Deberíamos comprender lo que nos muestra HRW

Necesitamos entender que un ataque contra defensores de derechos humanos es una agresión contra todo el Estado colombiano. Eso lo confirma Human Rights Watch (HRW) en su más reciente informe, que da un panorama tenebroso y doloroso de lo que están sufriendo las personas que se atreven a representar la democracia en los lugares más vulnerables del país. “Los grupos armados a menudo oprimen a defensores de derechos humanos e intentan utilizarlos, bajo coacción, para imponer sus propias ‘reglas’ en las comunidades”, escribe la ONG. Es decir, allí donde el Gobierno central no llega, o aterriza a medias, la última línea de defensa de las instituciones colombianas son los líderes sociales. ¿Será que comprendiendo lo que perdemos cuando son silenciados puede cambiar la incapacidad para protegerlos? Los resultados del pasado no son alentadores para el futuro inmediato.

El informe, titulado “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, da una radiografía del terror. Sistematiza características comunes y propone la imagen de un país fracturado y abandonado, así como de un Estado incapaz de hacerse sentir en muchos lugares. Como suele ocurrir en medio de la violencia, los más afectados son también los que menos oportunidades socioeconómicas tienen. Es el círculo vicioso de la historia de Colombia.

De los 421 asesinatos que observó HRW, hay varios datos interesantes. Más de la mitad (52 %) de los crímenes ocurrieron en zonas de influencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados a partir del Acuerdo de Paz. Es decir, estamos fallando con las promesas hechas a estos territorios. No solo el Estado ha sido incapaz de ocupar los espacios dejados por las Farc, ahora en disputa por bandas criminales y de narcotraficantes, sino que el cumplimiento general de lo pactado va muy lento para detener los efectos violentos que estamos viendo.

En general, HRW encontró que los asesinatos ocurren en zonas con grupos armados (98 %), donde hay economías ilegales (97 %) o en municipios con niveles de pobreza superiores al promedio nacional (100 %), y este último nos parece el dato más importante. La violencia y la falta de oportunidades son la condena de muchos colombianos, a pesar de todos los avances que ha hecho el país.

Algo evidente en el análisis es que la fórmula de siempre no está funcionando. La administración de Juan Manuel Santos descuidó la importancia de crear una estrategia en la lucha contra el narcotráfico que cambiara el paradigma y empoderara a las poblaciones, mientras que la administración de Iván Duque se empeña en una doctrina militarista propia del siglo pasado y que ha mostrado su incapacidad para solucionar los problemas de raíz. Mientras desde Bogotá los discursos antidrogas insisten en estigmatizar a los consumidores y promover la fumigación con glifosato, los narcotraficantes siguen aumentando la eficiencia de su producción y causando estragos.

Colombia sigue siendo un país de alto riesgo. Estamos bajo ataque. ¿Seguiremos respondiendo con las soluciones insuficientes de siempre?

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