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La Corte Suprema de Justicia se perfila como una de las grandes protagonistas del mundo judicial para este año, por varios procesos claves que ya caminan en sus salas y que deben avanzar significativamente e incluso resolverse. Entre ellos, los relacionados con la presunta participación de varios congresistas en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el juicio que enfrenta el actual ministro de Trabajo por presunto tráfico de influencias en el carrusel de la contratación, y los recursos con los que se podrían revisar las decisiones de segunda instancia en los procesos de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Así van cuatro de los casos clave que se moverán en 2026.
Congresistas salpicados en el caso Ungrd
Los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, fueron enviados a la cárcel recientemente en medio de uno de los peores escándalos de corrupción que han azotado al gobierno de Gustavo Petro: el desangro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Sin embargo, gran parte de ese escándalo está siendo investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual le sigue la pista a los congresistas que, supuestamente, vendieron sus votos a cambio de coimas y beneficios que habrían ofrecido altos funcionarios del Ejecutivo a cambio de apoyar las iniciativas gubernamentales.
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En mayo del año pasado, la Sala de Instrucción de la Corte ordenó la captura de Iván Name, expresidente del Senado, y de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, quienes, supuestamente, habrían recibido coimas por COP 4.000 millones. Por esos presuntos hechos, el alto tribunal los tiene en juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Según determinó la Sala en ese momento, “hay pruebas testimoniales e indicios graves de que los dos congresistas pudieron cometer los delitos investigados”. Aunque son los únicos que están tras las rejas, la Corte les sigue los pasos a más de seis legisladores, varios de ellos de la Comisión de Crédito Público.
En el despacho del magistrado Misael Rodríguez avanzan las pesquisas en contra del excongresista de la Alianza Verde, Juan Diego Muñoz Cabrera, y de los congresistas Karen Manrique (representante por las curules de paz), Liliana Esther Bitar Castilla, Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado (Partido Liberal). Todos ellos, según ha encontrado el alto tribunal, habrían aprovechado su lugar en la Comisión para emitir conceptos sobre propuestas del Ministerio de Hacienda, a cambio de coimas que se verían representadas en contratos de la Ungrd, correspondientes a proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).
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Asimismo, los senadores Martha Peralta (Pacto Histórico) y Julio Elías Chagüi (Partido de la U), así como Berenice Bedoya (Alianza Verde) fueron salpicados en el escándalo. Según señaló la Fiscalía en la audiencia de medida de aseguramiento contra de los exministros, así como lo dijeron en sus declaraciones los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, los congresistas habrían liderado una estrategia para asegurar votos a favor de la reforma pensional. El proceso en el que supuestamente se interesaron indebidamente en contratos y movieron sus influencias está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Los casos que caminan en esos tres despachos deben concluir si los legisladores van a juicio o si deben cerrarse.
Los Uribe Vélez
En 2025, los procesos en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez dieron giros de 180 grados que los conducen a la Corte Suprema de Justicia en 2026. Por ejemplo, el del expresidente por manipulación de testigos y fraude procesal, que fue resuelto en dos instancias. El 1 de agosto del año pasado, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó a 12 años de prisión domiciliaria al exmandatario, al cual halló culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Para el juzgado 44 penal de Bogotá, Álvaro Uribe sabía sobre la búsqueda de testigos por parte de su exabogado, Diego Cadena, en las cárceles del país para intentar favorecerlo con sus testimonios. Cadena también fue hallado culpable.
Esas versiones que buscó el abogado de Álvaro Uribe Vélez tenían como objetivo desestimar los señalamientos con los que exparamilitares y otras personas relacionaron a Álvaro y Santiago Uribe con paramilitares, según la jueza. Esas versiones fueron denunciadas en 2012 por el senador —y ahora precandidato presidencial— Iván Cepeda, quien es su contraparte en el proceso. La defensa del expresidente y la Procuraduría apelaron la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, instancia ante la cual también presentó una tutela con la que consiguió estar libre mientras se conocía la decisión de segunda instancia. El 21 de octubre del año pasado, la Sala Penal del Tribunal absolvió completamente al expresidente.
En la decisión participaron los magistrados Manuel Antonio Merchán (ponente), Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, quien se apartó de la mayoría. Para dos de los togados, la Fiscalía no logró demostrar la culpabilidad de Uribe. Además, para el Tribunal, la sentencia de primera instancia no revisó correctamente las pruebas del expediente y la jueza Sandra Heredia cometió errores en su valoración. La Fiscalía y las víctimas, integradas por el senador Iván Cepeda, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, decidieron presentar el recurso de casación ante la Corte, que llegará, a más tardar, el próximo 13 de enero.
El caso de Santiago Uribe Vélez tuvo un giro distinto. El 25 de noviembre del año pasado, el Tribunal Superior de Antioquia, por decisión unánime, revocó la absolución dictada en noviembre de 2024 a favor del hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, por haber fundado, participado y liderado el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”, así como por el crimen de un conductor de bus en Antioquia. Para esa instancia, las pruebas, analizadas en conjunto, no dejaban lugar a duda de que el ganadero estuvo detrás del grupo criminal y por eso lo condenó a 28 años y tres meses de cárcel, sin derecho a prisión domiciliaria ni a que se suspenda la pena.
