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Las investigadoras del centro de estudios jurídicos, Dejusticia, Ana María Narváez y Diana Guarnizo acaban de publicar el informe Etiquetas sin derechos que analiza el etiquetado de alimentos desde una perspectiva de derechos humanos. En entrevista con este diario, las abogadas explican por qué consideran que los empaques de lo que comemos tienen una relación directa con los derechos a la información, a la alimentación y a la salud en las sociedades actuales.
Si ya tenemos tablas de información nutricional en la mayoría de los alimentos y porcentajes de fruta en los jugos, ¿por qué necesitamos otro tipo de etiquetado en la comida?
Ana María Narváez: Los etiquetados actualmente no se entienden. Un estudio de Red PaPaz en el 2017 reveló que el 70% de los colombianos no entienden las etiquetas nutricionales. La información que dan los empaques es importante porque vamos a comer todos los días y tomamos decisiones sobre alimentación a diario.
Diana Guarnizo: Lo que nos trae a discutir estos temas es que la gente quiere informarse y no es fácil hacerlo. Solamente leyendo la tabla nutricional no vas a entender. Se dice que en promedio son 10 segundos los que tarda una persona en escoger un producto. Si en ese tiempo no queda claro el mensaje la persona va a elegir por otras razones (el color, el muñequito, la promoción, el precio). Nosotras también citamos una investigación del Instituto Nacional de Salud en México, en la que les preguntan a varios estudiantes de la facultad de Nutrición si ellos entienden las etiquetas nutricionales y, la gran mayoría responden que no y se supone que tienen un conocimiento previo que los hace más sensibles a entenderlas.
En el documento insisten en que las normas de alimentación tienen que basarse en evidencia científica, ¿encontraron casos en que no se obedeció a la ciencia?
D. G.: Hay varios factores ahí. Uno es que existe un interés económico de por medio. Si yo tengo una industria, de la cual dependo, obviamente quiero vender mi producto y hacerlo bajo la idea de que es bueno o que no es tan malo. En esa medida, pues voy a intentar favorecer un tipo de etiquetado que comparte una información de cierta manera y me voy a oponer a otro tipo de etiqueta. Tristemente, el Congreso, que debería ser un órgano donde todos participemos democráticamente, una institución libre de influencias, de intereses, de relaciones con poderes económicos, tendría que tomar esa decisión con base en el interés general, pero la verdad es que no lo ha hecho.
A. M. N.: Mirando las gacetas del Congreso, que relatan todos los argumentos en plenaria, se da uno cuenta de que no hay consenso en los datos científicos y que hay otras técnicas para posicionar una idea o no. Por ejemplo, ponen un proyecto de ley en la agenda, está en el número uno y, de alguna manera, lo bajan y lo bajan durante 10 sesiones. Pero sabemos que peleas como esta son de largo aliento y la mejor evidencia científica es la voluntad política.
¿Tiene que ver en algo el momento de publicación del estudio con las denuncias de «micos» en el proyecto de ley de etiquetas de comida?
A. M. N.: Iniciamos la investigación antes, pero ahora el lanzamiento entra en esta coyuntura en que hay dos proyectos de ley en el Congreso que proponen modelos de etiquetado diferentes. Ya el Ministerio de Salud mencionó que los etiquetados hay que cambiarlos porque no se entienden. El primer proyecto, debido al intenso lobby, fue deformado y ahora propone las mismas tablas nutricionales que no se entienden. Posteriormente, otros congresistas elaboraron una propuesta sobre entornos saludables y uno de los apartados es sobre etiquetado nutricional. Entonces, ¿qué modelo vamos a adoptar? ¿El obligatorio que ya dijimos que no se entiende? ¿O vamos a optar por otro modelo? Nosotras esperamos que este estudio sirva como herramienta a los legisladores para que, desde esta perspectiva y esta mirada de derechos humanos se analice cuál vía garantiza el consumo informado.
¿Por qué dicen que el etiquetado de alimentos es un asunto de derechos humanos?
A. M. N.: Porque es una herramienta de información que sirve como sombrilla para proteger el derecho a la salud, a la educación y a la vida, por medio del consumo informado.
D. G.: Muchas luchas sociales se han venido dando a través de los derechos humanos porque es finalmente el lenguaje que permea de manera más horizontal todas las concepciones constitucionales en el mundo. Lo novedoso aquí es tratar de ver cómo estos elementos de alimentación y de salud pública, que en Colombia eran vistos como de una manera muy técnica y apartada del debate democrático, son asuntos de derechos humanos. Esto tiene que ver con nuestro derecho de acceso a la información y detrás también hay unas discusiones políticas, económicas, de salud. Esta debería ser una discusión pública y no debería dejarse solo al funcionario que está en el Ministerio de Salud tratando de redactar la resolución. Creemos que la alimentación va más allá, que una cosa tan cuadriculada como puede ser la etiqueta también tiene un bagaje político que queremos hacer visible.
Y, entonces ¿cómo sería un etiquetado desde la perspectiva de los derechos humanos?
A. M. N.: Tiene que ser claro, visible, veraz, rápido y fácil de entender por toda la población. Para los niños, por ejemplo, para que de una manera fácil y rápida puedan distinguir las ventajas de la alimentación sana. Esto trae varios beneficios también para el Estado. Solo en 2013, el costo de la diabetes al sistema de salud atribuible a bebidas azucaradas fue de $740.000 millones. No hay sistema en el mundo que soporte el costo de todas las enfermedades crónicas asociadas a la obesidad. Acaba de salir un reporte que asegura que 1 de cada 5 personas en el 2017 murieron a causa de malas dietas: esto nos está costando la vida. Todos en la familia tenemos alguien con hipertensión, problemas de diabetes, líos por azúcar en la sangre. Comer debería ser fácil y, si no es así, entonces hay que ajustar la política pública.
