menudo la obligan a casarse con un hombre de su nueva familia, sea cual sea su edad o carácter. En el caso de Sakina, el emparejamiento resultaba más que inapropiado: ella tenía 5 años y su prometido 70.