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“Hay grupos armados organizados en las universidades públicas reclutando profesores y estudiantes incautos para ponerlos al servicio del terrorismo”. De esta manera, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, presentó los resultados de una investigación sobre supuestas infiltraciones de organizaciones criminales en las instituciones de educación superior, así como en las movilizaciones estudiantiles que hubo, por ejemplo, en noviembre del año pasado.
Una de las supuestas organizaciones responsables, según el fiscal Martínez, serían las llamadas Juventudes del M-19. Un grupo que, tomando el nombre y las banderas de la guerrilla que se desmovilizó en 1990, tendría presencia en distintas universidades como la Distrital (Bogotá), la del Tolima, la del Valle, la de Córdoba, la de Pamplona (en Norte de Santander), la de Antioquia y la de Cauca. También precisó que el grupo estaría conformado no solo por estudiantes, sino también por profesores.
Para sustentar la existencia y la supuesta incidencia de este grupo en las universidades públicas, el fiscal Martínez mostró varias fotos de supuestos miembros de este grupo dentro de universidades como la del Cauca, la UIS, la de Antioquia, la de Nariño, la de la Amazonia y la del Cauca. En dichas fotografías se ven jóvenes con las caras cubiertas y portando banderas del extinto grupo —azul, blanco y rojo—, con un “JM-19” en la mitad.
Las acciones de este grupo al margen de la ley se evidenciaron en el paro estudiantil de finales del año 2018, insistió la cabeza de la Fiscalía. Sobre la supuesta actuación de este grupo en las marchas estudiantiles, el fiscal Martínez añadió que “en noviembre pasado esta organización destruyó cajeros en Popayán, la sede del Icetex en Cauca y se dio a la tarea de destruir, mediante grafitis, la ciudad blanca de Popayán”.
Además, mostró el pantallazo de una publicación en un grupo en Facebook llamado “Juventudes del Movimiento Diecinueve de Abril. JM-19”. En el post, del pasado 29 de abril, se lee: “(…) queremos informar que las JM-19, al ser una organización clandestina que viene moviendo masas y concienciando a la sociedad colombiana con su trabajo tanto dentro como fuera de las universidades, sufrimos la persecución y represión de este Estado asesino”.
Pero una cosa es lo que dice el Fiscal y otra lo que opinan los estudiantes. El Espectador conversó con tres representantes estudiantiles —Julián Báez, de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees); Alejandro Palacio, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), y Jorge Ovalle, líder de la Universidad del Valle—, quienes coincidieron en que, a pesar de que el JM-19 sí tiene presencia en la universidad, lo único que hace es afectar a las organizaciones de estudiantes.
Báez —estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá—, por ejemplo, señala que el grupo de las supuestas Juventudes del M-19 apareció en el mapa hace unos dos años, lo que los lleva a dudar sobre la eficacia de la Fiscalía para conseguir resultados: “Nosotros requerimos que no se usen esos hallazgos de la Fiscalía para estigmatizar y perseguir al movimiento estudiantil. Nos parece muy extraño que los hallazgos hayan sido tan rápidos, pues hechos como la corrupción en las universidades no han sido solucionados”.
Sin embargo, Báez va más allá. Asegura que los miembros de esta organización serían, en realidad, “de las estructuras de la Policía. Hemos encontrado que, cada vez que se hacen actividades en las universidades, hay personas que entran sin identificarse. Además, el actuar de estos grupos clandestinos atenta contra los estatutos políticos del movimiento. Nos parece extraño que sus objetivos no son claros, es gente que no menciona qué es lo que verdaderamente quiere”.
En este punto coincide con Jorge Ovalle, de la Universidad del Valle, quien considera que hay un “afán en la Fiscalía por mostrar resultados”, lo que lleva a que haya “falsos positivos judiciales”. Para ilustrar su posición, se refiere al caso del profesor de sociología de la Universidad Nacional Miguel Ángel Beltrán, quien fue señalado en 2009, por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, de pertenecer a la guerrilla de las Farc y responder al alias de “Jaime Cienfuegos”. Algo que luego se probó que fue falso, por lo que Beltrán demandó a la Nación.
Báez es claro en que, cuando han identificado a personas que supuestamente pertenecen al JM-19 y otros grupos, han buscado “averiguar quiénes son, qué buscan” y, si se presentan durante alguna manifestación o en otras actividades de la comunidad universitaria, como las asambleas, “se ha intentado alejar a ese grupo (las Juventudes)”. Eso sí, añade Báez, que su intención no es identificar quiénes lo conforman, puesto que esa “no es su tarea” y su finalidad es más bien “cuidar nuestro trabajo político”.
Alejandro Palacio, quien también comparte la hipótesis de las infiltraciones de la Policía, dice que es necesario que se investigue a esas personas, porque “no hay nadie que le haga más daño al movimiento. Lo que hacen es estigmatizar nuestras protestas. Terminan equiparando todo un movimiento por culpa de unos pocos que quizá, de forma irracional, defienden la educación con explosivos”. Y añade que habría una “cierta ‘complicidad’ al no investigar a quiénes realmente cometerían estos actos vandálicos”.
Los líderes estudiantiles comparten una preocupación que el fiscal Néstor Humberto Martínez manifestó el pasado 2 de mayo: la instrumentalización del movimiento. Con la importante diferencia de que ellos lo ven como una estrategia para desprestigiarlos y estigmatizarlos; por eso piden que el foco no se centre en las denuncias y las peticiones que le hacen al Gobierno, sino en los actos de estas organizaciones.
“No le dan ni el más mínimo aporte al movimiento. Solo lo estigmatizan, hacen que retrocedan las peticiones, desvían la atención del movimiento, lo dañan. Los medios empezaron el año pasado a cubrir una protesta por la educación, pero terminaron hablando de estos vándalos, que además atemorizan a la comunidad que rechaza este tipo de prácticas. Todos hemos sido víctimas de estos encapuchados, incluso a mí me han amenazado”, dice Alejandro Palacio.
Julián Báez hace una salvedad frente a los anuncios del fiscal, quien dijo que llevaría sus hallazgos al Ministerio de Educación: “Nosotros requerimos que no se usen esos hallazgos de la Fiscalía para estigmatizar y perseguir a todo el movimiento estudiantil, porque terminan pagando todos los líderes y se desestructura el movimiento, que por estos días está pasando por un buen momento”.
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