En países como Chile, Ecuador y Perú la regulación del etiquetado es muy estricta, ¿qué puede aprender Colombia de estos ejemplos?
A. M. N.: Bueno, del etiquetado de sello frontal, la experiencia más antigua que tenemos es Chile, donde se implementó en 2016. Ya se sumaron Uruguay y Perú, y, ahorita, está siendo considerado por los gobiernos de Brasil y Canadá. En estas etiquetas un sello de advertencia, un hexágono negro, dice en el frente del empaque: alto en azúcar, sodio o grasa, según corresponda. Hasta ahora, esa figura ha demostrado ser efectiva porque está relacionada con la señal de tránsito PARE y el negro es para que se distinga de los colores de los paquetes.
El otro modelo es Ecuador. Allí los productos tienen un semáforo y, pues, como cuando vas en una carretera: si el semáforo se pone en rojo, sabes que frenas; si se pone en verde, sabes que avanzas. Pero, si se pone en rojo, verde y amarillo, tú no sabes qué decisión tomar y eso es lo que pasa. Por ejemplo, una bebida azucarada: te sale que está en verde en sodio, verde en grasas —porque no tiene ni sal ni grasa— y te aparece en rojo el azúcar. Uno piensa: uno rojo, dos verdes, balanceo y está bien. Entonces, se tiende a malinterpretar qué producto es sano o no.
Viendo el lobby para que la regulación no pase, ¿contemplan entre sus acciones el litigio estratégico para que se reconozcan estos derechos por vía judicial?
D. G.: Esa es una opción, pero no lo sabemos todavía. Por ahora, reconocemos que hay un vacío normativo. La resolución 333 de 2011 del Ministerio, que es la regulación que existe, no es suficiente. Tiene que haber algo nuevo. Habida cuenta de ese vacío nosotros confiamos en que sea el Congreso el que lo llene, es lo que debe ser en un Estado de derecho. Entonces, frente a esas omisiones legislativas uno podría plantearse algún tipo de acción legal estratégica, pero por ahora seguimos confiando en que el vacío va a ser llenado. Esperamos que el documento contribuya a hacerle ver a los legisladores que esto no es solo una buena idea, es también una idea necesaria que se corresponde con los derechos que tenemos todos.
Ustedes dicen que estamos en una ‘epidemia de la obesidad’ y, de hecho, la principal causa de muerte en el país no es la violencia, sino las enfermedades cardiovasculares ¿Cómo exigirle al Estado que prevenga estas situaciones?
D. G.: Uno mira, las muertes en la guerra que movilizan tanto, que nos gastan tantos recursos, tanto debate político y se reconoce que el Estado tiene alguna responsabilidad en prevenir el conflicto, en fomentar la paz. Todo el mundo dice: ¡Estado, haga algo! Y, sin embargo, no tenemos la misma percepción respecto de estos fenómenos. Asumimos que es algo que pasa y no le exigimos algo al Estado, cuando en realidad podría hacer mucho. De hecho, ha sido su ineficiencia la que ha ayudado a que actores económicos tomen ventaja. Como no hay una regulación clara sobre etiquetado yo simplemente advierto lo que quiero advertir, si es que quiero, lo digo de la manera más chiquita, más escondida, menos clara que puedo. Pero estas propuestas siempre las tratan como si fueran demasiado radicales en contra de la industria y no es así. Extremo sería prohibir las gaseosas o los jugos porque sería sacar del mercado todo un segmento de productos. Aquí nadie ha hablado de eso.
Uno de los argumentos cuando se deformó el proyecto de ley el año pasado era que un etiquetado tan estricto como el chileno estigmatizaría la comida. Yo me imagino una eventual sentencia de la Corte analizando una tensión entre el derecho a la salud y al acceso a la información, ¿qué opinan de esa discusión?
D. G.: Generalmente en esta tensión se tratan estos derechos como iguales: yo tengo tanto derecho a mi salud y a informarme del etiquetado como las industrias tienen derecho a trabajar. Pero esos derechos no son equivalentes porque mis derechos son fundamentales: a la salud, a la vida. Si esos derechos se me suprimen, yo muero —y hay personas muriendo—. En cambio, si las libertades de la industria se limitan, la industria no va a morir. De hecho, no ha muerto: en Chile siguen existiendo Coca-Cola, Nutresa, todos. Si ellos reformulan sus productos van a poder otra vez salirle al paso. En cambio, si la regulación no se opone, la salud y las vidas de estas personas sí se van a ver en juego. Ahí es donde yo creo que el balance constitucional debería estar claramente a favor de las personas y de la vida y no del interés de las empresas.
A. M. N.: Yo creo que también es juntar dos argumentos y hacer una afirmación falsa. No creo que una información que diga claramente como ‘uy, bájele un poquito a esto si quiere comer sanamente’ sea lo mismo a decir ‘no coma’. Cuando se implementaron estas medidas en otros países los argumentos fueron los mismos, pero las empresas terminaron ajustándose. Ahorita funcionan normalmente y, si quieren tener menos sellos en sus productos, le bajan al azúcar, le bajan a la grasa, lo reformulan o lo hacen más atractivo de otra manera. Esto ayuda a que comer sea más fácil.
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