Sin embargo, como la defensa de los hermanos Uribe Vélez, liderada por el penalista Jaime Granados, anunció que presentarán recurso de casación, la decisión del Tribunal solo podrá cumplirse una vez quede en firme. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia revise el recurso y determine si se cumplen los requisitos para revisar la decisión de segunda instancia o si de plano la confirma y se ordena el arresto inmediato del hermano del expresidente. Por lo pronto, lo que sí se irá adelantando es la orden que se le dio a la Fiscalía para que investigue y determine “la posible responsabilidad penal de Santiago Uribe Vélez en todas las muertes presuntamente cometidas por el aparato organizado de poder que dirigió”.
Los procesos en contra de Benedetti
Para el ministro del Interior, Armando Benedetti, la Corte Suprema de Justicia no es un escenario nuevo. De hecho, antes de que el presidente Gustavo Petro llegara a la Casa de Nariño y lo nombrara en cargos del alto gobierno, ha estado constantemente bajo la lupa de los magistrados de la Sala de Instrucción, e incluso de los de la Sala de Primera Instancia. En esas dos salas caminan por lo menos siete procesos en su contra, por distintos delitos que habría cometido cuando era congresista y que, aunque ya no sea legislador, es competencia del alto tribunal atenderlos. Además, desde hace años ha tenido duros roces con una de las personas que debe investigarlo: la magistrada Cristina Lombana.
El proceso más adelantado contra Benedetti es el llamado caso Fonade, en el que se le investiga por supuesto tráfico de influencias. Ese expediente ya está en la Sala de Primera Instancia de la Corte para juicio. El planteamiento del alto tribunal es que Benedetti, en 2017, cuando era senador del Partido de la U, influyó para que directivos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) entregaran un contrato por más de COP 740 millones a la empresa Certicámara S.A. Además, es señalado de haber hecho parte de una red de corrupción para mover contratos a cambio de coimas. En dicho entramado confesaron haber participado Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías, Exsenadores del Partido de la U, hoy condenados a más de 30 años de prisión.
Otro de los sonados casos contra el actual ministro de la política es el de presunto enriquecimiento ilícito que habría tenido en sus años como congresista, por el cual la magistrada Lombana adelantó un allanamiento a una de sus propiedades en Puerto Colombia (Atlántico), avaluada en COP 3.600 millones que, según Benedetti, fueron prestados por su amigo, el empresario Euclides Torres. Además, hay otros bienes adquiridos con dineros que no ha podido justificar totalmente. Precisamente, en Instrucción hay otra investigación andando por las supuestas movidas hechas por Benedetti en el Congreso para aprobar una ley sobre el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego (1539 de 2012), que habría terminado favoreciendo directamente a la empresa Simetric S.A., propiedad de Torres.
Los demás expedientes que avanzan en su contra tienen que ver con el llamado “carrusel de las pensiones” en Córdoba. El proceso nació en 2010, cuando el entonces senador Benedetti fue señalado de influir en la Fiduprevisora para hacer efectivo el pago de pensiones a profesores en Córdoba, que eran tramitadas irregularmente a través de sentencias judiciales. Al parecer también cobraba coimas a abogados y profesores beneficiados. Asimismo, hay otro que tiene que ver con la supuesta compra de votos en La Guajira para asegurar su elección en el Congreso en 2018. Finalmente, el que tiene que ver con supuesta corrupción en la Electrificadora del Caribe (Electricaribe) y la Electrificadora del Meta (Emsa), las cuales habrían sido convertidas en fortines políticos.
El juicio contra el ministro del Trabajo
Dentro de los casos, también está el juicio que avanza en contra de Antonio Sanguino, actual ministro de Trabajo, por su supuesta participación en el llamado “carrusel de la contratación” de Bogotá. Según revisa el alto tribunal, Sanguino, cuando era concejal de Bogotá, al parecer, desde principios de 2008 “intervino ante el alcalde mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas y ante el secretario distrital de salud Héctor Zambrano Rodríguez, con ocasión del proceso de selección y nombramiento de los gerentes de los hospitales públicos de Bogotá, específicamente, en el del Hospital de Usme”. Señala la Corte que esas movidas habrían sido “para que allí fuera nombrada una persona propuesta por él, esto es, de su confianza”.
Asimismo, también en la Sala de Primera Instancia, están pendientes otros grandes casos como el llamado a juicio del exsenador Arturo Char por supuesta compra de votos para las elecciones de 2018. El alto tribunal le sigue la pista al supuesto acuerdo delictivo en el que habrían intervenido la exsenadora Aida Merlano Rebolledo, quien ya fue condenada por estos hechos y se convirtió en una de las principales testigos del expediente en contra del político. Por ahora todo está por verse en el nuevo año que, para las altas cortes, inicia este martes y promete estar cargado de trabajo con grandes expedientes de interés para la opinión pública.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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