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El incremento salarial de los congresistas no deja de causar críticas e inconformidad en los ciudadanos: a sus ojos es una cantidad alta y exagerada. Hace pocos días se conoció el decreto que habilita el aumento del sueldo de los miembros de la corporación para 2022; fue firmado el 5 de diciembre por el presidente Gustavo Petro.
Según ese documento, el salario tendrá un ajuste del 7.26%, frente al pago actual. En este momento ese monto es de $35.316.445 millones de pesos, por lo que con el aumento quedaría en $37.880.418 millones. Es decir, el incremento es de un poco más de $2.500.000.
Lo cierto es que, con el cambio de Gobierno, muchos esperaban que esa situación fuera distinta y que este Congreso “renovado”, se bajara el salario e impidiera el aumento. No obstante, según lo conoció este diario, este decreto debía firmarlo el expresidente Iván Duque, en julio, pero no lo hizo y le tocó a Gustavo Petro.
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El ajuste salarial no depende del gobierno de turno: por disposición constitucional y legal, es de carácter obligatorio. “Se efectúa reconociendo la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero y se actualiza año a año (…) de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) y eventualmente a otros factores”, señala el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Así las cosas, el incremento salarial para empleados del sector público se hace en proporción igual a los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según la Constitución Política.
Igualmente, de acuerdo con la ley 4 de 1992, “ningún funcionario, con excepción del presidente de la República, del Cuerpo Diplomático Colombiano y del personal del Ministerio de Defensa en el exterior, tendrá una remuneración anual superior a la de los miembros del Congreso”, dice.
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En ese sentido, se convierte en un verdadero dolor de cabeza congelar el aumento en el salario de los congresistas o buscar disminuir ese incremento, pues, el resto de los funcionarios del sector público tendrían que valerse del mismo ajuste o de uno inferior, aunque no sean miembros del Legislativo.
Ahora, otro impedimento tiene que ver con los derechos adquiridos, pues, esa misma ley indica que “el Gobierno Nacional tendrá en cuenta (…) el respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales”, dice.
¿Cuáles son las vías posibles para intentar reducir el salario?
La radicación de proyectos de ley que buscan rebajar el salario de los legisladores no es cosa de este Congreso. En varias ocasiones se ha dado la pelea y nunca ha prosperado por falta de voluntad política o por una serie de impedimentos y discusiones legales que terminan hundiendo las propuestas en las cámaras o en la Corte Constitucional.
De las pocas vías factibles para hacer una reducción sería una modificación constitucional a través del Congreso, lo que evitaría vicios en el proceso. Para el profesor en derecho laboral de la Universidad Javeriana, Iván Jiménez, al aprobar una reducción, podría haber una discusión en la Corte alrededor de la “regresividad”, una prohibición que no permite tener normas que disminuyen derechos.
Una de las congresistas que ha liderado proyectos con ese objetivo, en varias legislaturas, es Paloma Valencia (Centro Democrático), quien asegura que “el problema es que cualquier congresista puede demandar y la rebaja se va a caer, porque un legislador es elegido queda con las prerrogativas y las medidas laborales establecidas”.
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No obstante, tras reuniones entre Valencia, Catherine Juvinao (Alianza Verde), Iván Cepeda y Gustavo Bolívar (Pacto Histórico), la conclusión es que esa propuesta es la más viable para materializar la reducción inmediata, tras la aprobación de la ley.
La alternativa del Centro Democrático busca una modificación al artículo 187 de la Constitución, al que se agregaría un parágrafo que establezca la reducción a través de un ‘impuesto solidario’ del 20% y, adicionalmente, que quede un tope de 23 salarios mínimos a partir del próximo periodo, es decir, desde 2026.
“Eso significa una reducción inmediata del 20% en lo que están recibiendo los congresistas y los altos salarios del Estado. No puede haber demandas y no hay como tumbarlo”, asegura Valencia.
Precisamente, respecto al aumento que se conoció el miércoles, el senador Gustavo Bolívar dijo que es “indignante, mientras la mayoría de colombianos ganan un millón o menos. Queda un proyecto vivo para reducir el salario. Solo la presión ciudadana puede hacerlo ley”, dijo.
Y es que, al proyecto vivo, que es el acto legislativo de Valencia, le hacen falta dos debates este año para poder dar otros cuatro el siguiente. Así las cosas, necesita voluntad del Gobierno para poder aprobarse, pues lo más probable es que se hunda, por no dar los debates necesarios antes del próximo 16 de diciembre, que acaba el periodo legislativo
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