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Las opiniones sobre la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez en su grandiosa finca del Ubérrimo todavía acaparan la atención de gran parte de la prensa hablada, escrita y televisada.
Ha sido inevitable que el partido Centro Democrático continúe con el mismo sistema de siempre, es decir, generando confusión entre la ciudadanía y aún entre sus mismos seguidores sobre las razones que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a tomar la determinación que tomó. Para que la confusión sea más grande han contribuido no solo los temáticos obsesivos del CD, también de su entorno familiar salieron voces poco afortunadas y con argumentos que no vienen al caso.
Quien mejor ha explicado hasta ahora el sentido de la detención al expresidente, en mi concepto, es el jurista Rodrigo Uprimny en su columna de la edición dominical (09/08/20) de El Espectador cuando lo hace desde un enfoque constitucional. Porque en estos momentos no está en discusión las calidades y cualidades que tenga este personaje, en mayor o menor grado, a lo mejor son muchas y no las acabamos de conocer. Tampoco, como bien lo anota el citado jurista, está en el debate nacional su legado histórico; para ello están los historiadores que juzgarán su obra a partir de fundadas investigaciones, pero sobre todo a la luz de análisis serenos, académicos y basados en la verdadera realidad. Lo que se dice en un primer momento no es más que la espuma de los acontecimientos.
Por eso, no es válido el repetitivo y cansón argumento que traen a colación los partidarios de Álvaro Uribe Vélez cuando expresan que es el colmo que un prohombre de la categoría de su jefe esté detenido, mientras unos asesinos, ladrones y violadores están en el Parlamento colombiano. Parecería que es así, pero no lo es. Lo claro y real es que la Corte Suprema de Justicia lo llama porque pudo cometer un delito: sobornar testigos y fraude procesal; y hasta que no se demuestre lo contrario, por ahora las pruebas serían contundentes, es por eso que debe responder.
Por lo tanto, señores del Centro Democrático y demás seguidores: una cosa es esperar que la Corte Suprema de Justicia actúe según el Estado de derecho. Y otra muy diferente es el proceso de paz, el que tanto quisieran ver destruido, que dio paso a que este amplio sector de exguerrilleros esté en Senado y Cámara. Comparar en este momento la situación de Álvaro Uribe Vélez con las de los parlamentarios del partido FARC no es un argumento que lleve a unos magistrados a cambiar de jurisprudencia.
Ana María Córdoba Barahona. Pasto.
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