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En medio de la discusión que se viene adelantando hace meses sobre la reforma a la educación superior, reglamentada por la Ley 30 de 1992, que busca hacer el gobierno Petro, la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, decidió presentar una nueva propuesta al Ministerio de Educación.
Resumido en un “Decálogo de propuestas transformadoras para una nueva Ley de Educación Superior”, el documento fue conformado por mesas técnicas en las distintas sedes de la U. Nacional, y recogió las demandas de docentes, estudiantes, egresados y personal administrativo.
Ante las intenciones detrás de este lanzamiento por parte de la Universidad Nacional, la rectora Montoya aseguró a El Espectador que no se trata de una “contrarreforma”, sino de un aporte para consolidar los cambios que propone adelantar el Gobierno. (Lo invitamos a leer: Preguntas y puntos claves del borrador de la reforma a la educación superior)
“Es un aporte a la nueva ley, nosotros trabajamos con el Ministerio y no queremos confrontar al Gobierno. El mayor aporte es que pongamos la discusión donde es, no se trata de si el sistema es privado o público, es sobre como formamos los mejores ciudadanos de este país”, precisó la rectora de la U. Nacional a este diario.
Vale señalar que se esperaba que el Ministerio de Educación publicará el pasado 18 de octubre el segundo borrador de su reforma a la “ley que organiza el servicio público de educación” en el país; no obstante, aún se está a la espera de las modificaciones que realiza esta cartera a su propuesta para transformar este sector de la educación.
Así, desde la Universidad Nacional se adelantaron a los nuevos cambios que se adelantan en esta materia que, en su primera versión, presentada a principios de 2023, había causado ciertos reparos desde el sector de la educación.
En particular, desde el Sistema Universitario Estatal (SUE), que reúne a las 34 universidades públicas de Colombia, se ha cuestionado los efectos que tendría en la autonomía universitaria, la financiación del sistema, la misma definición de las Instituciones de Educación Superior (IES), los organismos encargados de asegurar la calidad y otros elementos que causaron cierta preocupación en el sector educativo del país.
De esta manera, las propuestas de la Universidad Nacional giran en torno a cómo asegurar los recursos para las IES, una defensa por la autonomía universitaria, una expansión de los programas técnicos en el país, y, en general, una estructura del Sistema de Educación Superior más robusta.
Una financiación gradual y una defensa a la autonomía
Con la publicación de primer borrador, para algunos expertos y rectores, la financiación de las universidades y otras instituciones había quedado en el aire. Por esto, entre las propuestas de la Universidad Nacional está asegurar el presupuesto nacional invertido en ellas.
“La idea es que gradualmente se vaya incrementando ese presupuesto, sin dar los golpes repentinos, como ocurre en ese momento. Los recursos de inversión, que sirven para la construcción de nuevas sedes e instalaciones, nos significan también nuevos costos de funcionamiento, ya que, por ejemplo, un edificio no se mantiene solo”, explica la rectora Montoya.
Y agrega: “Buscamos que este incremento sea gradual y que se reconozca el crecimiento institucional. Siempre nos piden que aumentemos la cobertura, pero ¿los recursos donde están?”.
10) Un nuevo modelo educativo que responda a las necesidades del país requiere de un financiamiento acorde a este propósito. En #ConvergenciaPorLaEduación recuperamos la propuesta construida junto al Sistema Universitario Estatal para una financiación que transforme la educación. pic.twitter.com/FzGbPuTpeQ
— Dolly Montoya C. (@DollyMontoyaUN) October 19, 2023
Se trata de una propuesta audaz, como reconoce la cabeza de la Universidad Nacional, que comentó que el ministerio de Hacienda ya objetó la propuesta de la gradualidad, pero aseguró que esta misma podría ser inferior. La propuesta sería partir de una base en el presupuesto nacional que iría incrementando.
“Lo cierto es que los recursos disponibles para las universidades públicas colombianas son insuficientes y competidos para cubrir las necesidades presentes y futuras de todos los actores del sistema”, concluye este capítulo del documento.
Otra de las preocupaciones del SUE es la autonomía universitaria, un tema que han defendido los rectores de las universidades. Estos últimos han sido críticos de que, si bien en la reforma se establece que la IES son autónomas, la reforma las limitaría e incidiría en su funcionamiento.
“Las universidades deben trabajar sin presiones y promoviendo la libertad académica, con igualdad de oportunidades y posibilidades. Lo que nosotros pensamos es un gobierno abierto, pero no a través de la conformación de asambleas multiestamentarias, que incidirían en el funcionamiento y normas de las instituciones, un proceso que debe ser hecho por la comunidad académica”, manifestó la rectora Montoya.
Un giro hacia los programas técnicos
Una de las propuestas es hacer un giro en la manera en que se concentran los programas de educación superior, que hoy preponderantemente están dedicados a los pregrados y posgrados, en lugar de formaciones técnicas.
“En todo el mundo, la relación de técnicos y universitarios, es del 70% y 20 % respectivamente, mientras que en el país ocurre lo contrario. Hoy en día, todo el peso de los técnicos está en el SENA y otras instituciones que tienen una posibilidad de crecimiento enorme. Lo que hay que hacer es que las instituciones y las personas se enamoren de nuevo en este tipo de formación”, explica la rectora de la U. Nacional.
La delimitación y expansión de estos caminos, según Montoya, podría aumentar la innovación en el país, pues se estaría avanzando en los campos prácticos del conocimiento, así como la parte teórica en las academias.
Por su parte, frente a la gratuidad del sistema que propone la reforma, la rectora fue tajante. “Nosotros no somos enemigos de las Universidades Privadas, nosotros queremos tener los recursos para mantener nuestro funcionamiento y ellos a las personas que puedan pagar las matrículas o acceder a opciones de financiamiento. Mi postura es que el sistema debe ser gratuito para los estratos 1, 2 y 3, y considero que los restantes deben pagar para acceder a la educación, ya que estos recursos benefician y mejoran la calidad del sistema”.
Además de esto, se sugiere aumentar las funciones del Consejo Nacional de Educación Superior para mantener y revisar la calidad del sistema a través de la revisión de pares.
La dificultad para llegar a un consenso
Durante las últimas décadas, ha sido el propósito de varios gobierno de reformar la ley de la Educación Superior, no obstante, ha sido un reto llegar a un consenso sobre la manera en que este debería desarrollarse. Como lo ha comentado la Universidad Nacional en distintos foros de la reforma a la Ley 30, las particularidades y complejidades del sistema colombiano, con una preponderancia hacia los títulos universitarios y no técnicos, así como universidades con hospitales propios y sistemas de salud a gerenciar, han complicado el proceso,
“Si se ponen los intereses generales sobre los individuales, no lo podremos lograr. Lo que ha pasado es que la Ley 30 es muy compleja, regula la calidad, la relación con todo el sistema, y otros elementos. Los primeros acuerdos deben ser de principios, y desde allí podemos empezar a reglamentar los detalles. En general, se ha tratado de un problema de disposición”, manifiesta la rectora Montoya.
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