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Por cuarta vez la Secretaría de Planeación de Bogotá extendió el plazo para que las bodegas de reciclaje cumplan con las normas, con las que buscan regular la forma como operan en la ciudad. La cuestión ha sido que, a pesar de que el decreto se expidió en 2010, pocos han sido los establecimientos que han cumplido con todas las condiciones.
El tema volvió a estar sobre la mesa luego de que un grupo de recicladores protestara frente a la Secretaría de Planeación para pedir más plazo y nuevas condiciones para cumplir con la reglamentación. La respuesta del Distrito fue fijar una nueva fecha para cumplir el plan. Los dueños de las bodegas ahora tendrán hasta abril del próximo año.
La cuestión es que se cumplen nueve años desde que se expidió el Decreto 456 de 2010 y aún no se superan varias controversias. Por ejemplo, los gremios de recicladores siguen insistiendo en que hay condiciones que son difíciles de cumplir, como la que obliga a las bodegas, sin importar su tamaño (grande, mediana o pequeña) a tener zona de cargue y descargue dentro del establecimiento, así como un plan de mitigación que reduzca el impacto de su labor en los andenes.
Hoy muchas bodegas que están en zonas de riesgo, corredores ambientales o en puntos estratégicos, como la avenida Caracas, las cuales funcionan en espacios reducidos. Es por ello que la carga y descarga se hace sobre el espacio público, lo que no solo afecta la movilidad, sino también las condiciones del espacio donde se ubican.
Desde el principio la meta ha sido fijar normas urbanísticas para regular estos sitios de acopio y organizar su ubicación en la ciudad. De acuerdo con Fredy Rodríguez, de la dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos, “lo que pasa es que esta población suele ser nómada con el manejo de los residuos, es decir, hoy pueden estar concentrados en Puente Aranda y mañana trasladarse al centro. Por esta razón, vemos cómo algunas bodegas desaparecen de un sector y luego surgen en otros lugares de la ciudad, generando muchas veces problemas sociales y de salubridad que debemos controlar”.
Cuando se puso en marcha el programa para organizar las bodegas en 2010, se contaron 1.186 bodegas. Sin embargo, en 2013, al cumplirse el primer plazo y dadas las dificultades para su implementación, la administración Petro extendió el plazo hasta noviembre de 2016, dejando en manos del actual alcalde su ejecución.
Al acercarse la fecha y luego de varios encuentros con los recicladores, la administración Peñalosa no tuvo otra opción que ampliar el plazo, primero hasta el 31 de marzo de 2017 y luego hasta marzo de 2019. Pese a que en este tiempo se hicieron cuatro jornadas de trabajo conjunto con la Secretaría de Hábitat y con la Unidad Administradora Especial de Servicios Públicos (Uaesp), no se llegó a un acuerdo con los recicladores, ni los propietarios de las bodegas cumplieron los requisitos. De ahí que se hubiera extendido una vez más el plazo, dejando la tarea al próximo alcalde.
Nohora Padilla, líder de la Asociación de Recicladores de Colombia, considera que esta nueva fecha puede ayudar a solucionar parte de la problemática. No obstante, lo que en realidad esperan es que en las reuniones que se tienen previstas para junio y julio se toquen temas de fondo, como el plan de manejo vial, que debe presentar cada bodega. “Si no se buscan soluciones de fondo vamos a seguir en el limbo hasta que se vuelva a cumplir el plazo, ya que muchas de las condiciones que les quieren imponer a los dueños de las bodegas, como las acciones de mitigación en las que se incluyen temas viales, son responsabilidad del Distrito y no están en manos de quienes realizan el trabajo del reciclaje”, manifiesta Padilla.
Además, el gremio de recicladores considera que también se debe debatir una figura que la administración pretende incluir en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que presentará ante el Concejo. Se trata de las estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA), que a diferencia de las condiciones que tienen las bodegas privadas, estas servirán para clasificar de manera tecnificada los residuos, podrán realizar recolección domiciliaria y percibir recursos de la tarifa de aseo, pues estarán inscritos dentro del Sistema Único de Información.
El mayor temor, de acuerdo con Padilla, es que se terminen eliminando las bodegas de reciclaje privadas. “Eso va en contravía de la sentencia que obliga a garantizar un mínimo vital a los recicladores, es decir, permitiendo la recolección del material y del proceso de aprovechamiento. Asimismo, dentro de las funciones del Distrito no está el crear y administrar este tipo de bodegas”.
A pesar de este temor, la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) insiste en que las bodegas no desaparecerán, pues el único fin es regularlas bajo las condiciones que determina el Ministerio de Vivienda, que exige que se asocien para operar. Además, estás no solo estarán regidas por la Secretaría de Planeación, sino por las alcaldías locales. “El mismo decreto establece unas ECA y nosotros, en el equipo de formalización, les socializamos y los capacitamos en el tema”.
En ese camino, el Distrito aseguró que en las mesas de trabajo, que se instalarán a partir del próximo 18 de junio con líderes de las bodegas y los recicladores, “seguirán analizando las solicitudes del sector reciclador, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y jurídica de las propuestas frente al proyecto del POT”, señaló la Secretaría de Planeación, a través de un comunicado.
Por ahora, lo único fijo es que esta será la última modificación que se le hará al decreto, para que quienes no hayan podido completar el proceso lo hagan. Por su parte, Planeación señala que hasta el momento no ha recibido solicitudes para adelantar el proceso de reglamentación de bodegas grandes, mientras que los recicladores esperan que antes de que se termine esta administración se logre llegar a verdaderos acuerdos, que les permita alivianar las condiciones imposibles de cumplir.
En la ciudad hay 21.951 recicladores, de los cuales se tiene registro de que al menos 7.000 se encuentran agremiados. Sumado a esto, de acuerdo con el último censo, hay 1.429 bodegas a las que llegan a diario 900 toneladas de reciclaje. Si bien se busca agilizar la entrada en vigencia de la ley que los regula, también debe ser prioridad la optimización de los derechos de esta población. Tocará esperar hasta abril del próximo año para conocer si al fin se logra organizar este sector.
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