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En medio del choque que mantiene con el Congreso por la suerte de sus reformas sociales, que de hecho lo llevó a proponer una gran movilización social y una consulta popular, el presidente Gustavo Petro intenta no descuidar los focos de violencia armada que golpean varias regiones del país, especialmente el Catatumbo y el Cauca. Por esa razón, esta semana les dejó claras a varios de sus ministros y altos funcionarios las tareas que deberán cumplir en cada uno de esos territorios.
En el consejo de ministros televisado del pasado lunes, el jefe de Estado ratificó que los planes de inversión social y la ofensiva militar en esas regiones son una prioridad para su administración, pues de hecho les jaló las orejas a varios jefes de cartera que no llegaron al encuentro con avances concretos sobre las intervenciones en ambos frentes para el caso de El Plateado, corregimiento de Argelia, Cauca.
“La orden es entrar al Micay y tomarlo, no retrocedemos, pero si no hay una acción social que le demuestre al campesinado que el Gobierno está con ellos, los narcotraficantes ganan, por mucho fusil que metamos; y habremos perdido a Colombia, porque perdemos el Catatumbo, perderíamos el Micay, Putumayo, la frontera con el Darién y el Urabá, etc.”, le recordó Petro a su gabinete.
Para reforzar su orden, el mandatario optó por emitir una directiva presidencial que se delineó ese mismo lunes y que desde el martes empezó a llegar a los despachos de los ministros y directores de departamentos administrativos. En el documento les advirtió que deben, “con carácter urgente e inaplazable”, poner en marcha las obras, programas y proyectos dirigidos a El Plateado y a los municipios que conforman el Cañón del Micay, como Argelia, El Tambo, López de Micay, Guapi y Timbiquí.
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Petro fue más allá y nombró a un funcionario para que se asegure de que los demás cumplan los compromisos y rindan cuentas. El encargado será el jefe de la cartera política, Armando Benedetti, quien deberá hacerle seguimiento al trabajo de sus compañeros, con lo cual queda facultado para manejar un cronograma de la intervención y llamarlos a mesas de trabajo cuando lo considere pertinente.
La designación se dio justo después de la visita que hizo el ministro al Cauca y también en medio de las peleas que tiene casadas con algunos compañeros de gabinete y los reveses que ha tenido en el Congreso a la hora de conformar una coalición para sacar adelante las reformas laboral y de la salud.
Otra ficha del Ejecutivo que tendrá nuevas responsabilidades es la directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda, quien se encargará de liderar el funcionamiento de un comité creado para avanzar en el tránsito hacia la economía legal de los campesinos cocaleros. En esa instancia trabajará junto a los ministros de Justicia, Agricultura, Ambiente, Transporte, Interior, Minas y Energía, así como con los directores de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio.
Miranda es también la delegada del presidente en la implementación de un programa de pago por sustitución de cultivos ilícitos en Catatumbo, subregión en la que hay cerca de 53.000 hectáreas sembradas con hoja de coca. Según explicó la funcionaria, a los cultivadores se les pagará $1.280.000 mensuales durante un año, esto mientras logran consolidar un proyecto productivo legal. La apuesta del mandatario es que el plan funcione como un laboratorio para luego escalarlo a departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo.
Esta, como todas las medidas que se pondrán en marcha en el Catatumbo en el marco de la conmoción interior, requiere considerables inversiones. En este punto entra en juego la segunda movida de Petro, pues el martes, después de varias semanas de trabajo con el Ministerio de Hacienda, definió las entidades que manejarán los $2,7 billones que se espera entren al presupuesto del 2025 exclusivamente para atender la crisis social en la zona.
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Defensa será el sector con más recursos, pues la cartera que ahora lidera Pedro Arnulfo Sánchez tendrá $632 mil millones más para combatir al ELN y a otros grupos armados de la región, a los que además se sumarán otros $246 mil millones para la Policía. Así las cosas, Sánchez se consolida como uno de los ministros con mayores capacidades del gabinete en este contexto de crisis de orden público.
En una segunda línea están los $259 mil millones que el presidente le dio al Invías para que convierta en realidad una apuesta con la que se ha mostrado obsesionado desde que estalló la crisis: la construcción de la transversal del Catatumbo y el fortalecimiento del programa Caminos Comunitarios. En todos los consejos de ministros, el jefe de Estado le ha recordado a María Fernanda Rojas, su ministra de Transporte, que esa apuesta no solo mejora la infraestructura y economía de la región, sino que “fortalece el tejido social y la seguridad”.
Rojas, a través del Invías, deberá entregarles los recursos de la transversal del Catatumbo al Ejército y los de los Caminos Comunitarios a las juntas de acción comunal. “Al lado de este núcleo central de inversiones de la conmoción, garantizaremos en la brevedad del tiempo un incremento sustancial del derecho a la educación, la salud y la pensión en el área catatumbera. La transformación del territorio es la construcción de la paz”, dijo Petro, en uno de sus trinos, sobre la estrategia.
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Otros funcionarios empoderados para atender la crisis son Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas, y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. La primera recibirá $241 mil millones para los desplazados y otros pobladores afectados por la reciente escalada violenta, mientras que Rodríguez tendrá $163 mil millones más para cuidar la vida de líderes sociales y firmantes de paz amenazados por el ELN y las disidencias de las Farc.
La propia Presidencia tendrá $177 mil millones para programas de paz y Prosperidad Social, en cabeza de Gustavo Bolívar, contará con $52.000 millones para cumplir otra de las tareas priorizadas por el mandatario: entregarles una transferencia monetaria a miles de adultos mayores del Catatumbo, en lo que incluso calificó como una primera versión de la reforma pensional que entrará en vigencia el 1 de julio, si no se cae en la Corte Constitucional o el tribunal decide devolverla al Congreso.
Se espera que el próximo lunes, en un nuevo consejo de ministros que podría ser transmitido como los tres anteriores, el presidente Gustavo Petro le exija cuentas a su equipo sobre el trabajo en Catatumbo y el Micay, así como de las estrategias para responder a la negativa del Congreso a tramitar las reformas sociales; todo esto en medio de una tensión latente en el interior del gabinete por los dos o más cambios que siguen pendientes en el marco del cuarto remezón ministerial.
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