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Según Donald Trump, “el propósito del gobierno estadounidense es garantizar los derechos naturales otorgados por Dios a los ciudadanos estadounidenses y priorizar sus intereses”. Así lo dejó claro en la “Estrategia de Seguridad Nacional”, un documento estratégico publicado por la Casa Blanca el pasado noviembre. No es una frase cualquiera.
Conforme se saben más detalles del control que ha tomado sobre el petróleo venezolano, y tras las amenazas a otros Estados latinoamericanos, vale la pena detenerse a hacer dos preguntas claves sobre esa frase: ¿qué es lo que está considerando EE. UU. como “derechos naturales otorgados por Dios”?, y, en esa misma línea, ¿cómo puede verse América Latina afectada por esa visión?
En primer lugar, el documento introduce un lenguaje de inspiración iusnaturalista, una doctrina filosófica que, para no alargar las cosas, considera que los derechos no nacen del Estado, ni de la ley escrita, ni del consenso entre naciones. Existen antes del orden político y son otorgados por una instancia superior (en este caso Dios).
“Sin duda alguna refleja un republicanismo en el poder mucho más moralista que tiene una interpretación de que Estados Unidos es ‘superior a los demás’ y tiene un título de defensor de una causa. Es bastante preocupante. Nos lleva a preguntarnos dónde queda el derecho, los contratos y los intereses de otros, incluso aliados”, señaló Rafael Piñeros, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado.
Bajo el marco de esta estrategia, los tribunales o pactos internacionales que pretendan interpretar los “derechos” desde afuera son instancias deslegitimadas. Para EE. UU. solo aplica su lógica: “Mi supervivencia primero, luego todo lo demás”. Una visión de realismo estatal. Y, en el marco de la seguridad nacional, en la que la noción de derechos no se limita a las libertades civiles, sino también a las condiciones materiales que las hacen posibles, Washington nos dice que los recursos de este hemisferio son necesarios para su supervivencia. De ahí a que intervenga, presione o sancione si cree que sus intereses están en riesgo. Piñeros da en el clavo: “Los recursos naturales tienen un carácter finito, pese a la abundancia de algunos de ellos. Y al ser finitos, son competitivos. Por tanto, esa visión de verlos de manera exclusiva puede llevarlos a un conflicto, especialmente en América Latina, donde otros, como Rusia, China o la Unión Europea, también los disputan”, destaca el académico.
América Latina, en alerta por sus recursos
Desde esta lógica, en la que Estados Unidos como potencia busca recursos para asegurar su existencia, lo que ocurrió con el petróleo venezolano fue solo el inicio de lo que algunos han calificado como un regreso al “imperialismo de recursos”, un período en el que el mundo se dividió en esferas de influencia definidas por la competencia por recursos, como oro, caucho o crudo, hasta que, tras la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional y el comercio global impusieron límites frágiles a esa lógica. Pero ese orden, como advierten los analistas, hoy se está erosionando.
Como señala Oliver Stuenkel, miembro sénior del Carnegie Endowment for International Peace, en la revista “Time”, la intervención en Venezuela no fue justificada en términos de democracia, derechos humanos o legalidad internacional, sino de manera abiertamente transaccional. Trump no habló de valores universales, sino de interés nacional puro. La novedad no está solo en la crudeza de su argumento, sino en su coherencia ideológica: si los derechos son previos a cualquier tratado, entonces la soberanía de otros Estados pasa a ser un obstáculo secundario cuando entra en conflicto con esos intereses percibidos por los estadounidenses. Todo vale.
Con esta perspectiva, Venezuela deja de ser un “caso excepcional” y pasa a ser un peligroso precedente. Stuenkel advierte que el mensaje implícito es que cualquier país de la región, incluso aliados históricos como Colombia o México, puede convertirse en objeto de presión o intervención si Washington define que allí están en juego intereses que considera esenciales para los derechos de sus ciudadanos. Ya no se trata de “exportar democracia”, sino de asegurar condiciones materiales y estratégicas que el trumpismo eleva a la categoría de derechos naturales.
La administración Trump ya ha impulsado una estrategia explícita para asegurar el acceso estadounidense a recursos considerados críticos en América Latina por otras vías que no necesariamente son las de la fuerza, como ocurrió con el petróleo venezolano. En una entrevista reciente con “Financial Times”, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, explicó que los países de la región están acelerando acuerdos para construir cadenas de suministro regionales de minerales estratégicos, en sintonía con el impulso de Washington para extraer y procesar esos recursos “más cerca de casa”.
Según Goldfajn, Estados Unidos busca que la cadena completa, desde la extracción hasta la refinación, se concentre en el hemisferio occidental. Cabe destacar que América Latina alberga cerca del 60 % de las reservas mundiales identificadas de litio y produce también alrededor del 46 % del cobre global, con Chile y Perú a la cabeza.
Argentina también forma parte del núcleo regional que produce casi la mitad del cobre mundial, un mineral esencial para redes eléctricas, energías renovables, vehículos eléctricos y sistemas de defensa. Para Estados Unidos, asegurar cobre latinoamericano es asegurar entonces la base material de su reindustrialización, su transición energética y su capacidad militar.
