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El único trabajo que conozco en el que el empleado establece su propio salario es el del Congreso de la República de Colombia.
No se aduzca que los trabajadores independientes también lo hacen porque nada tiene que ver lo uno con lo otro. El trabajador independiente recibe, de su propia empresa, las utilidades que genera su negocio o el salario que él establece, sí, pero dentro de sus posibilidades. Los congresistas no son independientes, sino que se deben al país para el que trabajan. Y sin embargo, decisión tras decisión —todas muy cargadas de arbitrariedad, todas henchidas de soberbia desconsideración—, se empeñan en desconocer esta verdad elemental.
Ni siquiera voy a entrar en la cuestión de establecer si el salario es justo o tan siquiera merecido en relación con su exigencia y su responsabilidad. No sólo causa estupor que el salario de los parlamentarios sea 40 veces superior al salario mínimo —una relación que es de las más altas de América (¿del mundo?) —, sino que en la coyuntura actual (la crisis económica y social que en todos los ámbitos del país ha generado la pandemia), frente a una iniciativa que buscaba congelar los ingresos que perciben los congresistas por viáticos ($14 millones) desde que no es posible viajar porque todos los medios de transporte están cerrados o restringidos, respondieron con la misma insolencia con la que han respondido en otras situaciones que —al igual que esta— reclamaban su sensatez, su sindéresis, su responsabilidad.
Pese a no estar sesionando (es decir, trabajando) ni siquiera de manera virtual, pese a no tener que desplazarse, lo que hacía superfluo ese excedente percibido (que ellos llaman gastos de representación), la mayoría de los parlamentarios decidieron rechazar la iniciativa que buscaba congelarlo.
Resulta bastante diciente de las lógicas que llevan a los parlamentarios al Congreso el hecho de que, frente a decisiones tan burdas y tan torpes, no teman ser castigados en las urnas por quienes los eligen. Y allí reside el problema. Pareciera que lo que compete no es actuar bien ni actuar con dignidad; lo que mandan las circunstancias en este país —parece— es hacerse elegir, cueste lo que cueste. La bancada del autodenominado Centro Democrático, por ejemplo, votó que no debía privarse a los parlamentarios de esta prebenda. Claro que eso no fue óbice para que una senadora de este partido político escribiera en trino del 16 de agosto: «Referendo ya para que cada colombiano decida sobre la reforma a la justicia: justicia sin politización y sin corrupción. Reducir el Congreso y los sueldos, garantizar ingreso solidario de manera permanente». Parece pues que en este empleo —como en otros muchos del sector público de este país— no hay que ser bueno, tan sólo parecerlo.
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