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La idea de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) de adjudicar un contrato durante septiembre, en el que se materializara una nueva celda para la disposición de basuras en El Carrasco, se esfumó como al parecer lo han hecho las propuestas administrativas a escala local para afrontar una crisis sanitaria de largo alcance y con impacto en 16 municipios del área metropolitana de la capital santandereana.
Aunque el proyecto tiene un presupuesto aprobado por $3.500 millones para su ejecución y de que pesan órdenes judiciales y peticiones civiles para el cierre del botadero de desechos, la falta de un lugar idóneo alternativo para la disposición final de residuos sigue siendo un problema, sobre todo si se tiene en cuenta que El Carrasco ha protagonizado desastres como el deslizamiento de 30.000 toneladas de basura, en octubre de 2018.
De hecho, hace dos semanas desde el despacho del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, mediante el Decreto 0365, se prorrogó la emergencia sanitaria hasta octubre de 2022 para seguir disponiendo residuos en El Carrasco, decisión que despertó preocupación sobre cómo se manejarán a corto plazo alternativas viables para que la disposición de basuras deje de ser un problema cíclico.
Antonio Rodríguez*, habitante del barrio Porvenir (Bucaramanga), donde han pedido desde el 2002 el cierre de El Carrasco por las afectaciones a la salud de las personas que viven en esta zona aledaña al botadero, asegura que la construcción eventual de una nueva celda solo ralentizaría soluciones concretas ambientales y sociales. “En 2016 se construyó una celda que duró once meses, por la cual se invirtieron más de $3.400 millones. Ahora pueden decir que esta celda durará más de ocho meses, pero con un costo tan alto no se ve rentabilidad; y a final de cuentas es un despilfarro de dinero que iría mejor destinado a buscar otros predios para la disposición de basuras. No nos creemos el cuento de que no hay otro lugar como El Carrasco; se nota que hay intereses particulares de por medio”, sostiene.
Una visión similar tiene Mauricio Gómez Niño, líder comunitario y ambientalista del municipio de Girón, quien además ha liderado iniciativas para mantener las audiencias públicas como un recurso básico para debatir sobre el destino de las basuras del área metropolitana. Insiste en que además de que es “ilegal establecer tantas emergencias sanitarias, teniendo en cuenta que la ley solo permite una con una prórroga de seis meses”, el funcionamiento de El Carrasco no cuenta con un licenciamiento al día y está alejado de cumplir con los estándares del Plan de Desarrollo Territorial de Bucaramanga.
Desde el 20 de agosto de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fijó el próximo 20 de noviembre como la fecha límite para que El Carrasco pueda recibir basuras. Cuestión que iría en contravía con los intereses de la EMAB, en dado caso de que se llegara a adjudicar en los próximos días el contrato a un privado que se encargue de la celda de contingencia.
Pedro Salazar, gerente de la EMAB, sostiene que la fecha propuesta por la ANLA no tiene justificación práctica, teniendo en cuenta que “tras el fin del convenio entre la Universidad Industrial de Santander y las entidades competentes del área metropolitana de Bucaramanga para trazar estudios y fijar proyectos dentro de El Carrasco,no se tiene claridad sobre otro lugar para disponer las basuras. Por eso el proyecto de la celda sirve para continuar con el proceso de estabilización del relleno”.
La financiación correrá por cuenta de Bucaramanga, en un 50 %; Floridablanca, en un 25 %; Girón, en un 15 %, y de Piedecuesta, en un 10 %. Según fuentes de la EMAB, las obras tardarán cuatro meses, mientras se determinan los grados de compactación, se hacen los estudios de movimiento de la tierra y se instalan drenes de extracción.
Eliseo Osorio, director de Planeación y Proyectos del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), sostiene que es clave tener en cuenta el cambio en los usos del suelo que han tenido lugares como el barrio Porvenir o sectores en Girón, porque como sea que funcione de ahora en adelante el relleno, “tiene que haber mecanismos que permitan que El Carrasco pueda estar lo suficientemente aislado de las casas de las personas […] Los procesos de planificación han sido deficientes y las quejas por olores u otro tipo de problemas por parte de la comunidad han persistido”.
A pesar de la inminencia en la construcción de la celda, Osorio dice que “un relleno sanitario debe tener una zona que le permita estar aislado de los centros residenciales en donde existen viviendas para poder cumplir con todas las condiciones sanitarias sin que haya confrontación con los habitantes”.
Darle más vida a El Carrasco no sería descabellado para la AMB. Sin embargo, la condición para eso, según explicó el gerente Osorio, es buscar manejos técnicos eficientes que “consoliden un verdadero relleno sanitario por 33 o 35 años más, donde el desarrollo físico de las comunidades sea la prioridad”.
*Nombre ficticio por reserva de identidad de la fuente.