Otro recurso sensible es el uranio, cuya eventual inclusión en la lista de minerales críticos de EE. UU. conecta directamente con la seguridad energética y con el programa estadounidense para promover reactores modulares pequeños (SMR), en el que Argentina ya participa como “socio contribuyente”. Brasil, por otro lado, posee la segunda mayor reserva de tierras raras del mundo, claves para la industria tecnológica y el sector defensa. En términos de agua, América Latina es una potencia estratégica silenciosa, al concentrar el 31 % del agua dulce del planeta, solo por mencionar algunos casos.
Los acuerdos sobre los recursos latinoamericanos se han logrado gracias a lo que Washington percibe como un viento político favorable en la región, según explica Anders Beal, investigador no residente del programa para América Latina del Centro Stimson, en “The National Interest”. El avance de gobiernos conservadores en parte de América del Sur es visto como una ventana de oportunidad para asegurar recursos críticos con menor resistencia política. Pero esto enfrenta varios problemas.
El riesgo para Estados Unidos es que una estrategia basada en la presión y el acceso rápido a recursos termine sembrando las condiciones para un nuevo ciclo de reacción política. América Latina ya ha vivido estas oscilaciones: tras períodos de alineamiento conservador suelen venir oleadas de gobiernos que capitalizan el rechazo al extractivismo, a la desigualdad y al intervencionismo externo. Si la enmienda que le hace Trump a la doctrina Monroe se consolida como dominación sin contrapartidas puede fortalecer a China como alternativa para estos países.
“Nuestra región sí tiene un pasado imperialista, por lo que hay una diferencia muy fuerte con los instrumentos político-diplomáticos que usa China, hoy un punto flaco de EE. UU. Eso se hace importante. El momento histórico facilita que esos instrumentos diplomáticos, y no la coerción, sean preferidos. Puede que en la letra menuda de China haya condiciones de endeudamiento o licencias a muy largo plazo, pero siempre en un carácter muy diplomático”, señala Piñeros, advirtiendo, como otros expertos, que la hostilidad de Washington puede empujar a la región hacia Beijing.
La hostilidad también puede reactivar un antiamericanismo que Washington creía superado. Esto es particularmente importante, considerando que Trump tampoco cuenta con legitimidad social de su extractivismo, como señala Beal. La minería de litio, cobre o de las tierras raras no es solo un asunto técnico o comercial, sino un detonante histórico de conflictos sociales, ambientales e indígenas en Latinoamérica. Bolivia es un gran ejemplo. Sin acuerdos con las comunidades y sin beneficios visibles a nivel local, incluso los gobiernos ideológicamente alineados con Washington enfrentan protestas, bloqueos y crisis políticas que pueden paralizar proyectos estratégicos.
Por eso el caso Venezuela es tan importante. Al entender recursos no solo como mercancías, sino como condiciones materiales necesarias para proteger los “derechos” y la “supervivencia” del país, Washington no cierra la puerta a nuevas operaciones militares. Si un gobierno, una regulación o una alianza externa pone en riesgo el acceso de Estados Unidos a esos recursos, el conflicto deja de ser económico y puede leerse como un asunto de seguridad nacional por el que Washington barajaría las medidas de la fuerza, tal y como lo hizo con Venezuela. Es aquí donde se formula una pregunta existencial: ¿podríamos observar una reacción continental? El caso canadiense podría marcar la pauta.
Como señala el investigador Mariano Aguirre Ernst, miembro del centro de pensamiento Chatham House, si bien Trump busca un control sobre el hemisferio occidental, en su “Estrategia de Seguridad Nacional” no aparece mención a Canadá, asumiendo una alineación automática. Para Richard Shimooka, investigador principal del Instituto Macdonald Laurier, esto es lógico en medida de la baja inversión del gobierno en garantías de seguridad.
“Nadie considera a Canadá como una nación seria en defensa y seguridad en este momento”, señaló. “Pero eso puede cambiar si Canadá mira hacia el futuro y se prepara para lo que viene”, agrega.
La doctrina Trump frente al hemisferio podría acabar con el largo “descuento de seguridad” que se aplicaba en el continente, donde no se invertía demasiado en su propia defensa porque las naciones asumían que EE. UU. los protegerá de todas formas. Pero con las amenazas a la soberanía que ha lanzado el republicano, países como Canadá podrían dar un vuelco total para proteger sus recursos nacionales.
“Canadá anunció que no se iba a sumar al prototipo F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un avión de última tecnología. El país ha tenido usualmente tecnología estadounidense en materia militar, por lo que esto puede ser un indicador de cambio. También cuando dices ‘no, gracias’ y te acercas más a acuerdos comerciales con la Unión Europea. Sin embargo, la industria petroquímica canadiense todavía tiene una fuerte vinculación con Washington”, resalta Piñeros.
Esto último se debe a que en los últimos 20 años se quitaron la competencia del petróleo venezolano de encima. Ahora, con el regreso del petróleo venezolano al tablero y el enfriamiento del “descuento de seguridad” incluso para Canadá, la promesa tácita del orden hemisférico de protección a cambio de alineamiento empieza a romperse, inaugurando -o volviendo- a una era en la que los recursos mandan sobre los acuerdos. En la doctrina Trump no hay aliados permanentes, solo intereses permanentes, y América Latina vuelve a estar en el centro de esa ecuación.
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