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El presidente Gustavo Petro y sus bases entraron de lleno en la campaña por el 2026 y lanzaron al aire una moneda con la que esperan ganar por cara o por sello. Con el llamado a las calles y a las urnas para buscar el respaldo ciudadano a las reformas sociales, el Gobierno también quiere pavimentar el camino hacia unas elecciones en las que aspiran a ser mayoría en el Congreso y a ubicar en la Casa de Nariño a alguien que garantice la continuidad del “cambio” liderado por el actual mandatario.
El ministro de la política, Armando Benedetti, reconoció que la consulta será una de las banderas electorales de 2026 e incluso le aseguró a El Espectador que fue la oposición la que les dio esa “papaya” al intentar hundir las reformas laboral y de la salud. Esa misma visión la comparten varios en el oficialismo, pues señalan que la campaña por la iniciativa ayudará a agitar sus bases en clave electoral. “Las tareas están claras: Ganar la consulta popular y ganar mayorías para el próximo congreso. Esto apenas comienza”, dijo Andrés Camacho, exministro de Minas y ahora una de las puntas de lanza del petrismo para los próximos comicios.
La convocatoria también pone en juego el capital político del jefe de Estado, pues un resultado adverso podría menoscabar su gobernabilidad o, contrario a lo que piensan varios en el Pacto Histórico, enfriar sus cuadros electorales. De acuerdo con el presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda, si la consulta fracasa, el Gobierno quedaría “desinstitucionalizado”.
Sin embargo, el mandatario ya ha demostrado que sabe capitalizar la confrontación y es en este punto en el que podría ganar aún cuando su consulta pierda en las urnas. De hecho, le respondió a Cepeda y aseguró estar dispuesto a la derrota. “Me arriesgo, pongo el Gobierno en manos del pueblo”, dijo.
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Si el Congreso o la misma ciudadanía niegan las nuevas pretensiones del jefe de Estado, muy seguramente él y sus alfiles darán un giro en la narrativa para reiterar que hay un “bloqueo institucional” y que es la oposición la que ha impedido materializar los cambios. Cabe anotar que esa fue la misma estrategia con la que el Ejecutivo reaccionó al hundimiento de la ley de financiamiento, señalando a sus contradictores de impedir realizar inversiones estratégicas en materia social.
Por ahora, las primeras cuentas de cara a la consulta sugieren un trámite engorroso, pues el Senado mantiene sus reparos a todas las movidas del Gobierno y, de acuerdo con la ley, el mecanismo requiere una serie de requisitos que sobrepasarían las capacidades de convocatoria que Petro ha demostrado.
Las obstáculos que enfrenta la consulta popular de Petro
El anuncio del mandatario abrió varios debates sobre la pertinencia de la consulta popular, sus costos, las opciones que tiene de ser aprobada e incluso los riesgos de que termine influyendo en la campaña de las próximas elecciones. En primer lugar, el Gobierno debe definir qué quiere preguntarles a los colombianos, más aún cuando sus reformas incluyen articulados técnicos que no se pueden llevar fácilmente a un tarjetón.
El reto del Ejecutivo es traducir sus proyectos a máximo 10 preguntas para poner a consideración de los votantes unos mandatos en torno al sistema laboral y probablemente la salud. Aunque seguramente ese será un trabajo vigilado cuidadosamente por la Secretaría Jurídica de la Presidencia; el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y otras figuras del Pacto Histórico ya han puesto a sonar algunas ideas.
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“¿Aprueba el pueblo que el recargo nocturno se pague desde las 7 p.m. y no desde las 10 p.m.?” o “¿Aprueba el pueblo que el contrato de aprendizaje de los jóvenes sea remunerado con el 100 % de salario mínimo y no con el 75 %?”, serían algunas de las preguntas. Una vez tenga diseñada la consulta, el Ejecutivo debe volver al Congreso para pedir el visto bueno de la plenaria del Senado.
Aquí entra en juego, una vez más, la tensión entre ambos poderes y la cruzada del ministro Benedetti para conformar un frente amplio —con liberales, conservadores, los verdes y La U— que le ayude a aprobar reformas y armar una coalición que podría sumar fuerzas en 2026. La meta del funcionario es sumar 53 votos. “Yo quisiera ver quién en el Senado se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley”, dijo Benedetti anticipándose al debate.
Si el Senado le da luz verde a la consulta, el presidente deberá convocar al país a las urnas en los cuatro meses siguientes. En este punto entran en juego los cuestionamientos por los posibles altos costos que tendría una jornada de ese tipo, sobre todo porque para este año se tienen previstas varias elecciones atípicas y consultas internas e interpartidistas.
“Estamos atentos a lo que ordene el Senado; ellos tienen la última palabra”, le dijo a El Espectador el registrador Hernán Penagos. Según el funcionario, por ahora no tienen certezas sobre los costos de la convocatoria, pues los mismos dependerán de la cantidad de preguntas y los detalles puntuales de la consulta. Sin embargo, en la Registraduría esperan consolidar, en las próximas horas, un rango de precios para aproximarse al debate. Eso sí, desde ya varias voces en el interior de la entidad señalan que la consulta implicaría movilizar las mismas capacidades y personal que se requieren en una elección de carácter nacional, lo que a su vez necesitaría de una adición presupuestal.
El último referente de un proceso similar es el de la consulta anticorrupción de 2018, liderada por Claudia López y Angélica Lozano. Dicha iniciativa contó con siete preguntas y, según datos del Consejo Nacional Electoral, implicó un gasto de poco más de $310.000 millones. Ahora, algunos congresistas no descartan que el proceso esté por encima de los $700.000 millones. En la anterior oportunidad, 11,6 millones de colombianos fueron a las urnas, número que no alcanzó para aprobar los mandatos, ya que en ese momento la tercera parte del electorado eran 12,1 millones de personas.
Los votos son, precisamente, el otro interrogante que rodea la apuesta del presidente. Según el último censo electoral, hay cerca de 40.963.370 ciudadanos habilitados para participar, por lo que el mínimo de votos para que la consulta tenga validez es 13.654.456; y de estos, 6.827.229 deberían ser positivos para que el contenido de las preguntas sea de obligatorio cumplimiento.
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Muchos ven poco posible que Petro alcance esa cifra, teniendo en cuenta antecedentes como el de la consulta anticorrupción e incluso los resultados de la segunda vuelta del 2022, en la que el hoy presidente consiguió 11.291.987 apoyos. El ministro Benedetti hace otras cuentas, pues para él Petro tiene entre 7 y 8 millones de votos asegurados, a los que se sumarían los de la clase obrera que quiere la reforma laboral, con los cuales se superaría la cifra de los 13,6 millones.
En el Congreso hay voces que advierten que, más allá de las cuentas en el Senado y las urnas, no se puede perder de vista que la consulta representa un riesgo para las elecciones venideras, pues el debate podría reducirse a las preguntas y las reformas. “El Gobierno quiere hacer campaña con el ‘no me dejaron’ y la oposición cobrando por no haber dejado pasar nada”, opinó el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, quien agregó que la votación de la consulta popular podría coincidir con las consultas de los partidos (octubre), por lo que hay que estar atento a que el calendario electoral no se vea impactado.
Mientras logra cumplir con los requisitos de la consulta, el gobierno de Petro no abandona los diálogos con los sectores políticos que siguen a su lado, avanza en la implementación de algunos puntos de las reformas vía decreto y prepara lo que el propio presidente ha definido como “la más grande movilización popular de la historia de Colombia”.
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