Fiscalía dice que pruebas del celular de Otto Bula no se perdieron

Otto Nicolás Bula Bula / Cristian Garavito-El Espectador

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Las investigaciones por los sobornos que la multinacional brasilera Odebrecht pagó a altos funcionarios del Estado para conseguir obras siguen en la mira de las autoridades. En la Sala de Instrucción de la Corte Suprema avanzan pesquisas al respecto y, en ellas, el celular del exsenador Otto Bula Bula ha salido a relucir. Se trata de una pieza clave de evidencia pues Bula aceptó es uno de los testigos estrella sobre cómo la empresa buscó ilegalmente ser favorecida en los procesos contractuales.

En la Sala de Instrucción se analiza el contenido de los elementos electrónicos hallados a Bula y, según fuentes consultadas por este diario, no hay claridad sobre algunos de esos elementos, lo cual motivó una preocupación entre los magistrados encargados de estos procesos. El fin de semana, Noticias Uno explicó que la Corte Suprema compulsó copias para que se investigue el manejo que ha recibido la prueba, dado que, al parecer, la mayor parte no sería legible.

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Este lunes, la Fiscalía General salió al pasó a las afirmaciones que publicó el noticiero y afirmó a través de sus redes sociales que el “100% de los datos del celular del señor Otto Bula está en poder de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia desde hace dos años”. Y calificó de “falsas versiones que aseguran que se perdió el 97% de los datos”.

Adjunto al mensaje en Twitter, la Fiscalía publicó un oficio fechado el 15 de agosto de 2017, en el que el fiscal Daniel Hernández remite copia de la información contenida en el celular de Bula. La información será clave para varios procesos, ya que Bula pidió perdón al país por haber hecho lobby en favor de la multinacional. Bula está a la espera de que se resuelva un preacuerdo con la Fiscalía en el que se definirá la pena que pagará a cambio de colaboración.

(Lea: ¿Contra quién apuntaría Otto Bula?)

Bula Bula fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer, por presuntamente haber recibido 4.6 millones de dólares de la empresa Odebrecht para garantizar la entrega del contrato para la construcción de la vía Ocaña –Gamarra en el año 2013.