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Como un auténtico vendedor de sueños, el presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció la posibilidad de una reforma migratoria que podría hacer visibles a aproximadamente 12 millones de inmigrantes ilegales, de los cuales el 60% es mexicano.
Después del anuncio —que en líneas generales abriría una puerta para que los indocumentados se volvieran ciudadanos a través de un proceso de verificación de sus antecedentes, modernización del sistema de migración legal, viabilización de la reunificación familiar y el ingreso de estudiantes extranjeros—, la euforia dominaba los medios. Atrás quedaba la ausencia histórica de una real reforma migratoria: abusos, maltratos, robos, secuestros, torturas y asesinatos y ausencia de derechos humanos y de derechos civiles.
El primer gobierno de Obama reforzó la militarización y el control de la frontera con el objeto de bajar el número de cruces ilegales. El año pasado fueron deportadas 400.000 personas y sólo antes de las elecciones se prohibió la deportación de inmigrantes indocumentados que habían entrado acompañados de menores de edad. Simultáneamente, más leyes estatales antiinmigrantes aparecieron, como el caso de Arizona. Como todos sus antecesores, el presidente Obama ha utilizado la vulnerabilidad de la población indocumentada para su conveniencia.
La reforma migratoria presentada por un grupo de senadores hace pensar en un consenso bipartidista posterior a la victoria de Barack Obama, en la cual el voto latino fue decisivo. Una de las promesas más importantes de la campaña demócrata, que si fuera cumplida garantizaría nuevamente a ese partido significativas cantidades de votos. Por otro lado, los republicanos por más que quieran ya no podrán desconocer el poder relativo de la minoría mas importante en las próximas elecciones. Con todo, a cambio de esa legalización reiteran la importancia de mayor control en las fronteras y en los flujos migratorios. Realmente, una de las cosas que más interesaría a los republicanos en esa reforma es la ampliación del volumen de trabajadores temporales, lo que seguiría representando mano de obra poco calificada y salarios bajos como mecanismo de regulación del mercado laboral. Más que consenso entre republicanos y demócratas, esa reforma es el resultado de una coyuntura política: la victoria demócrata y la derrota republicana, en donde los últimos, a pesar del acuerdo tácito con sus opositores, siguen coherentes con sus históricos sentimientos xenofóbicos.
A pesar de utópico, mejor que reformas migratorias sería el establecimiento del “derecho a no migrar”, mediante un desarrollo humano y sostenible en la región, propuesto por los intelectuales mexicanos en la carta abierta dirigida al Senado de su país.
*Beatriz Miranda Cortés