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El 19 de mayo de 1997, en el barrio Chapinero Alto de Bogotá, cinco hombres armados vestidos de negro irrumpieron en el apartamento de Mario Calderón y Elsa Alvarado, dos defensores de derechos humanos que trabajaban en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Los obligaron a arrodillarse y luego les dispararon. La misma suerte corrió Carlos Alvarado, papá de Elsa. A un poco más de dos meses de que se cumplan 28 años de ese escabroso crimen, sus familiares aún reclaman justicia en contra de los perpetradores, y más precisamente en contra de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. A través de una carta, la familia le pidió a la justicia que se le dé punto final a la situación judicial del exjefe paramilitar y se defina si se queda o no en el sistema de Justicia y Paz.
El homicidio de Elsa, Mario y Carlos es un asunto que se ha tocado en repetidas ocasiones en las salas de Justicia y Paz. Exparamilitares como Éver Veloza, alias HH, y Jesús Roldán, conocido como Monoleche, apuntaron ante esa autoridad judicial que el crimen habría sido ordenado por el propio Carlos Castaño, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y orquestado por Don Berna. Este último enfrenta un proceso ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín desde hace siete años, pero no ha tenido mayores avances. Por esa razón, y por los escasos aportes del exjefe paramilitar ante la justicia en este y otros casos de homicidios selectivos y masacres, la Fiscalía pidió, el 10 de febrero de 2022, que Murillo Bejarano fuera expulsado de ese sistema.
De hecho, el actuar delictivo de Murillo Bejarano va mucho más allá. Como un destacado líder paramilitar de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Tolová y Héroes de Granada, Don Berna está relacionado con graves crímenes como los homicidios de Jaime Garzón (13 de agosto de 1999), Eduardo Umaña (18 de abril de 1998) y Jesús María Valle (27 de febrero de 1998). Los tres asesinatos fueron ordenados por el propio Castaño, pero, según versiones de exmiembros del grupo armado, Don Berna es quien habría cuadrado la logística para cometer los crímenes. Y no solo eso. Murillo Bejarano, hombre de confianza de los máximos jefes de las AUC, también está ligado a las masacres de La Granja, El Aro y San Carlos, todas ocurridas en Antioquia.
Para el ente investigador, Don Berna, quien se encuentra purgando una condena en Estados Unidos luego de ser extraditado en 2008, renunció a su comparecencia en diferentes audiencias de forma injustificada, lo que generó extensas demoras en el proceso. “La Fiscalía ha agotado todos los medios a su alcance para poner en conocimiento de Murillo Bejarano la realización de las correspondientes audiencias y sesiones de versión libre (…), el postulado, enterado de la realización de estas, ha decidido voluntariamente no comparecer y con ello sustraerse del proceso transicional”, argumentó el ente de control en su momento. Sin embargo, aun con esos argumentos bajo el brazo, el Tribunal de Medellín falló el 26 de agosto de 2022 y le dio un portazo a esa solicitud.
De acuerdo con los magistrados del tribunal antioqueño, Murillo Bejarano sí ha colaborado con la justicia desde 2007 y ha asistido a diferentes audiencias desde 2011. Para esa autoridad judicial, ese tiempo es suficiente para no aislar a Don Berna del sistema de Justicia y Paz. Según reseñó la Fiscalía, el exparamilitar habría estado lejos de los estrados durante seis meses, pero, para el Tribunal, ese tiempo es “mínimo” comparado con los años en los que, dicen, sí ha comparecido. Además, en la decisión argumentan que se identificaron dificultades derivadas de su reclusión en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, como fallas de comunicación y problemas logísticos para su traslado.
Pero el tema no para ahí. El Tribunal de Medellín también señaló que el hecho de no excluir a Don Berna del sistema de Justicia y Paz también se debe a un asunto de proporcionalidad. Y así lo planteó en su determinación: “Si hipotéticamente midiéramos el peso de los bienes en conflicto, tendríamos que concluir que, ante la ausencia de culpabilidad del postulado, la exclusión resultaría lesiva y totalmente desproporcionada no sólo para él, sino para las víctimas, porque como lo han dicho muchas de ellas, se han sentido accediendo a la administración de justicia solamente en Justicia y Paz, porque sus casos fueron archivados en las fiscalías”. En pocas palabras, para el Tribunal la medida no era adecuada, necesaria ni proporcional.
Al conocer el fallo, la Fiscalía apeló la decisión y el caso aterrizó en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Desde el 15 de septiembre de 2023, el expediente está en el despacho del magistrado Hugo Quintero Bernate, sin que haya tomado una decisión de fondo. En el entretanto, hasta su escritorio llegó la carta firmada por los familiares de Mario, Elsa y Carlos, quienes le piden a la Sala Penal del alto tribunal celeridad para resolver el recurso. “Vemos con gran preocupación que la congestión en la administración de justicia dilate más la búsqueda por la justicia, la verdad y una reparación integral de la familia. A esta realidad, se suma la grave situación de salud del postulado y su condición de extradición que han obstaculizado la verdad que tanto hemos estado esperando. Una verdad que precisamente este postulado nos ha negado en todos estos años”, dice la misiva.
En el documento, las familias Calderón y Alvarado, además de pedirle al alto tribunal que acelere el estudio de la apelación y emita un fallo, también solicitan “una reunión virtual con el despacho con el fin de expresarles nuestros sentires y apoyo. Y así, poder dar a nuestras familias y a nuestros ausentes, pero siempre presentes, una verdad plena, y que logremos una reparación integral en dignidad”. María Fernanda Torres, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas y quien representa a ambas familias, le dijo a este diario que la preocupación por las demoras es cada vez más latente, pues familiares de las víctimas han fallecido esperando una decisión. “Hay daños generacionales. Algunos están muriendo sin reparación, ni verdad ni justicia”, dice.
El proceso, ahora, está en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema, que deberá resolver la apelación con la que la Fiscalía busca excluir definitivamente a Don Berna de Justicia y Paz. Sin embargo, se espera que, si se queda, siga aportando a la verdad y reparación de las víctimas en el caso de Mario, Elsa y Carlos, y otros cientos en los que fue determinante para generar una ola de sangre y fuego contra víctimas inocentes. Si se va, su expediente aterrizaría en la Fiscalía, y se tendría que iniciar un nuevo proceso en la justicia ordinaria, según la abogada Torres. La puerta está abierta para que el alto tribunal determine la situación de uno de los máximos actores del conflicto en Colombia, responsable del homicidio de los reconocidos defensores de derechos humanos.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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