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El contralor general, Julio César Turbay Quintero, hizo una función de advertencia de seis puntos por el proyecto de entrega de tercer canal a un operador privado.
Dice que el informe indica que el precio base de la concesión fijado en $69 mil millones "es evidente que ese precio base debería ser actualizado porque presenta un desfase de más de 18 meses".
Indica también que existe un error en la fórmula de ajuste del precio base porque "el nuevo concesionario no puede pagar a precios de crisis económica sin sufrirla", aclara el informe presentado por el Contralor General.
Como un tercer punto destaca que si los concesionarios de espacio de televisión de canales regionales y locales llegaren a renunciar a sus concesiones, debe mantenerse integralmente indemne el erario.
Considera la Contraloría que se haga una subasta mediante pujas sucesivas con sobre cerrado para maximizar los ingresos a favor del Estado.
Dice el estudio que no es clara la concesión de la frecuencia de VHF del canal 13 para la operación del tercer canal por cuanto se trata de una frecuencia que está asignada a un canal estatal, "lo que podría generar daños en el patrimonio público y afectar la transparencia e igualdad dentro del proceso", precisa el informe.
Finalmente, dentro de la función de advertencia la Contraloría considera que los pliegos no estiman riesgos predecibles.
"Es deber de la Comisión Nacional de Televisión proceder a cuantificarlos, porque de otra manera los riesgos de la concesión pierden la condición de previsibles en los términos de las normas sindicadas y en consecuencia podrían quedar a cargo del Estado afectando el erario", aclara.