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Fuera de la pandemia por el COVID-19, que nos tiene en ascuas, más de medio país está convulsionado por el auto de detención contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si bien hay que respetar las decisiones judiciales, en tal providencia se deja ver un aura de politiquería, prevención y sesgo de animadversión hacia el procesado.
Razón tiene el presidente Iván Duque en reclamar mayor sindéresis en un proceso en el que bien se ha pedido permitir que el acusado se defienda en libertad, como de verdad lo están haciendo varios procesados por delitos peores, muchos ocupando altos cargos.
Esperamos que la detención domiciliaria impuesta por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y senador Álvaro Uribe cumpla con todos los protocolos procesales y finalmente se le permita defenderse en libertad, tal cual lo proponen el presidente Duque y la mayoría de los colombianos.
Según los defensores, el presidente Uribe no ha cometido ningún delito, ni tampoco mandó sobornar a testigo alguno, como lo pretenden hacer creer quienes se prestaron para declarar en su contra y que los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomaron como cierto.
Por eso, en estos momentos de incertidumbre para el país, los colombianos, casi que al unísono, reclamamos una reforma urgente a la justicia, pero que sea votada por el constituyente primario, donde primen los verdaderos derechos de los ciudadanos y que quienes la administren sean profesionales íntegros del derecho, sin ningún antecedente de tipo profesional, moral o penal que les impida el ejercicio transparente del cargo.
Porque si por la Corte Suprema de Justicia llueve, por la Corte Constitucional no escampa. Además, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura se han convertido en verdaderas cloacas, donde muchas veces se negocian las posiciones y los expedientes al mejor postor.
Para peor desgracia, priman los acosos sexuales donde son víctimas respetables damas, estudiantes de derecho, que como requisito para poderse graduar de abogadas deben acudir a los juzgados y tribunales a conocer la parte estructural de los expedientes.
Qué vergüenza que en la Corte Constitucional existan magistrados y altos funcionarios que practican el más vil y detestable delito que atenta contra la dignidad de la mujer, especialmente de quienes, en busca de mejorar sus calidades académicas, acuden para hacer las prácticas y así poderse graduar de abogadas.
Espero que al doctor Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional, a quien conozco personalmente, no le tiemble la mano para llevar a término tan delicadas investigaciones y denunciar a los acosadores y abusadores sexuales ante la Fiscalía, para ponerlos a buen recaudo de la justicia y llevarlos a la cárcel como se merecen.
Definitivamente la justicia en nuestro país se encuentra al garete. Si hacemos un recorrido por los tribunales regionales y juzgados municipales, muy seguramente que nos llevaremos tremendas sorpresas.
¿Cuántos actos de corrupción se estarán cometiendo a espaldas de las altas cortes, que en los actuales momentos no se atreven a protestar porque tienen el rabo de paja?
A merced de todo este despelote de la justicia es que se están cometiendo enormes arbitrariedades contra los ciudadanos de a pie, pues al no existir autoridad moral las causas jurídicas se negocian al mejor postor.
Por eso, insistimos, se requiere de una reforma a la justicia de alto nivel, pero que sea aprobada por el constituyente primario, pues si sale del Congreso saldrá bailando a la pata sola, con sartal de micos y orangutanes a sus espaldas, para alimentar el ego de cientos de magistrados, jueces, auxiliares y abogados corruptos.
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