Publicidad

La protección del medio ambiente es una ley de la república

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El 5 de noviembre de 2022, en Bogotá, fue sancionado por el presidente Gustavo Petro el “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Ahora, todos los ciudadanos podemos pedir información al Gobierno sobre cualquier tipo de proyecto que consideremos impactará el medio ambiente, tenemos el derecho de participar cuando se estén tomando decisiones en su ejecución, podemos acudir a los tribunales cuando seamos afectados por proyectos de desarrollo en nuestras regiones o para exigir la defensa y protección de nuestros líderes ambientales.

Ser líder y defensor del medio ambiente en Colombia significa vivir constantemente ultrajado, amenazado, desplazado y lastimosamente existe la posibilidad de terminar siendo asesinado. Nuestro país es considerado en estos últimos años como uno de los más peligrosos para los activistas ambientales.

El Acuerdo de Escazú es un espaldarazo a estos grupos y organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales, una herramienta para garantizar el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones de los proyectos ambientales en las regiones, como la minería, la explotación de hidrocarburos, la silvicultura y la ganadería, entre otras actividades que en la mayoría de los casos terminan siendo desarrolladas atendiendo intereses particulares que solo buscan el crecimiento económico, olvidando por completo el bienestar general.

Este acuerdo regional firmado por 25 países de América Latina y el Caribe (ratificado ya por 14) es un instrumento jurídico de protección ambiental y derechos humanos para garantizar que haya justicia cuando estos sean vulnerados. Ahora los Estados podrán ser responsabilizados ante daños e injusticias al medio ambiente o a aquellos que lo defienden, bien sean activistas, comunidades afrodescendientes o pueblos indígenas. Enhorabuena para estos defensores de la vida, pues tras esta ratificación gozarán de un entorno protegido en donde podrán actuar con seguridad, sin ningún tipo de restricción ni mucho menos amenazas, ya que se deben adoptar medidas que prevengan y sancionen cualquier tipo de intimidación.

Estamos ante un paso gigante que posiciona como pionera a América Latina en la protección del medio ambiente, que alivia y llena de esperanza a la región ante la crisis ambiental a escala mundial. Nos encontramos ante el único acuerdo de carácter vinculante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), apoyado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) mediante la creación de una secretaría técnica para este fin la cual, en un gesto de total compromiso, vincula a la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), por medio de un memorando de entendimiento, a un programa de acción reforzado que a grandes rasgos tiene como pilar trabajar conjuntamente en proveer asistencia técnica a los Estados miembros, lo cual les permitirá ser garantes de derechos humanos y ambientales en sectores sociales que históricamente han sido vulnerados y excluidos.

La firma de este acuerdo internacional nos empodera para velar por la defensa de la naturaleza y trabajar por un planeta más verde que les brinde una mejor calidad de vida a nuestras futuras generaciones. ¡Que viva la vida!

Óscar Javier Pachón Pataquiva.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com

Conoce más

Temas recomendados:

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido