Procuraduría vigilará acuerdo entre Transmilenio y operadores del SITP para salvar el sistema

Como fruto de numerosas mesas de trabajo entre los interesados en salvar el sistema nació un borrador, de 211 páginas, en el que se plantean los temas que para ambas partes es imperante modificar. Algunos de estos son la ampliación de la vida útil de los vehículos, un segundo cronograma de chatarrización, los límites para la imposición de multas, y el recálculo de los pagos a cada operador por kilómetro recorrido o pasajero transportado, entre otros. No solo las partes deben llegar a un acuerdo, sino que los entes de control deben acompañarlo para garantizar que, como se pretende, sirva para sacar de la crisis al SITP.

La Procuraduría anunció este lunes que hará una vigilancia preventiva y de intervención administrativa o judicial al documento que firme el Distrito, a través de Transmilenio (TM), y los siete concesionarios del SITP. Según el Ministerio Público, la idea de acompañar la elaboración, firma y cumplimiento del documento es que este respete el derecho fundamental de los ciudadanos a la movilidad, el buen manejo de los recursos y la calidad del servicio público del transporte.

“Con controles sociales e institucionales al transporte público, mejorarán la calidad de vida de los usuarios del sistema y sus repercusiones incluso se verán reflejadas en el medio ambiente”, aseguró el procurador Fernando Carrillo Flórez.

Hace exactamente seis meses, el 20 de noviembre de 2018, la Procuraduría convocó la instalación de la mesa de trabajo en la que las partes discutieron la problemática del SITP y definieron los temas a discutir y la metodología que se iba a tener en cuenta.

Además de esas reuniones, también fue clave para el desarrollo del proceso la aprobación de dos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo, en los que se autoriza la modificación de los contratos y se identifican fuentes de financiación que, junto a las tarifas de los usuarios, serán suficientes para cubrir los costos operativos, administrativos y de mantenimiento de los sistemas de transporte del país.

Ahora, con las reglas claras y los temas acordados, la Procuraduría dio por cerrada la etapa de sesiones y anunció el inicio de la vigilancia preventiva a los acuerdos contenidos en el otrosí que deben firmar las partes en las próximas semanas. Sin embargo, la Procuraduría remitió a la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, un documento con 22 cuestionamientos que los firmantes del otrosí deberán ponderar. Las observaciones, según el Ministerio Público, se hicieron para garantizar la calidad del servicio, la eliminación de prácticas como la guerra del centavo y evaluar si existe un mapa de riesgo derivado de su aplicación.

“Las respuestas a las observaciones y las preguntas formuladas deben ser atendidas por TMSA si lo estima pertinente, así como tomar medidas o realizar ajustes, siempre de común acuerdo y con la debida concertación de los concesionarios. Con este documento se da por concluida las funciones de prevención e intervención en este asunto para preservar la total autonomía y la independencia en las decisiones finales que la administración distrital considere pertinente adoptar”, indica la comunicación enviada por la Procuraduría a TM.

El acompañamiento de la Procuraduría no significa que el ente de control deba revisar y avalar lo que se firmó. De hecho, los límites de la vigilancia no dan para que hagan revisión, ni siquiera control alguno de legalidad del otrosí.

“Este es un asunto que las partes han discutido y valorado con plena autonomía, sin injerencias o avales de la Procuraduría, ni es función del Ministerio Público emitir este tipo de conceptos”, aclaran. Es decir, los conceptos que emite la Procuraduría no son imperativos, sino que se emiten con el fin de llegar a un acuerdo y prever controversias judiciales a futuro.

Eso sí, será papel del ente de control analizar los efectos del documento y cada una de sus cláusulas, especialmente las que zanjan las controversias entre TM y los operadores. De igual forma, la Procuraduría deberá velar por que no se asuman posiciones dominantes por parte de TM, en cumplimiento de lo ordenado por un laudo arbitral.

El otrosí que reformaría los contratos del SITP está a punto de quedar en firme, lo que permitiría que se agilicen otros temas necesarios para no solo salvar sino mejorar y modernizar el servicio de transporte público, como la licitación para cubrir las zonas de Fontibón, Perdomo y Suba Centro, que están en manos del SITP Provisional tras la liquidación de los operadores Coobús y Egobús, así como la renovación de la flota con buses eléctricos,, la revisión completa de las rutas y las medidas antievasión.