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Faltaban solo unas horas para que se celebrara el tercer juicio político en 16 meses contra el presidente del Perú, Pedro Castillo, cuando decidió soltar una bomba que sacudió a toda la región: anunció que disolvería el Congreso, que reorganizaría la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial que lo investiga por corrupción. También impuso un toque de queda. Todo esto para salvarse del juicio político. Todo a menos de dos días de celebrarse el Día Mundial contra la Corrupción. Toda una escena latinoamericana del siglo XX. Sí: un golpe de Estado.
La bomba de Castillo —para muchos un auténtico golpe cometido por el propio presidente— ha conducido a la renuncia de varios de los ministros de su gabinete y otros funcionarios como embajadores. Entre las renuncias destacan hasta el momento la del ministro de Exteriores, César Landa, el del Trabajo, Alejandro Salas, y el de Economía, Kurt Burneo. También se informó que el comandante general del Ejército, Walter Horacio Córdova Alemán, presentó su renuncia, presionado por el gobierno. La situación en el país es muy grave y la gente tiene miedo de lo que pueda pasar. El Congreso adelantó la votación de la vacancia y destituyó a Castillo con 101 votos a favor de la vacancia y solo 6 en contra.
Vea nuestro análisis: ¿Qué sigue para Perú tras la destitución de Pedro Castillo por el golpe de Estado?
“En Perú vivimos la normalización del caos”, dice el periodista Marco Sifuentes.
Y es que esta no es la primera vez que se ve algo así en el país, aunque la actual crisis tiene diferencias muy claras con sus predecesoras. Alberto Fujimori ya lo había hecho en 1992, aunque él sí contaba con el respaldo popular. Castillo hoy tiene una desaprobación del 66 %. Se sabe que el presidente decidió sumir al país en esta nueva emergencia para salvarse del juicio político, pero ¿era esta maniobra constitucional? ¿Fue una jugada astuta o torpe?
Para el abogado Fernando Velezmoro, la maniobra es totalmente inconstitucional y los miembros del gabinete son corresponsables de esto. El Ejecutivo sí tiene un mecanismo a su disposición para disolver el Congreso. De hecho, Castillo ya lo había puesto en marcha. Se trata de la “cuestión de confianza”.
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El primer ministro del país, o presidente del Consejo de Ministros, puede solicitarle al Congreso una cuestión de confianza para que respalde una política concreta. Si el Congreso la censura o la rechaza, el gabinete del presidente tiene que presentar su renuncia. Si un presidente del Consejo de Ministros vuelve a presentar una cuestión de confianza al Congreso, y el Legislativo vuelve a rechazar el pedido, el presidente de la nación tendrá la facultad de disolver el Congreso y podrá convocar a nuevas elecciones legislativas.
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Hace solo unas semanas, el primer ministro, Aníbal Torres, solicitó la primera cuestión de confianza al Congreso para que lo respaldara en su intento de derogar la Ley Antireferéndum, la cual dice que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso. Según Torres, esto se hizo para “restablecer la participación política del pueblo”. La cuestión fue rechazada, por lo que al Congreso no le quedaban “balas”. La próxima cuestión de confianza debería ser admitida o el Congreso se vería ad portar de ser disuelto.
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Esta segunda cuestión de confianza nunca fue presentada. Es más, el Ejecutivo no podía haber presentado esta segunda cuestión, pues los efectos de la primera cuestión están suspendidos mientras el Tribunal Constitucional la estudia y se resuelve el tema de fondo. Es decir, Castillo no tenía hoy por ningún motivo la facultad de disolver el Congreso.
Quien también disolvió el Congreso fue Fujimori, pero como destaca Velezmoro, él tenía apoyo popular para atreverse a esta acción. Lo de Castillo no solo fue una decisión inmoral, sino “torpe”. Y es que, según el analista Gonzalo Banda, el Congreso no contaba con los 87 votos para que la moción prosperara.
“No veo posible que lleguen a los 87 votos necesarios, pues varios oficialistas han dicho que votarían en contra. Es probable que sea muy caótico mañana pero no haya vacancia finalmente”, dijo Banda a este periódico el martes, en la antesala de la votación.
Así que, esta arriesgada jugada para la democracia peruana, fue una apuesta de Castillo que le salió mal. El manual del dictador lo dice: una medida de estas solo se adopta si se tiene el Ejército de su lado, y con eso tampoco contaba. Había sobrevivido dos juicios y seis investigaciones penales. Nadie había podido con él. Solo Castillo pudo con él mismo. Ya lo decía él el martes: “estoy pagando los errores de mi inexperiencia”.
¿Qué sigue para Perú?
Todo apunta a que el Congreso votará a favor de destituir a Castillo. El Legislativo adelantó la votación de la vacancia, dadas las condiciones, para el mediodía. Ahora la pregunta es si Dina Boluarte, la vicepresidenta, asumiría como presidenta y completaría el mandato constitucional hasta 2026 o convocaría a elecciones generales anticipadas.
“Si llega Dina al poder, eso dura cinco o seis meses, lo mejor es que convoque a elecciones”, dice a la AFP Augusto Álvarez Rodrich, analista político y columnista del diario La República.
También existe la posibilidad de que Boluarte renuncie. En este caso, el presidente del Congreso, José Williams, asumiría la presidencia interina y deberá convocar a elecciones en un plazo máximo de 6 meses.
Lea la actualización del tema: Dina Boluarte es la nueva presidenta de Perú tras la destitución de Pedro Castillo
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