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“En México se acaba de capturar a uno de los terroristas más peligrosos de la organización narcoterrorista de las Farc. Se hacía pasar por Jaime Cienfuegos, su nombre es Miguel Ángel Beltrán Villegas”. El 23 de mayo de 2009, desde un consejo comunal en Leticia (Amazonas), el entonces presidente Álvaro Uribe celebraba que Miguel Ángel Beltrán hubiese sido detenido. Sin embargo, la justicia colombiana y hasta la mexicana terminaron dándole la razón a Beltrán, quien siempre se declaró inocente, y no al expresidente. Y por haberle puesto el inri de guerrillero, Beltrán espera que el Estado colombiano lo indemnicen a él y a su familia.
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Luego de que Fiscalía y Policía manifestaran su desinterés en conciliar, ante el Juzgado 36 Administrativo de Oralidad de Bogotá, Beltrán presentó una acción de reparación directa por “la privación injusta” que soportó entre el 22 de mayo de 2009 y el 7 de junio de 2011 y desde el 31 de julio de 2015 el 1° de septiembre de 2016. El primer período corresponde al momento en que estuvo tras las rejas desde que llegó de México, donde hacía estudios posdoctorales en la UNAM, hasta que un juez de primera instancia lo absolvió. El segundo período va desde que se entregó, pues el Tribunal Superior de Bogotá revocó el primer fallo, hasta que la Corte Suprema de Justicia lo eximió.
Por la afectación a su honra y buen nombre, por los honorarios que tuvo que pagar a un defensor, por el salario que dejó de recibir al ser inhabilitado por la Procuraduría en 2014 —era profesor de sociología de la Universidad Nacional—, Miguel Ángel Beltrán espera que la Fiscalía y la Policía lo indemnicen. También les pide que se realice un acto público, presidido por un alto funcionario de las entidades demandadas, en el que se reconozca el error cometido y se ofrezcan excusas tanto a él como a su familia. Por último, solicita que, si la demanda sale a su favor, el fallo que se profiera se cuelgue en las páginas web de ambas instituciones.
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La vida de Beltrán, quien era profesor de sociología de la Universidad Nacional, comenzó a trastocarse el 1° de marzo de 2008, día en que murió en un bombardeo Raúl Reyes mientras se refugiaba en Ecuador. En los computadores que se incautaron de esa operación, bautizada Fénix, se hallaron archivos con los que las autoridades concluyeron que Beltrán, un hombre que nunca ha ocultado su simpatía por las ideas de izquierda, era Jaime Cienfuegos y ejercía como una especie de embajador de las Farc, divulgando su ideología en el exterior. Así fue como la Fiscalía le abrió un proceso por rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas.
Cuando el caso llegó a la Corte Suprema, el debate se resolvió rápidamente: desde mayo de 2011 —señaló el alto tribunal en el fallo de Beltrán—, esta corporación determinó que los computadores de Reyes eran considerados pruebas ilícitas, pues provenían de “su evidente recaudo irregular al producirse fuera del territorio colombiano por parte de autoridades que no contaban con facultades de policía judicial, las cuales se apartaron de la Constitución Política”. Todo el caso de la Fiscalía contra Beltrán estaba sustentado en el material electrónico encontrado tras el bombardeo al campamento de Reyes y, por eso, se vino al suelo.
“Quienes conforman su núcleo familiar —se lee en la demanda radicada por Miguel Ángel Beltrán— se vieron gravemente afectados con las medidas restrictivas de la libertad, pues su compañera permanente, hijos [tiene dos niños pequeños], padres y hermanos fueron sometidos al escarnio público (…) fue tal la afectación psicológica que sufrió la familia del profesor Miguel Ángel Beltrán, que tuvieron que acudir a atención psicosocial —médica y psicológica individual y terapia de familia—, pues el profesor fue presentado ante la opinión pública como uno de los terroristas más peligrosos de las Farc”.
Incluso, en 2018, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México decretó que lo que hicieron las autoridades de ese país con él (funcionarios de migración lo deportaron arguyendo que tenía problemas con su visa) fue ilegal y ordenó indemnizarlo. Pero, a pesar de las absoluciones en su favor, en la demanda Beltrán concluye que “se le destruyó su vida”. Por ejemplo, el Museo Histórico exhibía una foto suya al lado de una imagen del Mono Jojoy, comandante del Bloque Oriental de las Farc y miembro del Secretariado de las Farc, aun cuando la Corte Suprema ya había proferido su fallo absolutorio. Beltrán tuvo que insistir para que la retiraran.
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Miguel Ángel Beltrán busca también que la Procuraduría levante la sanción que profirió en su contra en 2013 y confirmó un año más tarde: destituirlo e inhabilitarlo para ocupar cargos del Estado durante 13 años. En mayo de 2018 logró una primera pequeña victoria, pues el Consejo de Estado suspendió los efectos de la sanción. Gracias a ello pudo volver a dar clases en la Nacional; sin embargo, aún está pendiente que ese alto tribunal determine si la sanción se mantiene. De ello depende que pueda quedarse en su alma mater, a la que se unió hace casi 14 años, y cuyos estudiantes lo recibieron en medio de aplausos cuando volvió como hombre libre.
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