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Justo cuando el Sintraemsdes Bogotá, el sindicato más grande de la Empresa de Acueducto (EAB), celebraba que un juez había atendido su petición de suspender la licitación para construir un parque en el embalse San Rafael, la justicia emitió otro fallo que los tiene al borde de desaparecer: el Tribunal de Cundinamarca ordenó liquidar la organización. Aunque la coincidencia llevó a sus miembros a calificar la decisión como retaliación política, detrás hay una historia que comienza con una lucha de poder en el sindicato; pasa por una demanda que promovió la EAB, que buscaba un tatequieto a ese desorden, y terminó, según sus líderes, en una supuesta extralimitación de los magistrados, al ordenar algo que no se le había pedido.
La historia se remonta a 2013, cuando un grupo del sindicato, coordinado por nuevos líderes, se reveló contra la junta directiva que presidía Nelson Castro. Según cuenta Martín Quijano (actual presidente), ese directivo firmó un acuerdo con la gerencia de la EAB al parecer para despojar a 1.200 trabajadores de los beneficios de la convención colectiva de trabajo. Esto llevó a que se presentara una especie de “golpe de estado”, que desató una guerra entre dos bandos. Como los cambios de junta directiva se deben registrar ante el Ministerio del Trabajo y reportarlos ante la gerencia de la EAB, casi semanalmente llegaban certificados en el que ambos grupos se nombraban, se destituían y se expulsaban. La presidencia rotaba entre Castro y Miguel Fernández Quiroga.
Ante la incertidumbre sobre cuál era la junta legítima, el entonces gerente de la EAB de la pasada administración) envió una circular pidiendo dirimir sus diferencias y elegir a una sola junta directiva. Pese a esto, el caos se mantuvo. Ni siquiera los oficios de la dirección nacional del propio sindicato sirvieron para frenar la lucha de poder. Aunque la empresa trató de buscar claridad a varias entidades, no fue posible. Por un lado, el Ministerio del Trabajo dijo que no tenían cómo certificar las decisiones internas de la organización. Por el otro, la Procuraduría le recordó a la EAB que no podía inmiscuirse en asuntos internos de las organizaciones y que debía esperar el pronunciamiento de un juez.
La empresa finalmente presentó una demanda en 2015. “Son más de 26 cambios de junta directiva. La simultaneidad de dos juntas ha generado incertidumbre jurídica, pues no se sabe quién ostenta la representación sindical, ni a quiénes se les debe conceder permisos de la convención colectiva de trabajo”, señaló.
Amparado en esto, le pidió a un juez identificar a los miembros de la junta directiva legítima, ordenar la cancelación de la inscripción de la junta ilegal ante el Ministerio del Trabajo, pedir al sindicato abstenerse de vulnerar las leyes para elección de órganos directivos y fijar medidas para terminar el conflicto. Aunque en septiembre de 2013 las aguas se calmaron, cuando Nelson Castro creó otro sindicato llamado Sintraserpucol y las directivas nacionales de Sintraemsdes reportaron a Martín Quijano Arias como presidente (el cual se mantiene), esto no frenó el proceso.
Decisiones
A comienzos de este año el proceso judicial llegó a su recta final. En un punto del proceso, que no es claro, la solicitud del Acueducto de cancelar la inscripción de la junta directiva ilegítima se transformó en “la cancelación de la inscripción de la seccional Bogotá”. Es decir, liquidar el sindicato. No obstante, un Juzgado Civil de Facatativá lo descartó. No solo porque el conflicto estaba resuelto, sino porque dijo que la EAB no podía pedir la liquidación.
La decisión fue apelada y el caso llegó al Tribunal de Cundinamarca, donde el análisis fue diferente. En un fallo, que firmaron tres magistrados y un conjuez (uno salvó voto y otro se declaró impedido), se ordenó disolver la seccional del sindicato. Según ellos, el Acueducto sí podía pedir la liquidación. Además, estaban demostrados los incumplimientos del sindicato, pues el registro de juntas directivas paralelas configuraban un abuso de la garantía del fuero sindical.
“Considera la sala que con ellos es suficiente para entender el abuso del derecho en que incurrió la subdirectiva Bogotá. De manera que, al encontrarse un actuar irreflexivo y desmesurado en el uso de las disposiciones legales que otorgan la autonomía sindical, es claro que dicho proceder debe ser sancionado con la disolución”.
Si bien, el fallo por ahora no está en firme, el actual presidente de la junta directiva del sindicato, Martín Quijano, insiste en que no se ajustó a derecho. Según él, aunque el fallo dice que fue el Acueducto el que promovió la disolución, esa no fue la solicitud que hizo el Acueducto y la administración lo sabe. Además, califica esta situación como algo sin precedentes, no solo por sus efectos para la seccional sino para todo el movimiento sindical, pues “se envía un mensaje de injerencia estatal y judicial frente al activismo sindical, y abre una puerta para que cualquier empresa pueda promover la disolución de otras organizaciones que atraviesan luchas de poder similares”.
Por eso anuncian que acudirán a todos los recursos que tengan a la mano para tratar de tumbar ese fallo. “Ya radicamos una tutela y denunciamos penalmente a los magistrados por prevaricato. Instauramos una acción de tutela, que respaldará la Defensoría del Pueblo”.
La EAB, por su parte, ratificó lo dicho por el Sindicato, en el sentido de que nunca apuntó a la liquidación de la organización. No obstante, en la aclaración del fallo que pidieron tanto el sindicato como la EAB (pedida por el acueducto), el Tribunal señaló que, como la finalidad de este tipo de demandas apuntaba a la disolución de la inscripción del registro sindical, “se entendió que eso era lo que buscaba la entidad demandante y no que declarara un efecto jurídico diferente”.
Según la EAB, por ahora acudirán a las autoridades administrativas para que, en el marco de sus competencias, brinden la orientación y el acompañamiento en los trámites a desarrollarse en cumplimiento de lo que resuelva la sala laboral. “Reiteramos que esta administración respeta y garantiza los derechos de la asociación sindical, así como los derechos fundamentales de los trabajadores”, informó la empresa.
Hoy el panorama en el sindicato es de zozobra, pues los caminos para reversar el fallo son complejos. Por lo pronto, ya presentaron una tutela; denunciaron penalmente a los magistrados y preparan la apelación, para que la Corte Suprema de Justicia revise el caso. Es tal la preocupación por los supuestos efectos contra el movimiento sindical, que este viernes llevarán el caso a la CIDH, para pedir medidas cautelares.
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