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A las puertas del debate crucial en el Senado para definir el futuro de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tras bambalinas se libra una pugna paralela para ganar votos, forzarlos o de cualquier manera incidir en la pelea final en el Congreso. Una encrucijada política en la que desde el fiscal, Néstor Humberto Martínez, los gremios y hasta el gobierno de Estados Unidos juegan sus piezas. Del lado contrario, tras lograr que sus mayorías improbaran los reparos de Duque en la Cámara de Representantes, quienes abogan por la integridad actual de la JEP hacen sus propios cálculos para impedir a voto limpio la cruzada de quienes buscan voltear la torta en el Senado.
En criterio de algunos observadores, lo que se traduce es el forcejeo político entre la sumatoria de fuerzas para cercar a la JEP, o al menos dar una vuelta de tuerca a sus postulados generales, y la que integran los defensores a ultranza del modelo de justicia transicional que tiene el deber de saldar las cuentas judiciales de la guerra. Aunque los cálculos parecen hoy favorecer a la alianza por negar las objeciones del jefe de Estado, salta a la vista que los alfiles y aliados del Ejecutivo se van a jugar todas sus cartas para lograr su cometido. De no prosperar su objetivo inmediato, a largo plazo ya está claro su plan B: el proyecto de acto legislativo para reformar aspectos centrales del mandato de la JEP.
En este pulso se habla de movidas que pueden servir de cimiento para esa tarea. La más inmediata tiene que ver con la apertura de investigación preliminar anunciada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y el magistrado de ese tribunal Alejandro Ramelli. Según una denuncia que llegó al despacho del representante Ricardo Ferro, del Centro Democrático y presidente de la célula legislativa, los dos miembros de la justicia especial podrían haber cometido tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Los hechos en los que se sustenta el inicio de la investigación tienen que ver con las disputas internas por la administración del tribunal, a través de correos privados antes de su consolidación.
Lo que se sabe es que Ramelli habría enviado a Linares información reservada de la Corte Constitucional respecto al fallo clave sobre la estructura administrativa de la JEP. En ese momento, él era magistrado auxiliar en la Corte en el despacho del titular Alberto Rojas, pero ya había sido electo como magistrado de la justicia especial. Cuando se hizo pública la polémica, los dos se defendieron negando cualquier tipo de falta disciplinaria. Y está también la versión del exsecretario ejecutivo de la JEP Néstor Raúl Correa, quien ha asegurado que renunció a su cargo por estar en desacuerdo con el modelo administrativo del tribunal y habló de supuestas irregularidades en el interior del organismo.
Hay quienes ven este tipo de actuaciones como intentos de desprestigiar y deslegitimar a la JEP. “La única actuación que ha producido en mucho tiempo la Comisión de Acusaciones de la Cámara —presidida por un uribista— es contra la magistrada Patricia Linares y otro magistrado de la misma jurisdicción. Una más de las artimañas de la campaña contra la paz”, señaló el senador Iván Cepeda. Por su parte, el senador Roy Barreras, de la U, recusó ayer a Ferro, Edward Rodríguez, Gabriel Santos y Óscar Villamizar, representantes del Centro Democrático y miembros de la Comisión de Acusaciones, por no declararse impedidos a la hora de decidir sobre la demanda contra Linares y Ramelli. “Es claro que tienen un interés directo en la investigación y esto se puede corroborar con múltiples declaraciones en las que se han pronunciado en contra del tribunal transicional”, resaltó Barreras.
En este tire y afloje en defensa y ataque al sistema de justicia transicional hay que mencionar también las demandas anunciadas en contra de la votación del lunes pasado en la plenaria de la Cámara de Representantes, que significó el hundimiento de las objeciones presidenciales a la estatutaria. Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, cree que hubo vicios de procedimiento, pues no se permitió que cada una de ellas se votara por separado y no en bloque. Por eso anunció que pedirá la nulidad de la decisión ante la Corte Constitucional. Y el presidente del Congreso, Ernesto Macías, ha dicho que estudia la posibilidad de otra demanda por considerar que la Cámara no podía votar hasta tanto el Senado se pronunciara sobre el tema, pues esta es la corporación de origen del proyecto. El miércoles, cuando se pidió incluir en la orden del día del Senado el punto de las objeciones, fue negado. La estrategia del Gobierno es ganar tiempo a ver si consigue las mayorías.
Así las cosas, la JEP libra una dura lucha contra la corriente. En el mismo Capitolio reconocen que el fiscal Martínez se ha convertido en una especie de jefe de debate a favor de las objeciones, mientras algunos, en voz baja, revelan a cuentagotas que el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, les pidió apoyar a Duque. Una lucha que comenzó incluso desde la misma discusión de la ley estatutaria en el Congreso, cuando desde el uribismo se intentó crear una jurisdicción paralela para miembros de la Fuerza Pública, o se pidió que el tribunal no pudiera solicitar pruebas frente a casos de extradición, o que no tuviera acceso a información reservada de inteligencia, e incluso que se reactivaran las órdenes de captura a los excombatientes de las Farc, aunque estuvieran cumpliendo las condiciones que les pedía la JEP.
En torno al tribunal se habló de una supuesta nómina paralela. Congresistas del Centro Democrático aseguraron que en contratación de supernumerarios y funcionarios temporales se habían invertido $43.000 millones, información desmentida por la JEP y que el Ministerio de Hacienda confirmó que se trató de un error. Por otro lado, el corto circuito con la Fiscalía ha sido más que evidente. Basta recordar la inspección que intentaron hacer agentes del CTI, en octubre de 2018, a la sede de la JEP, argumentando que buscaban información por el llamado caso 001, que agrupa los hechos de secuestro atribuidos a las Farc, diligencia que tuvo que ser interrumpida por orden del propio fiscal Martínez.
O las diferencias por cuenta de la información que la jurisdicción viene pidiendo al ente investigador sobre la suerte y el paradero de los bienes de las Farc para reparar a las víctimas. Y toca mencionar el lamentable episodio de la carta que se le embolató al Ministerio de Justicia, en la que el tribunal le solicitaba a Estados Unidos las presuntas pruebas contra Jesús Santrich en un envío de cocaína a ese país. En todos los casos mencionados, pese a que se han desmentido las versiones o los responsables de los errores han salido a reconocerlos, en las redes sociales se han impulsado calculadas campañas de desprestigio contra la JEP, un organismo que debería ser ajeno al juego político, un deseo casi utópico en un país tan polarizado.
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